Cuando la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (Cespao), con sede en Beirut, publicó en 2017 un informe histórico sobre el «apartheid» en Israel, las Naciones Unidas se desvincularon del estudio y lo dejaron morir, sin ceremonias, cantos o duelos.
Según un informe de marzo de 2017 en Foreign Policy Journal, los gobiernos del israelí Benjamín Netanyahu como del estadounidense Donald Trump “ejercieron enormes presiones sobre el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, para que retirase el informe”.
Pero la directora de la Cespao, Rima Khalaf, se negó a retirarlo y dimitió de su cargo en la ONU en señal de protesta. Más tarde, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que concedería a Khalaf la Medalla Palestina de Máximo Honor por su «valor y apoyo» al pueblo palestino.
Y ahora, más de cuatro años después, las políticas de apartheid de Israel han vuelto a la carga en las Naciones Unidas con la publicación, el 27 de abril, de un informe detallado que dice que las políticas de apartheid abusivas de Israel hacia los palestinos constituyen «crímenes contra la humanidad».
El documento de 213 páginas fue elaborado por Human Rights Watch (HRW), una reconocida organización internacional de derechos humanos, y tiene como título «Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución«.
El informe de la organización con su sede principal en Nueva York destaca «la política general del gobierno israelí para mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos y los graves abusos cometidos contra los palestinos que viven en el territorio ocupado, incluido Jerusalén Este».
“Acuñado originalmente en relación con Sudáfrica, el apartheid (segregación racial) es hoy un término jurídico universal”, dice HRW, antes de subrayar que “la prohibición de formas especialmente graves de discriminación y opresión institucional, o apartheid, constituye un principio fundamental del derecho internacional”.[pullquote]3[/pullquote]
De hecho, dentro de ese derecho internacional está considerado como un crimen de lesa humanidad.
Pero es dudoso que el nuevo informe tenga alguna repercusión en la ONU.
A Farhan Haq, portavoz del foro mundial, se le inquirió el mismo martes 27 de abril, si al hilo del informe de HRW, la ONU no debería rescatar y revisar su propio reporte sobre Israel y el apartheid de 2017.
“Bueno, de nuevo, sin caracterizarlo de una manera u otra, hemos estado sacando a la luz los diversos hechos sobre la situación en el terreno, incluidos en el informe…los hechos de informe se dieron a conocer y vamos a seguir haciéndolo”, afirmó.
“En última instancia”, consideró, “es importante tener una base sólida de información sobre lo que está sucediendo, y eso es lo que tratamos de proporcionar”.
Richard Falk, profesor emérito de derecho internacional en la estadounidense Universidad de Princeton, que fue coautor del informe de la ONU de 2017, dijo a IPS que la narrativa del discurso del apartheid en Israel no ha sido solo la del documento de la ONU, como demuestra este último de HRW y otros anteriores.
Recordó que aun sin usar el término, la Ley Básica israelí de 2018 proclamó a Israel como un Estado de apartheid.
A su juicio, “la única gran cuestión en la que el discurso crítico sigue estando por detrás de lo que defendimos en 2017 es la insistencia en que el apartheid israelí se conceptualiza mejor por referencia al pueblo palestino que a la tierra”.
“Creemos que este es un elemento esencial porque el apartheid israelí, a diferencia del apartheid sudafricano, creó una diáspora palestina victimizada por medio de la limpieza étnica, y sigue blandiendo el eslogan ‘menos árabes, más tierra’”, dijo Falk, quien durante seis años fue relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
Kenneth Roth, director ejecutivo de HR, dijo que «voces prominentes han advertido durante años que el apartheid acecha a la vuelta de la esquina si las prácticas de dominio de Israel sobre los palestinos no cambian”.
“Esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución”, añadió.
Ramzy Baroud, periodista y editor de The Palestine Chronicle, dijo a IPS que el informe de HRW tiene un valor histórico, pero resulta tardío. “Como señaló el igualmente demoledor informe de la ONU en marzo de 2017, Israel ya es un Estado de apartheid”, afirmó.
“De hecho, podemos ir más allá y afirmar que un país que se basa esencialmente en la supremacía racial de un grupo y la discriminación racial de otro es, por definición académica al menos, un Estado de apartheid», argumentó.
