Cada vez más personas, incluidas niñas, niños y miembros de las comunidades indígenas, recurren a los tribunales para obligar a los gobiernos y las empresas a respetar y acelerar la aplicación de los compromisos sobre cambio climático.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), el número de casos de litigios a causa del cambio climático ha aumentado en los últimos cuatro años y ahora asciende a 1550 en 38 países (39 si se incluyen los tribunales de la Unión Europea).
Hasta el 1 de julio de 2020, cerca de 1200 de estos casos se habían presentado en Estados Unidos y 350 en el resto de los países.
Es casi el doble del número de asuntos identificados en el primer informe del Pnuma sobre la materia, que data de 2017, cuando se encontraron 884 casos en 24 países.[pullquote]3[/pullquote]
Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma, dijo que “esta marea de casos climáticos está impulsando un cambio muy necesario”.
El informe “muestra cómo los litigios en materia climática están obligando a los gobiernos y corporaciones a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático”, añadió Andersen.
Por ejemplo, en Colombia, 25 niños, niñas y jóvenes, con la oenegé Dejusticia, demandaron al gobierno y lograron una sentencia de la Corte Suprema que obliga al Estado a desarrollar un plan para detener la deforestación de la Amazonia.
En ese caso de 2018, conocido como de las Generaciones Futuras, el tribunal reconoció los derechos constitucionales de los demandantes a la vida, la salud, la subsistencia, la libertad y la dignidad humana, los cuales, según dijo, estaban vinculados al estado del bosque amazónico.
Otros países del Sur global, como Brasil, Indonesia, Pakistán y Sudáfrica, cada vez ven más litigios relacionados con el cambio climático.
Tribunales de Brasil procesan al menos tres demandas que impugnan decisiones para anular las regulaciones sobre la extracción de madera, y piden la reactivación de fondos previamente destinados a iniciativas que combaten la deforestación de la Amazonia y el cambio climático.
En Pakistán, en el caso Sheikh Asim Farooq, ciudadanos demandaron a varias agencias administrativas por no proteger los bosques nacionales en virtud de leyes diseñadas precisamente para conservarlos y restaurarlos.
El tribunal estuvo de acuerdo y ordenó, entre otras cosas, que “las leyes aplicables se implementaran en letra y espíritu para plantar, proteger y preservar el bosque”.
La mayoría de las acciones legales se han iniciado contra los gobiernos, incluidas las autoridades nacionales y locales. Sin embargo, también ha habido casos dirigidos a empresas por no incorporar el cambio climático en su toma de decisiones y por no revelar a sus accionistas los riesgos relacionados con el clima.
En Kenia, el grupo Save Lamu se querelló contra la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental y la empresa Amu Power Co.Ltd., y el Tribunal Ambiental Nacional invalidó una licencia otorgada a la compañía para la construcción de la central eléctrica a carbón en esa ciudad costanera del océano Índico.
La oenegé Urgenda, en Holanda, junto a 900 ciudadanos, litigó por años hasta que el Tribunal Supremo de ese país dictaminó que el gobierno debía tomar medidas para reducir las emisiones de carbono y limitar el calentamiento global.
Se basó para ello en que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, integrado en la legislación nacional holandesa, exigía al Estado proteger la vida de sus ciudadanos.
En enero de 2020, cinco tribus estadounidenses en los estados de Alaska y Luisiana presentaron una queja a 10 relatores de la ONU alegando que el gobierno de ese país y los gobiernos estadales violan derechos fundamentales de pueblos indígenas.
Argumentan que están siendo desplazadas por la fuerza de sus tierras ancestrales como resultado del cambio climático, y que el gobierno no ha logrado involucrar, consultar, reconocer y promover la autodeterminación de las tribus a medida que desarrollan estrategias de adaptación.
Se violarían así derechos de esos pueblos a la vida, salud, vivienda, agua, saneamiento, ambiente sano y alimentación.
Hasta la fecha, ningún tribunal ha obligado a un acusado a pagar daños y perjuicios por contribuir al cambio climático. Sin embargo, el informe advierte que las empresas estatales y del sector privado se arriesgan a incurrir en una responsabilidad significativa por ignorar los efectos del calentamiento global en sus operaciones.
Expertos que trabajaron para la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático recomendaron, el pasado enero, acudir a los tribunales para defender los derechos humanos como “una acción climática esencial” en favor de la generaciones futuras y de preservar los elementos de la naturaleza.
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