El conflicto activado por una insurgencia islamista en el norte de Mozambique ha provocado el desplazamiento de unos 250 000 civiles desde 2017, indicó este viernes 28 un reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
La agencia expresó su alarma porque en los ataques numerosos residentes civiles “han sido desplazados y otros asesinados, se han saqueado aldeas, quemado y destruido casas y cultivos, y se ha dañado la infraestructura”.
Acnur presentó el caso reciente de Joaquina (nombre supuesto), una abuela de 41 años que dormía en su vivienda con su familia cuando militantes armados entraron a su aldea, en la nororiental provincia de Cabo Delgado, fronteriza con Tanzania, disparando e incendiando hasta teñir de naranja el cielo de esa madrugada.
Joaquina, dos hijas y dos nietas huyeron al monte. “Cuando regresamos a la mañana siguiente nuestra casa había sido completamente incendiada y no quedaba nada”, narró.
Se fueron a la casa de unos amigos en otra aldea, a kilómetros de distancia. Días después, los insurgentes atacaron ese sitio, mataron a varias personas y quemaron casas. Las nietas “quedaron muy traumatizadas por lo que vieron durante los ataques. La gente fue asesinada frente a sus ojos”.
Marcharon entonces a casa de un hermano en la villa de Montepuez, al centro de la provincia. Acnur indica que hasta ahora, la mayoría de los desplazados son acogidos por familiares o amigos en zonas más estables, aunque el alojamiento es escaso y a veces entre 20 y 30 personas viven bajo el mismo techo.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), la mayoría de los 250 000 desplazados desde 2017 permanece aún en la provincia.
Desde el año pasado, Acnur ha ayudado a unos 6500 desplazados y a personas que les acogen, enfocándose en los más vulnerables e incluyendo suministro de artículos para el hogar como colchonetas, utensilios de cocina, bidones y mantas.
“Tenemos que permanecer y cumplir, por los más vulnerables, a pesar de la inestable situación de seguridad”, dijo Samuel Chakwera, representante de Acnur en Maputo.
En el norte de este país de 800 000 kilómetros cuadrados y 28 millones de habitantes surgió la organización islamista conocida como Al-Shabaab, que desde 2015 formó células armadas.
En octubre de 2017 unos 30 militantes de la organización atacaron una comisaría policial y un cuartel del ejército para robar numerosas armas y municiones.
Mientras tanto, a Cabo Delgado llegaron las trasnacionales de hidrocarburos francesas Total, Technip y EDF, y la estadounidense Anadarko, para prospección de gas bajo las aguas del Índico frente a la provincia.
Al-Shabaab es responsabilizado por el gobierno de ataques a oficinas públicas, agencias bancarias, aldeas civiles y un convoy de Anadarko. Esas incursiones, y su combate por el ejército, causaron unas 1100 muertes en tres años, de los cuales unos 700 civiles, según organizaciones no gubernamentales.
Las oenegés de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que la Fuerza Armada de Defensa de Mozambique comete asesinatos y otros crímenes en el marco de la lucha contra la insurgencia islamista.
Coincidieron, por ejemplo, en atribuir a militares el asesinato en una carretera el lunes 14de una mujer, indefensa y desnuda, sospechosa de pertenecer a Al-Shabaab. El gobierno negó los cargos y sostuvo que “los terroristas se hacen pasar por miembros de la fuerzas de defensa para confundir a la opinión pública”.
La provincia se vio afectada por el paso del ciclón Kenneth en abril, y Acnur teme que las lluvias que pueden comenzar en noviembre, más las restricciones por la lucha contra la pandemia covid-19, afecten las tareas de asistencia a los desplazados.
Joaquina recuerda que en su aldea “solía sembrar sésamo, maíz y mandioca (yuca), así que me gustaría tener un terreno para trabajar, pero lo que es más importante, mi deseo, es que el conflicto termine pronto. Quiero volver a mi pueblo”.
El desplazamiento interno está aumentando en todo el mundo. El año pasado, 45,7 millones de personas habían huido a otras zonas dentro de sus propios países, en su mayoría por los conflictos armados y violaciones a los derechos humanos.
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