Organizaciones de asistencia sanitaria han criticado nuevamente a las fuerzas de los gobiernos de Rusia y Siria por un número cada vez mayor de muertes entre médicos, paramédicos y otros operadores de la salud durante los ataques militares en el noroeste del territorio sirio.
La Sociedad Médica Siria-Estadounidense (SAMS, en inglés) dijo que dos trabajadores médicos murieron en un ataque el miércoles 14 en un centro de ambulancias en Ma’aret Hurmeh, una ciudad en la provincia rebelde de Idlib, epicentro de combates en las últimas semanas.
El paramédico Mohamad Hussni Mishnen, de 29 años, y el conductor de ambulancia, Fadi Alomar, de 34, murieron durante una serie de seis ataques aéreos que arrasaron las instalaciones, dijo la SAMS. Un rescatador también pereció por un nuevo bombardeo, cuando trataba de sacar a Mishnen y Alomar de los escombros.
Varios grupos de ayuda y las Naciones Unidas han advertido sobre repetidos ataques contra los hospitales y otras instalaciones sanitarias de la provincia de Idlib mientras las fuerzas del gobierno sirio, respaldadas por el poder aéreo ruso, retoman el último bastión rebelde en la guerra civil de ocho años del país.
Mufaddal Hamadeh, presidente de la SAMS, destacó que estaba «triste y perturbado por este terrible incidente». Rindió homenaje a los médicos y dijo que los responsables de tales «delitos flagrantes» deberían rendir cuentas.
Otro grupo, Médicos por los Derechos Humanos (PHR, en inglés), recibió informes de 46 ataques contra centros de salud desde que el gobierno sirio y las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva contra Idlib el 29 de abril. El grupo ha logrado verificar 16 de ellos.
«La investigación rigurosa de PHR desde que comenzó el conflicto revela que el gobierno sirio y/o las fuerzas del gobierno ruso han cometido aproximadamente 91 por ciento de los ataques a las instalaciones de salud en Siria», dijo la directora de políticas del grupo, Susannah Sirkin.
«El hecho de que estos valientes profesionales en Idlib fueron asesinados mientras simplemente realizaban su trabajo debería obligar a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y a todas las partes a actuar ahora para detener el implacable bombardeo de civiles», añadió la activista.
En julio, después de que dos tercios de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU emitieran una nota de protesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una investigación sobre ataques a la infraestructura civil, incluidos hospitales, clínicas y escuelas.
La llamada Junta de Investigación verificará si las coordenadas GPS de los hospitales y clínicas que la ONU proporciona a Estados Unidos, Rusia y Turquía para garantizar que esa información se usó para la protección de los hospitales en lugar de para atacarlos, como indican algunas denuncias.
Guterres «debe realizar una investigación rápida, pública y transparente sobre los ataques a instalaciones de la salud” que rompen los acuerdos sobre su trato en el conflicto, mientras que los miembros del Consejo de Seguridad «deben asegurarse de que los responsables de estos crímenes impensables rindan cuentas», agregó Sirkin.
Los gobiernos del presidente sirio Bashar al Assad y de Moscú, cuyo poder aéreo ha sido crítico para los éxitos militares de Damasco durante el conflicto, niegan que estén atacando a civiles y a instalaciones educativas y sanitarias, en particular hospitales, lo que según las convenciones internacionales puede constituir un crimen de guerra.
Dmitry Polyanskiy, embajador adjunto ruso ante la ONU, dijo a un grupo de periodistas, entre ellos IPS, que estaba «decepcionado» por la decisión del organismo mundial de lanzar la investigación sobre los bombardeos y no se comprometió a cooperar con esa indagación.
«Si estuviéramos seguros de que esta Junta realmente tratará de establecer la verdad, entonces no puedo excluirlo”, dijo Polyanskiy.
Pero a su juicio, “hay muchas dudas al respecto” y los países que respaldaron la creación de la Junta no pretenden esclarecer la verdad, sino que “buscan tener otra herramienta para presionar a Rusia, presionar a Siria y simplemente distorsionar las acciones que tomamos allí».
El embajador de Siria en ante la ONU, Bashar Ja’afari, defendió a su gobierno con el argumento de que los centros de salud del noroeste de Siria han sido utilizados por «grupos terroristas» en lugar de por médicos.
Según la ONU, más de 450 personas han muerto en la ofensiva sobre Idlib y cientos de miles más han sido desplazados por los combates. La población de Idlib es de aproximadamente tres millones, la mayoría de los cuales habían huido antes de otras partes de Siria devastada por la guerra.
Idlib y zonas cercanas del noroeste estaban cubiertas por un acuerdo sobre las llamadas zonas de «desescalada» para detener el conflicto alcanzado en septiembre por Rusia y Turquía, que respalda a algunos grupos rebeldes en el área.
Pero el acuerdo nunca se implementó completamente después de que los combatientes se negaron a retirarse a preestablecidas “zonas seguras” de distensión. Las batallas se han intensificado nuevamente en las últimas semanas, provocando nuevas oleadas de refugiados que huyen de la conflictiva zona.
Al Assad trata de recuperar el control pleno de Siria después de que las protestas pacíficas en 2011 se convirtieron en una brutal guerra civil que lo vio perder gran parte del país ante grupos radicales y otros grupos armados opositores a su régimen.
Según cifras del Banco Mundial, más de 400.000 personas han muerto en Siria desde 2011, y casi 12 millones más se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los enfrentamientos, tanto dentro de Siria como en el extranjero.
T: MF