Al provocar la pandemia de covid-19 que asola al mundo, el tráfico de especies silvestres le costará a la economía del planeta, según los cálculos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), hasta dos billones de dólares tan solo en 2020.
Sin embargo, el combate al tráfico ilegal de especies en el planeta recibe un presupuesto y un apoyo muy inferiores a los necesarios.
Por ejemplo, en México el presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que es la agencia encargada de combatir esa rama criminal, tiene un monto anual de menos de 800 millones de pesos (unos 36,5 millones de dólares).
Es hora de corregir esta situación y de invertir con seriedad en el cuidado del medio ambiente y de las comunidades que lo defienden. La vida, literalmente, nos va en ello.
El tráfico ilegal de especies es una actividad compleja, de dimensiones globales que se anidan con redes locales y que afecta a casi todos los puntos del planeta.
Por ejemplo, algunas especies de reptiles son extraídas en el Asia continental, “lavadas” (justo como se lava el dinero) en el Pacífico sur, de ahí exportadas a México para su manufactura y luego llevados a Europa como productos terminados de lujo.
En sentido contrario, el buche de totoaba (Totoaba macdonaldi) del Alto Golfo de California se exporta a China a través de redes del crimen organizado, que llenan con ello un hueco que, en ciertas prácticas de medicina tradicional, dejó una especie asiática que se ha pescado casi hasta la extinción.
En otros casos, sin embargo, las cosas son más sencillas. Por ejemplo, el comercio de loros, guacamayas y pericos mexicanos está muy centrado en el territorio nacional, pues son especies muy valoradas por su capacidad para imitar el habla humana y su brillante colorido. Pero eso ha bastado para mermar su número.
Entre 2017 y 2019, la mexicana Profepa decomisó cerca de 2500 ejemplares de estas aves, y eso es apenas la punta del iceberg del comercio ilegal de estos animales. Hay varias razones que hacen el tráfico de especies muy atractivo para los criminales mexicanos. Está lo que un estudio ha llamado “el riesgo marginal de encarcelamiento”, que implica que las posibilidades de ir a la cárcel por vender ilegalmente animales de vida silvestre son mucho menores que, por ejemplo, las de traficar con drogas.
Otro aliciente importante es que México es el eje principal del tráfico ilegal de especies a Estados Unidos, que vale unos 2000 millones de dólares anuales.
Para combatir el tráfico de especies, China ya estableció una prohibición temporal del tráfico de animales vivos, lo que muy probablemente tendrá también un impacto en las redes de comercio ilegal.
Elizabeth Maruma Mrema, secretaria ejecutiva del Convenio sobre Diversidad Biológica, ha llamado también a prohibir los mercados que venden tanto animales vivos como sacrificados (el mercado de Sonora de la Ciudad de México, por ejemplo).
Pero con todo y que tendrían un enorme impacto, estas medidas no bastarán.
Impedir una nueva pandemia implica no solo prohibir sino, sobre todo, invertir tiempo, dinero y esfuerzo en verdaderamente eliminarlo.
Se trata de castigar a quienes demandan estas especies, construyendo acuerdos con Europa y Estados Unidos para que trabajen con sus poblaciones, y emprendiendo campañas de comunicación y de aplicación de justicia en el territorio nacional que ayuden a abatir esa demanda.
Se trata de actuar de la mano con las comunidades locales -que muchas veces son los mejores guardianes de la biodiversidad- para impedir que el crimen organizado invada sus territorios y hurte su riqueza. Se trata de cambiar las leyes y de hacerlas valer verdaderamente. Esto implica, en el caso de México, fortalecer a Profepa, y darle las herramientas y los recursos para hacer su trabajo.
Si no actuamos pronto, la covid-19 habrá sido apenas el prólogo de una hilera centenaria de pandemias.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, de la red mexicana de Periodistas de A Pie.
RV: EG
