Zimbabwe necesita reformas económicas y políticas urgentes para transformar su economía dado el actual contexto de crisis nacional, concluyeron numerosos investigadores en un estudio que recomienda rápidos cambios de políticas, así como un marco financiero sólido para atraer la inversión.
Este país atraviesa una de las peores sequías en décadas, y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) identificó a Zimbabwe como una de las 15 emergencias críticas del mundo, que corre el riesgo de empeorar sin una intervención rápida.
Más de siete millones de zimbabuenses están en situación de inseguridad alimentaria porque se prevé una caída de 50 por ciento en la última cosecha de cereales. Este mes, el PMA duplica su ayuda para atender a 4,1 millones de personas, las más afectadas en zonas rurales.
Pero el estudio, “Pacto del G20 con África: Sin reformistas no hay pacto – Un estudio de caso, Zimbabwe”, afirma que el marco de inversión del Pacto del G20 con África (CwA), iniciado por los países del G20 en 2017, podría apoyar la transformación económica de este país sólo si se compromete a emprender reformas.
El convenio voluntario fue suscrito por 12 países africanos hasta la fecha como Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Ruanda, Senegal, Togo y Túnez, entre otros. Pero Zimbabwe todavía no es signatario.
El pacto busca estimular el crecimiento económico, crear empleo y fomentar la inversión. A través de esta asociación, los gobiernos africanos son responsables de impulsar las reformas que harán que sus países sean atractivos para los inversores internacionales.
El objetivo del CwA es promover un marco de desarrollo sostenible en los países africanos que aceptaron la invitación de formar parte de la iniciativa, en un intento de atraer a los inversores privados. El marco tiene un enfoque de tres niveles para reformar tres sectores económicos: la macroeconomía, los negocios y las finanzas.
“Como estrategia de reforma, el marco de la CwA tiene el potencial de respaldar la transformación económica de Zimbabwe”, señala el estudio publicado en la segunda semana de este mes por el Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales (SAIIA), un grupo independiente de estudio de políticas públicas.
También señaló que el pacto es relevante para la agenda de la nueva participación de Zimbabwe y el Programa de Estabilización de la Transición (TSP), presentado en 2018 como un plan para reencaminar la economía.
Sin embargo, una crisis de gobernanza y de administración financiera acecha desde hace mucho tiempo a Zimbabwe, un país de África austral que fuera modelo de éxito económico y de democracia en este continente.
La vida se ha vuelto difícil para sus ciudadanos debido al alto costo de vida y a la escasez de muchos insumos, desde agua hasta electricidad, pasando por la moneda, el empleo, los alimentos e incluso las libertades políticas.
El informe señala que los problemas económicos de Zimbabwe son multifacéticos debido a una combinación de factores, como la mala gestión económica, una reforma agraria caótica, las políticas de indigenización, la inestabilidad política y la mala gestión fiscal producto de la corrupción.
Fría recepción del pacto
A pesar de su relevancia, el pacto no ha logrado despertar el entusiasmo de las autoridades políticas de Zimbabwe, y son pocos los actores económicos que lo conocen, según el estudio, que también señala que el gobierno está desesperado y preocupado por encontrar una solución rápida a la crisis económica.
El estudio también precisa que no existe una cultura reformista entre los encargados de llevar adelante las reformas.
Además, la deuda multilateral del país, estimada en más de 8.200 millones de dólares, ha impedido todo posible avance con las organizaciones internacionales que participan en el pacto.
En lo que respecta a “la liquidación de los atrasos de la deuda multilateral: la retórica sobre las sanciones parece concentrar la atención antes de que se implemente la reforma,» señala el estudio. “Ese comportamiento ha promovido la corrupción y se interpone en el camino de las reformas; por lo tanto, no hay ningún CwA para Zimbabwe”, explica.
El analista económico John Robertson observó que nadie está de acuerdo con el gobierno en lo que respecta a las sanciones económicas impuestas por los países occidentales a las personas acusadas de abusos de derechos humanos en Zimbabwe.
“Las sanciones no se aplican al país; las sanciones no causaron el derrumbe del país. El fracaso se debe a nuestra decisión de cerrar nuestras mayores industrias», subrayó Robertson en diálogo con IPS, refiriéndose a la destrucción del sector agrícola y al colapso del sector manufacturero.
Malas decisiones
“Las decisiones políticas que tomamos causaron mucho daño a nuestros sectores productivos, empezando por la agricultura”, observó Robertson.
