Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron este lunes 8, a los gobiernos de 57 países, la repatriación de sus nacionales recluidos en campamentos en Siria, en los que la situación humanitaria y de seguridad es “terrible”.
Miles de personas recluidas “están expuestas a violencia, explotación, abuso y privación en condiciones y tratos que bien pueden equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes según el derecho internacional, sin un recurso efectivo a su disposición”, indicó el documento de 20 expertos.
“Un número desconocido ya ha muerto debido a sus condiciones de detención”, indicó el texto, y medios de prensa han reseñado 14 asesinatos en lo que va de 2021, de los cuales 10 iraquíes y cuatro sirios, y algunos fueron decapitados.
Los expertos expresaron su preocupación particular por el deterioro de la situación en los campamentos Al-Hol y Roj, en el noreste de Siria, donde hay más de 64 000 personas, 80 por ciento de las cuales son mujeres y niños y varios miles son extranjeros de hasta 57 nacionalidades diferentes.
Los campamentos surgieron en 2019 una vez que, en medio de la compleja guerra civil en Siria, la milicia Estado Islámico perdió sus últimos bastiones en ese país y decenas de miles de sus familiares y otros seguidores y sospechosos, de muchas nacionalidades, fueron recluidos bajo control de fuerzas rivales.
En el caso de Al-Hol y Roj, el control lo han ejercido las Fuerzas Democráticas Sirias y las Unidades de Protección del Pueblo, fuerzas combatientes de la etnia kurda.
Los expertos dijeron que “las terribles condiciones humanitarias de los campamentos resaltan la necesidad de una acción colectiva, sostenida e inmediata, para evitar daños irreparables a las personas en situación vulnerable allí detenidas”.
“La detención continuada, por motivos poco claros, de mujeres y niños en los campamentos, es motivo de grave preocupación y socava el progreso de la rendición de cuentas, la verdad y la justicia”, señalaron.
Enviaron cartas oficiales a 57 gobiernos que se cree que tienen ciudadanos en los campos, pidiéndoles que se aboquen a un proceso de repatriación.
La mayoría de esos países son de Oriente Medio y otras regiones de Asia, de África, Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos, y en la región latinoamericana y caribeña solo se dirigieron a Trinidad y Tobago.
“Los Estados tienen la responsabilidad de actuar con diligencia y adoptar medidas positivas y efectivas para proteger a las personas en situaciones vulnerables, en particular mujeres y niños, que se encuentran fuera de su territorio y corren el riesgo de sufrir graves violaciones o abusos”, indicaron los expertos.
Agregaron que los Estados deben abstenerse de cualquier acción que exponga a las personas a más violaciones de derechos humanos a su regreso a su país de nacionalidad, y que deben apoyar su reintegración con el apoyo social, psicológico y educativo adecuado.
Hasta ahora, a pesar de esos llamamientos, muchos Estados se han negado o se han mostrado reacios a repatriar a ciudadanos retenidos en los campamentos sirios, invocando los desafíos a su seguridad si se los repatriase.
Ello porque muchos habrían viajado a Siria para unirse al Estado Islámico o se trata de familiares o seguidores que podrían ser militantes encubiertos de la milicia islamista, sindicada como organización terrorista por gran cantidad de países.
Los expertos que abogan por la repatriación son relatores en las instancias de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre ellos figuran relatores especiales sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, sobre detención arbitraria, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y del grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.
También sobre el derecho a la privacidad, sobre cuestiones de las minorías, el derecho a la alimentación y el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán
A-E/HM
