El Congreso de Estados Unidos ha publicado un extenso informe sobre la política de drogas en el continente americano, en el cual establece una larga lista de recomendaciones para detener el narcotráfico y abordar los problemas de salud pública creados por el consumo de drogas. El informe adelanta cómo podría ser la lucha contra el crimen organizado durante la administración del presidente electo Joe Biden.
Publicado por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de la cámara baja del Congreso en Washington, el informe aboga por cambios profundos y sistemáticos en la forma en que Estados Unidos combate el narcotráfico. Propone, además, una mayor coordinación internacional, un enfoque más holístico en la formulación de las políticas y una revisión a las anticuadas penalidades que se imponen a los países que no logran alcanzar los objetivos anuales.
“Es posible que nunca pongamos fin al tráfico ilegal de drogas, así como no podemos eliminar el consumo de sustancias”, se lee en el documento. “Pero podemos manejar mejor estos graves problemas mediante una estrategia integral”.
El informe recomienda que Estados Unidos establezca “acuerdos de asistencia extranjera” multianuales desarrollados por los embajadores con los líderes políticos y de seguridad en los países. Señala que dichos acuerdos permitirían un mayor intercambio de información, así como mayor transparencia entre los países y soluciones de mayor costo-beneficio para asuntos como el crimen organizado, la reforma de la justicia criminal y los derechos humanos.
Los planes también podrían incluir la sincronización de los esfuerzos para prevenir las transacciones digitales ilícitas, que, como dice el informe, están siendo cada vez más utilizadas por los grupos de crimen organizado para lavar las ganancias de las drogas.
“Lo que un país como Colombia necesita es muy diferente a lo que uno como México, El Salvador u Honduras podría necesitar”, dijo Shannon O’Neil, presidenta de la Comisión, al referirse a la propuesta durante un encuentro sobre el informe realizado el 3 de diciembre.
“En ese sentido, permite ahorrar dinero y evita poner en marcha políticas que son poco eficaces para un contexto en particular”, agregó.
El informe rechaza los enfoques tradicionales para la formulación de políticas antidrogas, que hasta el momento han demostrado ser limitantes, y propone no sucumbir a disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, que, recalca el informe, pueden obstaculizar estrategias más eficaces, holísticas y multifacéticas. El informe hizo uso extensivo de las investigaciones y análisis propios de InSight Crime.
Lo que deben hacer los diseñadores de políticas, continúa el informe, es tomar los mejores aspectos de ambos lados del debate: seguir invirtiendo en estrategias tradicionales, como el financiamiento a la formación de los policías y la destrucción de laboratorios de drogas, pero complementarlos con planes para mejorar la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo económico alternativo.
Todo esto requeriría la unión de la comunidad internacional e involucrar al sector privado con el fin de discutir formas creativas para generar cambios a largo plazo, puntualiza el informe. Por ejemplo, menciona la titulación de tierras en zonas rurales de Colombia donde el cultivo de coca está creciendo. Al otorgar títulos de tierras, los agricultores pueden acceder al crédito y a los servicios gubernamentales, y de esta manera atraer inversiones que les permitan alejarse de los cultivos ilícitos.
El informe también insta a que los funcionarios revisen lo que se conoce como el proceso de certificación y clasificación, mediante el cual la Casa Blanca publica una lista anual de países productores y de tránsito que han “evidentemente fracasado” en la lucha por detener los delitos relacionados con las drogas. Los países que aparecen en la lista pueden recibir sanciones como castigo, aunque esto es poco común.
Este proceso equivale a una lista de “buenos y malos”, como se lee en el documento, con una teatralización que aliena innecesariamente a los socios latinoamericanos y no logra evitar la corrupción. El proceso también ha sido señalado de tener motivaciones políticas, como dice el informe, dado que a veces algunos aliados estadounidenses quedan por fuera de la lista sin las debidas explicaciones.
El informe contiene recomendaciones acertadas que se habían quedado en el tintero durante mucho tiempo, y que, si se aplican correctamente, podrían mejorar los problemas de narcotráfico y consumo de drogas que actualmente son endémicos en América Latina.
En primer lugar, el informe deconstruye viejos debates entre disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, dos estrategias que solo tienen sentido si se aplican juntas.
En Colombia, por ejemplo, la fumigación aérea de cultivos ilícitos de coca es costosa y aliena a las comunidades rurales. Sin embargo, los esfuerzos de erradicación de la coca pueden cumplir un papel como parte de una estrategia más amplia para abordar el asunto si se combinan con “incentivos positivos”, como la construcción de carreteras y el aumento de las oportunidades agroindustriales para ayudar a los cultivadores en la transición a la economía legal.
“No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita también la oferta”, puntualiza el informe.
Esta afirmación da directamente en el clavo.
En segundo lugar, las acciones de buena fe coordinadas por Estados Unidos, como sugiere el informe, son en general positivas, ya que se ha demostrado los buenos resultados de los trabajos de coordinación actualmente en marcha.
A pesar de que padecen de muchas deficiencias, los trabajos en conjunto con Estados Unidos han dado lugar a una reforma legítima de la justicia criminal y a una recuperación económica de la que otros países podrían beneficiarse.
En México, por ejemplo, la Iniciativa Mérida parece haber ayudado a disminuir las tasas de homicidios como resultado de una reforma policial apoyada por Estados Unidos, como indica el informe.
La aplicación de estrategias similares —mejoradas con base en errores previos— podría ser constructiva si se diseñan según las necesidades específicas y el contexto sociopolítico de cada país. Al menos, esto sería más rentable que muchos de los esfuerzos que se adelantan actualmente.
Por último, la decisión del informe de rebatir la eficacia del proceso de certificación y clasificación en temas de drogas podría crear un cambio profundo en la lucha internacional contra el narcotráfico.
Incluir a un país en la lista de los que han “fallado evidentemente” se presenta como una amenaza, y entorpece innecesariamente las relaciones con los países, que de hecho ya son frágiles. También hace que Estados Unidos parezca poco comprensivo con las necesidades de la región, y que se interesa solo por mantener el control del panorama político.
Tal vez el mejor ejemplo de esto último es Bolivia, que ha aparecido en la lista cada año desde 2008, cuando el expresidente Evo Morales expulsó al embajador y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
Si bien Estados Unidos tenía y tiene razones para dudar por el manejo del cultivo de coca en el país, como la implementación de un mercado legal de coca a nivel nacional, su decisión de incluir a Bolivia en la lista en un momento en que Perú y Colombia estaban produciendo mucha más coca se vio como algo políticamente motivado, y puso más distancia entre los dos países.
Esta artículo se publicó originalmente por InSightCrime.
RV: EG