“Nos impusimos una grave desventaja cuando dijimos que la tierra de este país ya no tenía valor de mercado, así que (la gente con) tierras ya no puede pedir prestado contra los derechos de propiedad de esas tierras porque ahora son propiedad del Estado”, añadió.
David Moore, investigador y economista político de la Universidad de Johannesburgo, dijo a IPS que si la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico (ZANU- PF) hubiera mantenido sus promesas económicas neoliberales y favorables a los agricultores blancos, podría haber mantenido a “Occidente” de su lado.
Pero las élites y la corrupción no pueden desmantelarse, son los pilares del partido, opinó. Y por eso el complejo militar-partido es tan estrecho que no pueden separarse, son parte integral de la economía política del país.
Por su parte, la académica y analista Rudo Gaidzanwa, coincidió en que se necesitará presionar a la ZANU-PF y a sus aliados militares para que emprendan las reformas políticas y sociales.
“El tipo de reformas políticas y económicas que quieren los civiles socavará los intereses de los sectores militaristas del Estado y de la seguridad”, acotó Gaidzanwa, profesora de sociología de la Universidad de Zimbabwe.
“La ZANU-PF no tolerará nada que socave su control sobre el Estado y la sociedad. Es poco probable que impulse alguna reforma significativa a menos que se produzcan cambios sociales y políticos drásticos en Zimbabwe», opinó.
El gobierno y las elites de la ZANU-PF recurren a las sanciones económicas como una excusa para eludir su responsabilidad en las crisis económicas y sociales.
Las sanciones no han impedido que el presidente y sus secuaces saqueen los recursos minerales. El caos actual es ideal para saquear los recursos y socavar el Estado de derecho y la democracia, apuntó.
El fallecido presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, quien gobernó su país durante 37 años hasta su derrocamiento en noviembre de 2017, habría malversado cientos de millones de dólares, aunque no se conoce la cifra exacta.
Pero no fueron los únicos, según dijo Tendai Biti, ministro de Finanzas de Zimbabwe (2009-2013), a la Deutsche Welle. Durante su mandato, unos 15.000 millones de dólares habrían «desaparecido por otros canales».
En julio de 2019, el auditor general del país publicó un informe en el que indica que desde la destitución de Mugabe, ejecutivos de empresas estatales hicieron una mala gestión de millones de dólares y gastaron fondos públicos en su beneficio personal.
“Las elecciones amañadas son un problema porque impiden que prevalezca la voluntad del pueblo”, dijo Gaidzanwa a IPS. “La actual disputa en las elecciones presidenciales entre (Nelson) Chamisa y (Emerson) Mnangagwa es sintomática de esa lucha”, explicó.
“Esas cuestiones perturban nuestras elecciones desde hace décadas y siguen sin resolverse, de ahí nuestra grave situación económica y política”, acotó.[related_articles]
Tras el derrocamiento de Mugabe, los zimbabuenses votaron en julio de 2018 para elegir un nuevo presidente. Mnangagwa, quien se quedó con 50,8 por ciento de los votos, superó a Chamisa, quien obtuvo 44,3 por ciento de los mismos.
Resultados disputados
El economista y exparlamentario Eddie Cross, ve la situación de otra manera. Para él, Zimbabwe, está bien encaminado para cambiar la situación de sus arcas públicas, a pesar de los desafíos actuales.
“Tenemos superávit fiscal, los salarios de los funcionarios públicos se redujeron a un tercio del presupuesto, de más del 95 por ciento que representaban antes, tenemos un superávit en la balanza de pagos y casi 1.000 millones de dólares en cuentas bancarias», detalló Cross. La deuda interna de Zimbabwe se ha devaluado y las exportaciones son altamente rentables, añadió.
“La estabilidad (política) ya no es un problema, es un hecho, lo que es un problema es el financiamiento y va a ser un desafío porque realmente tenemos que cuidarnos a nosotros mismos”, observó Cross, miembro del Comité Monetario del Banco de la Reserva de Zimbabwe.
“Un par de miles de millones de dólares serían útiles. Tal vez podamos persuadir a la señora (Grace) Mugabe para que traiga algo de dinero del exterior”, acotó.
Cross cree que Zimbabwe puede beneficiarse del CwA con el G20 aunque este país sea un Estado paria.
“Creo que el brexit es importante y también el FMI (Fondo Monetario Internacional), y si jugamos bien nuestras cartas y seguimos adelante con las reformas, no veo ninguna razón por la que no podamos estar en un lugar muy diferente en 2021”, confió.
