En Libia se premia a violadores de DDHH, denuncia Amnistía

Niños juegan sobre un tanque destruido en medio de la guerra civil que duró años en Libia y produjo numerosas violaciones a los derechos humanos por milicias cuyos jefes ahora se integran a estructuras de gobierno. Foto: Maximilian Dyck/Unimas
Niños juegan sobre un tanque destruido en medio de la guerra civil que duró años en Libia y produjo numerosas violaciones a los derechos humanos por milicias cuyos jefes ahora se integran a estructuras de gobierno. Foto: Maximilian Dyck/Unimas

Una década después del levantamiento popular que derrocó en Libia al gobernante Muammar Gadafi, la justicia es evasiva y se recompensa con posiciones de poder a milicias violadoras de derechos humanos, denunció este miércoles 17 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

En Libia “durante una década se han sacrificado la rendición de cuentas y la justicia, en aras de la paz y la estabilidad. No se ha logado ninguna de las dos”, afirmó la directora adjunta de AI para Oriente Medio y Norte de África, Diana Eltahawy.

En cambio “los responsables de violaciones de derechos gozan de impunidad e incluso se han integrado en instituciones del Estado y son tratados con deferencia”, criticó la responsable.

Desde 2014, Libia está fragmentada entre dos entidades rivales que compiten por la legitimidad, el gobierno y el control territorial, ambas provistas de ejércitos y apoyadas por milicias que han combatido arduamente, con resultados nefastos para la estabilidad y la economía del país.[pullquote]3[/pullquote]

En el occidente y Trípoli, la capital, gobierna el Consejo Presidencial, mientras que el oriente y parte del centro del país está en manos de las fuerzas que comanda el general Jalifa Haftar y se expresa a través del parlamento con sede en Tobruk (este).

Conversaciones auspiciadas por la ONU desembocaron en el anuncio de un nuevo gobierno de unidad el 6 de febrero, que tiene la tarea de convocar elecciones nacionales este año, recordó AI en su declaración que evoca la rebelión civil iniciada el 17 de febrero de 2011.

Pero ambos grupos de autoridades “promueven y legitiman a líderes de milicias que son responsables de atroces abusos, en lugar de garantizar la rendición de cuentas y la reparación por las violaciones de derechos cometidas tanto durante el régimen de Gadafi como después de su caída”, expuso AI en su declaración.

Los sucesivos gobiernos libios han prometido defender el estado de derecho y respetar los derechos humanos, pero uno tras otro han sido incapaces de poner freno a los perpetradores de violaciones, según la organización.

“A menos que los responsables de las violaciones comparezcan ante la justicia en lugar de ser recompensados con puestos de poder, no cesarán la violencia, el caos y los abusos sistemáticos contra los derechos humanos y el sufrimiento sin fin de la población civil que caracterizan la Libia posGadafi”, afirmó Eltahawy.

En enero, el gobierno de Trípoli nombró a Abdel Ghani al Kikli, conocido como Gheniwa y líder de la milicia Fuerzas de Seguridad Central de Abu Salim, director de una nueva entidad denominada Autoridad de Apoyo a la Estabilidad, que responde directamente a la presidencia.

Gheniwa y su agencia tendrán poderes amplios e imprecisos, que incluyen responsabilidades de aplicación de la ley, como la detención de personas en casos de “seguridad nacional”. AI ha documentado crímenes de guerra y otras violaciones graves cometidos por fuerzas bajo su mando en los últimos 10 años.

En septiembre de 2020, Trípoli integró al Ministerio del Interior a la milicia Rada, al mando de Abdel Raul Kara, y la cual según AI ha participado en secuestros, desapariciones forzadas, torturas, homicidios, trabajo forzoso, ataques contra el derecho a la libertad de expresión, a mujeres y a la comunidad LGBTI.

De su lado, las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), que controlan la mayor parte del este y centro de Libia, no sólo no han detenido a Mahmud al Werfalli, líder de una milicia buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato de 33 personas, sino que lo ha ascendido a teniente de la Brigada Saiqa.

Varias personas más contra las cuales la CPI ha dictado orden de arresto como presuntos autores de crímenes de lesa humanidad o sometidas a sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por su papel en la trata de personas, siguen en libertad o incluso han combatido junto con las LAAF o el gobierno de Trípoli.

“Pedimos a las partes en el conflicto de Libia y al gobierno de unidad entrante que garanticen que no se nombre a presuntos autores de crímenes de derecho internacional para ocupar puestos en los que pueden seguir cometiendo abusos y perpetuar la impunidad”, expresó Eltahawy.

Para AI “la rendición de cuentas debe ser un elemento central del proceso político en Libia. Las partes en el conflicto deben eliminar de sus filas a todas las personas sospechosas de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos”, concluyó.

A-E/HM

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