La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está preocupada por la suerte de centenares de migrantes devueltos a Libia este año, desde aguas del Mediterráneo, y llevados a centros de detención privados, donde quedan expuestos a la trata de personas y otros abusos.
La OIM informó que “al menos 3200 hombres, mujeres y niños a bordo de embarcaciones que se dirigían a Europa fueron interceptados por guardacostas europeos y llevados a puertos de Libia”.
De acuerdo con cifras del gobierno en Trípoli, unas 1500 personas se encuentran en 11 centros de detención manejados por su oficina de lucha contra la migración ilegal, algunos de ellos desde hace años, lo que abre interrogantes sobre la suerte de las restantes personas devueltas.
Safa Msheli, portavoz de la OIM, dijo el viernes 17 que “la falta de claridad sobre el destino de estas personas desaparecidas es muy preocupante”, pues “tenemos conocimiento de relatos de primera mano de abusos que ocurrieron dentro de los sistemas de detención en Libia, tanto formales como informales”.
Agencias de Naciones Unidas han documentado relatos de que, durante años, migrantes en los centros de detención son entregados a traficantes de personas o sometidos a torturas para cobrar rescate a sus familiares.
De las costas de Libia zarpan embarcaciones que llevan migrantes de países africanos y de Oriente Medio en busca de refugio y oportunidades en Europa. En 2019 llegaron a suelo europeo 110 669, y la OIM contabilizó que en la vía perecieron 1283, la mayoría al naufragar los barquichuelos en los que se aventuran.
Las víctimas pueden ser muchas más, porque la organización registró que en 2019 en el Mediterráneo central desaparecieron siete embarcaciones “sin dejar rastro”, después de haber enviado señales de socorro.
La OIM reiteró su pedido a la Unión Europea para que rápidamente establezca “un mecanismo de desembarque veloz y claro, y de tal modo poner fin a los retornos en Libia”, e insistió en que “salvar vidas es la prioridad número uno y que es necesario responder a pedidos de auxilio siguiendo los principios del derecho internacional”.
La pandemia covid-19 ha extremado el cierre de fronteras, pero según la OIM “no puede ser una excusa para dejar de lado los derechos internacionales cuyo reconocimiento tanto ha costado lograr y tampoco las obligaciones de los Estados hacia las personas vulnerables”.
En cuanto a Libia, la preocupación de esa organización estriba en el riesgo que los migrantes experimentan en centros de detención, incluso en los colocados bajo la autoridad de Trípoli, enzarzada en una guerra civil con las fuerzas del mariscal Jalifa Hafter, que controlan el oriente del país y asedian la capital.
Tan solo en la segunda semana de abril unas 800 personas partieron de Libia intentando llegar a Europa, 400 fueron retornadas a puertos libios, su desembarque fue demorado por razones de seguridad, finalmente fueron detenidas, 200 de ellas en centros no oficiales, y ahora no se sabe con exactitud la suerte que han corrido.
A las penurias para la vida diaria en los centros de detención se agrega el riesgo de que los migrantes devueltos queden bloqueados o alcanzados por el conflicto civil.
La OIM sostuvo que ha cursado “numerosas solicitudes” a las autoridades de Libia para que proporcionen “una explicación clara acerca de lo que ha ocurrido con estas personas, o del motivo por el cual han sido llevadas a instalaciones de detención no oficiales”, pero sin resultados.
En Libia hay entre 45 000 y 50 000 personas en condiciones de refugio, provenientes de otros países africanos, según la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, que ha entregado ayudas a unas 42 000. La guerra civil ha causado más de 1700 muertos y unos 150 000 desplazados internos.
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