Para Baroud, lo importante del informe de HRW es que proporciona más que un argumento intelectual sobre el estatus de apartheid de Israel, al aportar un basamento legal.
“Esto es crucial, porque los palestinos y los partidarios de su lucha en todas partes pueden ahora presionar para acusar legalmente a Israel por su actual crimen de apartheid, que debe añadirse a la inminente investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en la Palestina ocupada”, destacó.
Los argumentos jurídicos del informe de la ONU de 2017 siguen siendo válidos, aunque haya sido retirado por la presión de Washington, sobre todo.
Desde entonces, se han sumado dos voces igualmente importantes para reforzar el argumento del apartheid israelí, un reporte decisivo y exhaustivo del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, conocido por su abreviatura B’tselem, difundido en enero, y el recién publicado de HRW.
A juzgar por la evolución del lenguaje que considera el racismo sistemático y el apartheid de Israel en Palestina, Baroud consideró que es cuestión de tiempo que la etiqueta de apartheid se convierta en sinónimo de Israel, como en su día lo fue de Sudáfrica, antes de que se desmantelara ese sistema allí.
“A pesar de sus incesantes esfuerzos por ganar la guerra de la legitimidad y lanzar campañas de desprestigio contra cualquiera que se atreva a criticarlo, Israel está perdiendo, no solo la guerra moral, sino también la batalla legal”, aseguró.
Esta es una buena noticia para cualquiera que apoye la justicia en Palestina, analizó Baroud, investigador principal no residente del Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zaim de Estambul, y del Centro Afro-Medio Oriente (AMEC), con sede en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.
En su informe, Human Rights Watch considero que resulta constatable que los elementos de los crímenes confluyen en el territorio ocupado, como parte de una única política del gobierno israelí.
“Estas políticas, que conceden a los israelíes judíos los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan contra los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, reflejan una política que busca privilegiar a un pueblo sobre otro”, argumentó Roth al presentar el informe.
El objetivo es “mantener el dominio de los judíos israelíes sobre los palestinos en todo Israel y en los territorios ocupados. En los territorios ocupados se combina con la opresión sistemática y los actos inhumanos contra los palestinos que viven allí”, añadió.
Basándose en años de documentación sobre derechos humanos, estudios de casos específicos y una revisión de los documentos de planificación del gobierno, declaraciones de funcionarios y otras fuentes, HRW comparó las políticas y prácticas hacia los palestinos en los territorios ocupados e Israel con las relativas a los israelíes judíos que viven en las mismas zonas.
También escribió al gobierno israelí en julio de 2020, solicitando sus perspectivas sobre estas cuestiones, pero no recibió respuesta.
“En todo Israel y en los territorios ocupados, las autoridades israelíes han tratado de maximizar la tierra disponible para las comunidades judías y de concentrar a la mayoría de los palestinos en densos centros de población”, dijo HRW en su informe.
Las autoridades, detalla, han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito abiertamente como una «amenaza demográfica» de los palestinos.
En Jerusalén, por ejemplo, el plan del gobierno para el municipio, que incluye tanto la parte occidental como la oriental ocupada de la ciudad, establece el objetivo de «mantener una sólida mayoría judía en la ciudad» e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener.
Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos. La discriminación institucional a la que se enfrentan los ciudadanos palestinos de Israel incluye leyes que permiten a cientos de pequeñas ciudades judías excluir de hecho a los palestinos y presupuestos que asignan sólo una fracción de los recursos a las escuelas palestinas en comparación con las que atienden a los niños judíos israelíes.
En los territorios ocupados, la severidad de la represión, que incluye la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos, mientras que permite a los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozar de todos sus derechos en virtud de la legislación civil de Israel, que respeta los derechos, equivale a la opresión sistemática necesaria para el apartheid.
Gilad Erdan, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, calificó el informe de rayano en el antisemitismo. “Cuando los autores del informe utilizan cínica y falsamente el término apartheid, anulan el estatus legal y social de millones de ciudadanos israelíes, incluidos los ciudadanos árabes, que son parte integrante del Estado de Israel», dijo.
T: MF / ED: EG
