China está bajo un fuerte escrutinio por sus vastas violaciones de derechos humanos en diferentes sectores, se lamentó esta semana el director de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth.
En la presentación del Informe Mundial 2020, dedicado principalmente a los antecedentes de China en materia de violación de derechos humanos, tanto dentro de su propio territorio como en el extranjero, Roth criticó al gobierno de ese país por socavar los intereses e intervenciones internacionales relacionadas con los derechos humanos.
Roth, a quien le negaron el permiso para viajar a Hong Kong el fin de semana, dijo en la presentación del informe que China “usa su influencia diplomática para silenciar a las instituciones globales”. También criticó duramente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, por no responsabilizar a China de sus abusos.
“En la ONU, una de las principales prioridades del gobierno chino ha sido evitar el debate sobre su conducta en Xinjiang”, apuntó el miércoles 15. “El secretario general de la ONU, António Guterres, no ha querido exigir públicamente el fin de la detención masiva de musulmanes en China”, añadió.
Por su parte, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, declaró que Guterres se ha referido a ese asunto en numerosas ocasiones y lo ha conversado con sus contrapartes chinos.
También reiteró la posición del secretario general, basada en los principios en torno “al pleno respeto de la unidad e integridad territorial de China”, a la protección de los derechos humanos en la “lucha contra el terrorismo” y a la importancia de que “cada comunidad sienta que su identidad es plenamente respetada”.
Pero no pudo responder sobre las acusaciones específicas de Roth contra China, que “sigue evitando toda discusión sobre su conducta en Xinjiang” en la ONU. HRW, con sede en Nueva York, divulgó un informe en septiembre, sobre “las vastas detenciones arbitrarias del gobierno chino, las torturas y los malos tratos que inflige a musulmanes túrquicos”.
Los “terribles” esfuerzos de Suu Kyi
Roth también coincidió con numerosos especialistas en que una de las razones por las cuales el Consejo de Seguridad de la ONU no ha podido tomar ninguna medida contra Myanmar (Birmania) es por la presión de China.
En noviembre, tras la demanda contra Birmania presentada por Gambia, Akila Radhakrishnan, del Centro de Justicia Local, expresó una preocupación similar en diálogo con IPS.
“El Consejo de Seguridad no ha tomado medidas debido a la posición de China, no hay posibilidad de ninguna acción enérgica”, había dicho Radhakrishnan, al explicar por qué es importante que los Estados tomen medidas directas contra Birmania.[related_articles]
En ese sentido, y en especial con la preocupación de Roth por la “intimidación de otros gobiernos” por parte de China, otro tema que genera preocupación son las relaciones de ese país con Gambia, las que han crecido en los últimos años.
Roth dijo a IPS que no sabe si Gambia sufrirá represalias por parte de China por sus acciones contra Birmania, pero dijo que el hecho de que la lideresa birmana Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, lidere la defensa del caso es “terrible”.
“Un elemento al respecto que no se suele apreciar es que en la audiencia inicial, que tuvo lugar hace unas semanas, no se trató de hecho sobre los méritos para un caso de genocidio, sino sobre medidas provisionales”, indicó.
Las medidas provisionales en el caso del derecho internacional garantizan que la principal preocupación del juicio no se destruya mientras el caso siga pendiente, lo que en este caso significaría que Birmania tome medidas para abstenerse de cualquier acción pasible de constituir un acto de genocidio contra la comunidad rohinyá, y garantizaría la protección de los integrantes de esa comunidad musulmana que aún se encuentra en territorio birmano.
“Se trataba de proteger a los aproximadamente 450.000 rohinyás que todavía están en el estado de Rakhine, dentro de Myanmar”, dijo Roth. “Esas son las personas que viven aterrorizadas, desplazadas y sin poder moverse. Corren el mismo riesgo extremo de sufrir la violencia que llevó a 730.000 compatriotas a refugiarse en Bangladesh hace un par de años.
La iniciativa de Suu Kyi implica que no solo defendía las atrocidades pasadas del gobierno de su país contra los rohinyás, explicó. Sino que “defendía las futuras”, subrayó.