Unos 58 000 niños de 60 naciones viven retenidos en condiciones precarias en campamentos en Siria, y sus países de nacionalidad u origen deberían repatriarlos, declaró este lunes 22 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La responsable dijo que “miles de personas no pueden regresar a sus propios países de nacionalidad u origen” y pidió a esos Estados, sin nombrarlos, que avancen en sus programas de repatriación.
Unas 90 000 personas, en su mayoría mujeres y niños, están retenidas principalmente en los campamentos Al-Hol y Al-Roj, en el noreste de Siria bajo control de fuerzas kurdas.
Se les mantiene retenidos desde 2018 porque son familiares de combatientes muertos o prisioneros de la organización Estado Islámico, perseguida como terrorista por numerosos gobiernos y derrotada militarmente en el este de Siria.
La Oficina de la Alta Comisionada, la Acnudh, dijo desde su sede en Ginebra que de los 58 000 niños retenidos unos 50 000 son de Siria y del vecino Iraq, y el resto de otras nacionalidades. Según medios occidentales, más de 1000 niños y niñas son de origen o nacionalidad europea.
Bachelet pidió que los países de origen “adopten medidas urgentes en vista de las graves limitaciones en el acceso a la ayuda humanitaria y los riesgos asociados con la covid-19”.
Los campamentos tienen serios problemas de abastecimiento en ayuda humanitaria y están superpoblados. En Al-Hol, diseñado para unas 20 000 personas, están hacinadas más de 70 000.
“Las condiciones desesperadas en estos campamentos proporcionan a los grupos extremistas o terroristas un terreno fértil para explotar el sufrimiento de las personas como herramienta de reclutamiento”, expuso Bachelet.
Gobiernos occidentales han sido reacios a la repatriación invocando razones de seguridad, pues asocian a los ocupantes de los campos con familiares que han sido yihadistas (combatientes del Estado Islámico), y temen que prosigan esas actividades una vez repatriados.
En Holanda, por ejemplo, un tribunal ordenó al gobierno en 2019 repatriar a 23 madres y 56 niños, pero un tribunal superior anuló la medida. Gran Bretaña y Australia han anulado los pasaportes de esposas de yihadistas para evadir la obligación de repatriarlas.
Bachelet planteó que los Estados “asuman su responsabilidad y acojan a sus nacionales para después reintegrarlos a la sociedad o juzgar a quien corresponda, llegado el caso”.
Criticó que “algunos Estados han tomado medidas para privar a las personas en los campamentos de su nacionalidad, lo que podría hacerlos apátridas. Algunos también se negaron o tardaron en ofrecer servicios consulares, y afirmaron otros obstáculos para involucrarse en el terreno con sus propios ciudadanos”, comentó.
Por otra parte, Bachelet dio “la bienvenida a que algunos países hayan comenzado a repatriar a sus nacionales, y estén mostrando una mayor apertura a la repatriación de niños pequeños y huérfanos”.
Francia, Indonesia, Kazajistán, Kosovo y Rusia han comenzado a repatriar a personas desde los campamentos, en algunos casos invocando razones humanitarias, según medios de esos países.
Para Bachelet “es perfectamente legítimo que los Estados tengan en cuenta consideraciones de seguridad nacional. Sin embargo, esto no puede hacerse a expensas de la protección de los derechos humanos”.
Según su oficina, las mujeres, los niños y las niñas han sufrido violencia sexual y han sido traficados o forzados a contraer matrimonio, esclavitud sexual y explotación por grupos terroristas.
Los niños, incluidos los que fueron adoctrinados o reclutados a la fuerza, “deben considerarse principalmente víctimas y ser tratados de manera coherente con sus derechos, dignidad e interés superior, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño”, concluyó Bachelet.
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