GUATEMALA – La campaña concertada por las elites políticas y económicas de Guatemala para debilitar los importantes logros alcanzados en el combate de la corrupción y la impunidad en las últimas décadas llega a un nuevo capítulo.
Varias mujeres dentro del sistema de justicia han jugado un papel esencial en esta lucha, desafiando no solo los intereses de las elites, sino también las normas de género en una sociedad patriarcal. Desafortunadamente, estas mujeres han sufrido las consecuencias y enfrentado fuerte acoso y persecución, con grandes impactos personales.
La exmagistrada Gloria Porras, una abogada ampliamente conocida por su compromiso con la lucha contra impunidad y corrupción, es la más reciente víctima en este proceso. Porras fue magistrada de la Corte Constitucional durante los últimos diez años, y el último año fue presidenta de la Corte. El 13 abril de 2021, el Congreso impidió su juramentación para un nuevo período de cinco años como magistrada, con base en un argumento falso de errores en el procedimiento para su nominación.
Este rechazo no vino de la nada. Porras ya había enfrentado numerosos obstáculos para su trabajo, que amenazaban el principio de independencia judicial que es fundamental para el Estado de Derecho en una sociedad democrática.
Guatemala sigue siendo un país fuertemente polarizado con una larga historia de violaciones a los derechos humanos, incluyendo un conflicto armado interno de 36 años en el cual se cometieron actos de genocidio. Esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos frecuentemente producen estigmatización y acusaciones de activismo político de izquierda por sectores de la derecha.
Porras ha sufrido diferentes formas de persecución judicial, discursos de odio, y campañas de estigmatización en los medios sociales. Únicamente en los últimos dos años, recibió más de 60 denuncias en su contra por grupos de extrema derecha que no están de acuerdo con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad con relación a la lucha anticorrupción y el respeto a los derechos humanos.
Más de 20 acusaciones contra ella aún están pendientes de resolverse, y dos ya han llegado al Congreso, que decidirá sobre si se remueva la inmunidad de Porras o no – en el caso que fuera reinstalada como magistrada, ya que sin haber sido reinaugurada, enfrenta procesos legales.
Uno de estos casos se trata de la defensa que hizo Porras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un mecanismo internacional, apoyado por las Naciones Unidas, que investigaba redes de corrupción e impunidad en Guatemala. Operando entre 2006 y 2019, la CICIG es considerada un ejemplo de una exitosa colaboración internacional para investigar y procesar grupos de seguridad ilegales y organizaciones clandestinas, incluyendo redes de políticos corruptos.
Este éxito puso nerviosos a muchos miembros de las élites de poder en Guatemala, incluyendo al anterior Presidente Jimmy Morales, quien dejó el cargo en enero de 2020 y es investigado por corrupción gracias a un proceso iniciado por la CICIG. La decisión de Morales de terminar el mandato de la CICIG en 2019, y negar el retorno al país de su jefe, Iván Velásquez, fue muy polémico y generó indignación público e internacional.
La negativa de juramentar a Porras no puede ser vista aislada de los anteriores intentos de destruir los importantes avances en el combate de la corrupción e impunidad. La decisión de no juramentarla removió la inmunidad de Porras y para evitar detención, actualmente se encuentra en Washington DC.
Mujeres combatiendo impunidad
Desafortunadamente, Porras no es la primera mujer en el campo de la justicia que enfrenta este tipo de acoso, o sale al exilio por sus esfuerzos para combatir la impunidad y proteger el Estado de Derecho.
En 2014, la anterior fiscal general Claudia Paz y Paz no vio otra opción que salir del país después del fin de su período, que implicó el fin de su inmunidad de persecuciones maliciosas y otras formas de acoso. Actualmente vive en Costa Rica. Paz y Paz y recibido reconocimientos internacionales por su éxito en limpiar la Fiscalía General, una institución que hasta ese momento había sido notoria por su ineficiencia y corrupción.
Bajo su dirección, se lograron avances importantes en casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, culminando en la condena del exdictador Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población Ixil durante el conflicto armado.
