La región América Latina y el Caribe adoptó las tesis de la Cepal para su recuperación económica y social tras la pandemia covid-19, al concluir los tres días de la 38 asamblea del organismo, guiada de forma virtual desde esta capital.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) dijo que “reconstruir con igualdad y sostenibilidad es el camino. Requerirá de pactos sociales y políticos para garantizar que estos objetivos se conviertan en política de Estado”.
Esos pactos deben concretarse “con la participación de comunidades, empresas, mujeres y jóvenes”, subrayó Bárcena al presentar el documento difundido este jueves 29.
La reunión, en la que participaron autoridades de los 43 países miembros, entre ellos 24 cancilleres, aprobó la “Resolución de San José” para adoptar “el tenor general” del documento base de la Cepal para esta conferencia, “Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad”.
La Cepal propone, para mitigar el efecto de la pandemia y como primera respuesta socioeconómica a la recesión, un ingreso básico de emergencia para la población pobre, un bono contra el hambre y el cofinanciamiento de las nóminas empresariales.
En paralelo, inversiones para universalizar el acceso a Internet de banda ancha y el aumento de la inversión en salud y su infraestructura.
Pero, debido a que la covid “reavivó la tensión entre lo urgente y lo importante, se hace necesario crear un puente entre la recuperación económica a corto plazo y el cambio estructural hacia la sostenibilidad y la igualdad”.
En ese puente, destacó la importancia del acceso a internet, a la infraestructura de agua y saneamiento, la mejora de barrios, viviendas y edificios, la renovación de la infraestructura para el transporte público y los programas de empleo emergente para la restauración de sistemas naturales.
Para el mediano y largo plazo se propone diversificar y fortalecer los ingresos fiscales, expandir el “financiamiento verde” para apuntalar la transformación productiva hacia la sostenibilidad ambiental, y orientar las políticas industriales y tecnológicas a la construcción de nuevas capacidades endógenas.
En la expansión del “financiamiento verde” se destaca el papel que puede cumplir la banca de desarrollo junto con la privada, la emisión de “bonos verdes” para apuntalar proyectos de sostenibilidad ambiental, crear o ampliar los impuestos ambientales y suprimir los subsidios perversos.
Por ejemplo, el subsidio al consumo de combustibles fósiles en el mundo fue de 318 000 millones de dólares en 2012, en la región representaban, en 2019, entre 0,2 y 2,8 por ciento del producto bruto, y en Venezuela llegaron a superar 16 por ciento.
También propone la Cepal trabajar por el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas industrias, promover un sistema de cuidados “integral, público y desfeminizado”, y “desmercantilizar” el acceso a la salud y a la educación.
Se incluyó un llamado a destacar las actividades de la economía social y solidaria, “que a menudo carecen de adecuada visibilidad en las cuentas nacionales y pueden ser importantes para dar un gran impulso a la sostenibilidad, como en el caso de la generación eléctrica local basada en energías renovables o el ecoturismo”.
Finalmente, se propone la adopción de mediciones del desarrollo y del bienestar distintas a la del crecimiento del producto interno bruto, al que se considera “una medida monótona, que no refleja el aumento del bienestar ni el valor ecológico de proteger la biodiversidad”.
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