Los gobernantes de Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, grupo conocido como G5 o del Sahel, acordaron este martes 30, junto con sus pares de España y Francia, intensificar la lucha contra el terrorismo en esa zona de África e impulsar programas de desarrollo y el respeto a los derechos humanos.
El presidente francés Emmanuel Macron dijo al finalizar la cumbre que las fuerzas francesas y de los países sahelianos revirtieron a su favor el equilibrio de poder en la triple frontera de Burkina Faso, Malí y Níger, donde “la victoria es posible”.
Junto a los ejércitos nacionales del G5, Francia, antigua potencia colonial, tiene 5100 soldados sobre el terreno, las Naciones Unidas autorizaron el empleo en Malí de hasta 15 000 efectivos entre militares y policías, y se van a sumar unidades de España y otros países europeos, más 3000 soldados de la Unión Africana.
En la región y a través de las fronteras actúan fuerzas rebeldes que se consideran brazos africanos de las organizaciones terroristas Al Qaeda y Estado Islámico, más el movimiento regional Ansaru Islam, y grupos armados de autodefensa local y de comunidades étnicas.
Esa violencia en la región ha cobrado más de 4500 vidas en los últimos seis meses, de acuerdo con participante en esta cumbre en la capital mauritana.
El clima de violencia, además de generar inestabilidad política, desplazó de sus hogares a más de un millón de personas en el Sahel, la estepa semiárida al sur del Sahara, obstaculizó los programas asistenciales y de desarrollo económico, y el panorama se agrava con la llegada de la pandemia covid-19.
Agencias de las Naciones Unidas, y organizaciones humanitarias como Oxfam, Acción contra el Hambre y los consejos danés y noruego para los refugiados, pidieron a la cumbre adoptar decisiones en la perspectiva de los derechos humanos.
En particular pidieron que se garantice seguridad para acceder con asistencia humanitaria a las comunidades más vulnerables, y que se tomen medidas para investigar y sancionar no solo las atrocidades practicadas por los terroristas sino las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas regulares.
También el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en un mensaje a la reunión de Nuakchot abogó por “el estricto respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en la conducción de las operaciones militares”.
“Es absolutamente esencial. Debemos ganar la batalla de la ejemplaridad y dar todas las promesas de apoyo a las poblaciones que están siendo atacadas por terroristas y grupos radicales”, dijo Guterres.
En su declaración, los gobernantes “renovaron su compromiso de no tolerar ninguna violación de los derechos humanos y de respetar el derecho internacional humanitario”, para lo cual “se comprometen a fortalecer la judicialización de los campos de operaciones” donde actúan sus fuerzas coaligadas.
“Las denuncias de abusos cometidos por elementos de las fuerzas de defensa y seguridad serán investigadas y, si se prueban los hechos, serán objeto de sanciones ejemplares”, reza la declaración.
Los mandatarios también se declararon “conscientes de que la crisis en el Sahel es un problema de desarrollo”, urgieron al desembolso de 2200 millones de dólares comprometidos para programas económicos y sociales en la región aprobados desde 2018 por Francia, Arabia Saudita y los bancos Árabe y Africano de Desarrollo.
Advirtieron que el producto bruto en la subregión puede contraerse entre siete y ocho por ciento este año, y pidieron que se cancele la deuda externa de los países del G5.
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