El oportunismo económico ante la pandemia covid-19 impulsa la deforestación en los países con los mayores bosques tropicales del mundo, Brasil, Colombia, Indonesia, Perú y la República Democrática del Congo, denunció este jueves 18 la organización ambientalista británica Forest Peoples Programme (FPP).
James Whitehead, director del FPP, sostuvo al presentar un informe desde esta población del suroeste de Inglaterra que “no se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”.
Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas e industriales, los megaproyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre las causas del aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos de pueblos indígenas y comunidades locales, según el informe.
En Brasil “la retórica incendiaria del presidente Jair Bolsonaro y su gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas”, expuso el FPP.[pullquote]3[/pullquote]
Según el informe, “tan solo entre marzo y mayo de 2020 el gobierno aprobó 195 actos ejecutivos destinados a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas”.
Reseñó que el pasado enero, líderes de las tribus kayapó (en el centro de Brasil) y Paiter Surui (oeste), pidieron a la Corte Penal Internacional investigar la campaña para revertir los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia.
En Colombia, “la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia por covid-19, y la deforestación en la Amazonia ha aumentado en más de 80 por ciento”.
El FPP sostiene que durante la pandemia el Estado colombiano ha impulsado medidas que debilitan la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que legalmente se debe a las comunidades indígenas y afrodescendientes para el uso de sus territorios y el combate a los cultivos ilícitos.
En Perú, sostuvo el informe, durante la pandemia el gobierno ayudó con rapidez a los sectores económicos, extractores de carbón, oro y petróleo, frente a los conflictos sociales relacionados con temas socioambientales y mineros, 134 desde 2019 según la Defensoría del Pueblo.
En mayo de 2020, el gobierno peruano declaró que la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serían aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.
El FPP sostiene que en la República Democrática del Congo, la extracción en gran medida no regulada (saqueo) de los recursos minerales ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.
La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo utilizado por el gobierno para el control de la población, y como excusa para políticas que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas.
En Indonesia, las plantaciones masivas de palma aceitera, a expensas de la cubierta boscosa, “contribuyen a un porcentaje muy pequeño del producto bruto, al tiempo que generan deforestación y abusos a gran escala de derechos humanos”
En ese país, la ley ómnibus cobre creación de empleo, aprobada en octubre de 2020 a pesar de la oposición de grupos indígenas, debilita las leyes de protección ambiental y las que regulan las evaluaciones de impacto y uso de la tierra.
“De hecho, los cinco países de este estudio utilizan la misma estrategia; la pandemia covid-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”, mientras avanza la deforestación.
El informe del FPP, “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la covid-19”, pidió a los Estados regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación.
Asimismo, pidió a los inversores y organismos financieros internacionales aplicar salvaguardas rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de la covid.
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