Un organismo de monitoreo y defensa de la actividad de los profesionales de comunicación en todo el mundo solicitó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que revelen si conocían la existencia de un complot para asesinar a Jamal Khashoggi y pese a ello no advirtieron al periodista saudí que estaba en peligro mortal.
Un procedimiento legal sobre el asesinato fue presentado en un tribunal de distrito de Washington DC por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en vísperas de que el miércoles 2 se cumpla un año de la horrible muerte de Kashoggi, un articulista crítico con el reino del Golfo, en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.
El gerente de defensa del CPJ, Michael DeDora, dijo a IPS que su demanda contra el gobierno de Estados Unidos y sus agencias «hace una pregunta simple: ¿sabía la comunidad de inteligencia (estadounidense) de las amenazas a la vida de Jamal Khashoggi y aun así no le advirtió?
Según los informes, Khashoggi, residenciado en Estados Unidos y columnista de The Washington Post, que en el pasado había sido cercano al entorno real saudí y criticaba a menudo el comportamiento del gobierno en torno a los derechos humanos, fue atraído al consulado en Estambul en lo que parece un elaborado y brutal complot para silenciarlo.
Según informes de la estadounidense Central de Inteligencia (CIA), de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, Khashoggi fue asesinado y desmembrado del edificio, mientras sus restos no se encontraron tras ser sacados del edificio.
Según la CIA y otras instituciones, el príncipe heredero y hombre fuerte de la monarquía saudita, Mohammed bin Salman, habría ordenado el asesinato.
El CPJ busca la divulgación de archivos de esa y otras agencias estadounidenses, sometidas a la obligación del «deber de advertir», que exigen a los funcionarios alertar a las personas en peligro inminente.
La nueva demanda, presentada el jueves 26, sigue al rechazo de la administración Trump de una solicitud previa de información sobre el comportamiento de sus agencias de inteligencia en torno al asesinato del periodista saudí el 2 de octubre de 2018.
«Casi un año después del asesinato de Khashoggi, la divulgación de estos documentos proporcionaría transparencia y ayudaría a los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas», dijo DeDora.
«Pero esta demanda tiene implicaciones más amplias: los periodistas de todo el mundo deberían tener la seguridad de saber que Estados Unidos no ignorará las amenazas contra sus vidas».
El asesinato de Khashoggi provocó la indignación mundial, arruinó la imagen del príncipe heredero y debilitó el interés de Ryad de mejorar su muy negativo historial en materia de derechos humanos.
Los funcionarios sauditas, que inicialmente dijeron que Khashoggi había dejado el consulado ileso, ahora argumentan que fue asesinado en una operación ilegal que no involucró al príncipe. Un proceso contra 11 sospechosos por la justicia saudita ha sido visto por organizaciones y activistas como una farsa.
En un diálogo con un pequeño grupo de periodistas en Nueva York, entre ellos de IPS, Hatice Cengiz, quien era la prometida de Khashoggi, destacó su dolor por la falta de presión sobre Ryad para que aclare lo sucedido al periodista e indique todos los responsables de su muerte.
Bin Salman ha evitado viajar a Europa o Estados Unidos desde el asesinato. Pero si bien hubo un breve periodo de rechazo hacia el príncipe de dirigentes y gobiernos, el apoyo diplomático de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países se reanudó en gran medida.
«Este silencio y la inercia del caso han generado una gran decepción de mi parte», dijo Cengiz.
«Los países podrían haber demostrado una actitud más honorable en lugar de permanecer en silencio, particularmente las Naciones Unidas, la Unión Europea y los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU», afirmó.
Cengiz participó en una reunión realizada en paralelo a la Asamblea General de la ONU –iniciada el 24 de septiembre- y organizada por Agnes Callamard, relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, quien investigó el asesinato y concluyó que el periodista fue víctima de una «ejecución deliberada y premeditada».
Callamard, un académica francesa, dijo que sabía que lograr justicia por el asesinato de Khashoggi sería una lucha cuesta arriba, dada la influencia política y económica de Ryad y sus poderosas relaciones con potencias mundiales y grandes actores en los mercados mundiales.
«Este primer año (desde la muerte de Khashoggi) es solo la primera fase en nuestro viaje por la rendición de cuentas y la justicia. Y ese viaje exigirá y merecerá paciencia, resistencia y tiempo», dijo Callamard.
«Desde el principio, pude ver que la justicia para Jamal Khashoggi tendría que encontrarse más allá del camino habitual y más allá de nuestro entendimiento habitual de la responsabilidad», añadió la relatora especial.
Callamard instó a la CIA a publicar sus archivos, mientras que pidió una investigación del FBI, el estadounidense Buro Federal de Investigación, así como una nueva investigación pública y transparente en Turquía sobre el asesinato.
Mientras tanto, un proyecto de ley de Estados Unidos sobre los derechos humanos y la rendición de cuentas al respecto, si llega a promulgarse, desenmascararía y sancionaría a los culpables y crearía un “efecto dominó” a favor de la responsabilidad de los gobiernos de rendir cuentas en materia de derechos humanos en todo el mundo.
T: MF