El caso del genocidio Ixil fue presidido por la jueza Yassmin Barrios, quien es otro ejemplo de las valientes mujeres que encabezan la lucha contra la impunidad en Guatemala. Como muchos otros fiscales y jueces independientes, Barrios regularmente enfrenta amenazas e intimidación. Solamente diez días después de su dictamen, la sentencia en el caso de genocidio fue anulada por la Corte Constitucional por supuestos errores de procedimiento. Porras votó en contra de la decisión.
Thelma Aldana, la sucesora de Claudia Paz y Paz en la Fiscalía General, exitosamente continuó los esfuerzos iniciados para investigar y procesar crímenes atroces y la corrupción. Fue responsable de la investigación en contra del expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidente y varios miembros de su gobierno por un caso de fraude en las aduanas.
También inició investigaciones contra el expresidente Morales y algunos de sus familiares y socios, y llevó a juicio el importante caso de Sepur Zarco. Ese fue el primer caso en el cual una corte nacional reconoció y condenó la violencia sexual, incluyendo la esclavitud sexual y doméstica contra las mujeres, como crimen de lesa humanidad.
Después de su período Aldana, quien recibió fuerte apoyo público, decidió lanzarse como Presidente. Sin embargo, no debería sorprender que sus acciones habían generado resistencias entre las élites políticas y económicas en Guatemala, lo que produjo acusaciones falsas en su contra por corrupción y malversación de fondos.
A raíz de estas acusaciones – usadas frecuentemente como armas legales por la élite – se negó la candidatura de Aldana para la presidencia. Ella también se vio obligada a salir a Estados Unidos, donde recibió asilo en febrero de 2020.
Defendiendo el Estado de derecho
El hecho que los jueces y fiscales puedan trabajar independientemente es crucial para mantener la democracia y para promover, proteger y respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho. Las expectativas ahora se dirigen hacia otra operadora de justicia: la actual fiscal general Consuelo Porras.
Lastimosamente, comparada con sus predecesoras, su independencia y trayectoria en el combate de crimen y corrupción no son tan positivas. El 17 de abril de 2021, cambió al fiscal que dirigió el caso para remover la inmunidad del expresidente Morales. Sin embargo, la Fiscalía General continúa investigando a Morales por abuso de autoridad al declarar al comisionado de la CICIG Iván Velásquez como persona non grata y previniéndole de volver al país en 2018.
Sin embargo, se espera que la fiscal general Porras puede jugar un papel positivo para proteger el Estado de Derecho y la independencia judicial en Guatemala, al intervenir en el caso de la magistrada Gloria Porras (sin parentesco entre ellas).
Existe un papel igualmente importante para la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, a través de su relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, ya han expresado su “profunda preocupación” por los riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris mostró su apoyo al reunirse con varios operadores de justicia guatemaltecos que fueron exiliados, incluidas Aldana, Paz y Porras.
Declaraciones y acciones similares son necesarias de la Unión Europea, que históricamente ha apoyado la lucha contra la impunidad en Guatemala.
El apoyo internacional para la independencia judicial se hace aún más importante con la reciente aprobación de una ley que intensifica el control del gobierno sobre las ONGs y le permite cancelarlas. La implementación de esta ley depende de la decisión de la Corte Constitucional.
La pandemia global de covid-19 actualmente previene la repetición de las masivas protestas púbicas que llevaron a la renuncia del Presidente corrupto Pérez Molina en 2015. Por ello, la solidaridad y el apoyo internacional pueden ser cruciales para defender los avances hechos por mujeres valientes como Gloria Porras, Claudia Paz y Paz, Yassmin Barrios y Thelma Aldana, y para prevenir que la frágil democracia guatemalteca se degenera hacia un Estado autoritario.
Gloria Porras ha expresado su compromiso para volver a Guatemala lo más pronto posible: “Seguiré juzgando sin miedo a represalias”. Ella y sus colegas merecen nuestro respaldo.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
