Una comunidad afectada por envenenamiento con plomo en Kenia ganó un juicio por daños ambientales y obtuvo una compensación de 13 millones de dólares, informó este lunes 14 la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh).
Ante el tribunal de Mombasa “habíamos presentado pruebas muy sólidas, pero al estar demandando al gobierno y empresas, no estábamos seguros del veredicto y de si el juez sería lo bastante valiente y atrevido para impartir justicia”, comentó la dirigente comunitaria Phyllis Omido.
El tribunal de Tierras y Medioambiente de este puerto a orillas del océano Índico concedió la indemnización a los residentes del asentamiento Owino Uhuru, por las muertes y consecuencias para la salud causadas por envenenamiento por el plomo procedente de una fundición adyacente para el reciclado de baterías.
La sentencia, fechada 16 de julio de 2020, estableció que se infringieron los derechos de la comunidad a la vida, a un entorno saludable, a contar con el más alto nivel posible de salud y a disponer de agua potable, y ordenó al gobierno de este país del este de África y a dos empresas al pago de indemnizaciones.
El tribunal también ordenó al gobierno y las empresas limpiar el terreno, el agua y los residuos, so pena de una suma adicional de siete millones de dólares a pagar a la oenegé Centro para la Justicia, Gobernanza y Acción Ambiental (CJGEA, en inglés) para coordinar la limpieza.
Omido dirige el CJGEA, fundado hace 10 años para conducir las reivindicaciones de la comunidad ante las plantas procesadoras, apenas la Constitución y Carta de Derechos de Kenia estableció el derecho a un entorno limpio y saludable y la aplicación legal de derechos ambientales.
La sentencia llegó cuatro años después de que el CJGEA presentó una demanda colectiva en representación de los 3000 residentes de Owino Uhuru, con apoyo de Acnudh para la documentación, seguimiento y financiación del proceso.
“Sin Acnudh nos habríamos rendido. Nos apoyaron cuando los testigos fueron acosados, intimidados y asustados, llegando incluso a enviar un equipo a la comunidad, consiguiendo de este modo reforzar la confianza”, dijo Omido.
La planta de fundición y reciclado de baterías lindaba con Owino Uhuru, y entre sus trabajadores había residentes en esa comunidad. La manipulación deficiente de los materiales, así como los equipos de seguridad poco adecuados, produjeron muertes y enfermedades relacionadas con el envenenamiento por plomo.
Omido, antigua empleada, comenzó su campaña por el cierre de la planta después de que su bebé enfermó gravemente por envenenamiento por plomo.
CJGEA organizó protestas, escribió cartas y presentó reclamaciones ante funcionarios ambientales del gobierno local y nacional, en un esfuerzo por cerrar la planta y conseguir reparaciones para los que habían resultado afectados por el envenenamiento por plomo.
En 2014, la planta fue obligada finalmente a cerrar, pero el daño, en forma de altos niveles de plomo registrados en la comunidad, perduró.
CJGEA y otros defensores de derechos ambientales continuaron haciendo campaña para el reconocimiento de los daños, la necesidad de una limpieza, y por la justicia ambiental, incluso bajo detenciones policiales y amenazas por parte de matones.
Sin embargo, prosiguieron la lucha, y aunque cinco de siete demandados presentaron recursos de apelación ante la sentencia que dictó el tribunal de Mombasa, los defensores de derechos humanos la consideran un hito, una victoria importante para la justicia ambiental y una referencia para otros defensores de esos derechos.
La sentencia “significa que todo nuestro trabajo es válido y que el acoso que sufrimos, las detenciones, y la intimidación, fueron un error. Significa que se hace justicia tras mucho dolor y sufrimiento”, resumió Omido.
El plomo es una potente neurotoxina que causa daños irreparables en el cerebro de los niños antes de que hayan tenido la oportunidad de desarrollarse plenamente, causándoles un deterioro neurológico, cognitivo y físico para toda la vida, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según el informe, el reciclaje informal y deficiente de baterías de plomo es uno de los factores que contribuyen a esa intoxicación en países de ingresos bajos y medios, donde el número de vehículos se ha triplicado desde el año 2000.
Se calcula que en áfrica al sur del Sahara hay más de 220 millones de niños y jóvenes con niveles críticos de plomo en la sangre.
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