El bombardeo contra un centro de detención para migrantes y refugiados en Libia, el miércoles 3, en que murieron decenas de retenidos en el recinto, reavivó el debate sobre el maltrato que reciben las personas que transitan por el turbulento país, mayoritariamente africanas, en su intento de llegar a Europa.
Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) demandó que se investigue el ataque contra el centro de detención de Tajura, a 15 kilómetros de Trípoli, en que había unos 630 detenidos, como parte de un coro mundial que condenó la acción en que murieron al menos 44 personas y otras 130 resultaron heridas.
El Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la ONU como la autoridad legítima de Libia, atribuyó el ataque a Khalifa Haftar, el mariscal rebelde que desde abril inició un asedio sobre la capital del país. El centro se encuentra en un hangar dentro de un campamento militar y resultó alcanzado por los proyectiles aéreos en la madrugada del miércoles 3, hora libia.
El ataque fue precedido de repetidas advertencias sobre la vulnerabilidad de la ubicación de algunos centros de detención de migrantes y refugiados libios, por estar situados cerca de áreas en conflicto entre las facciones que se disputan el control del país del norte africano.
Las inquietudes sobre estos centros donde organizaciones de la ONU y de asistencia humanitaria indican que se producen “horrores inimaginables” se han reavivado con este ataque y alcanzan a dudar sobre su propia existencia.
«Esta no es la primera vez que los migrantes y refugiados se ven atrapados en el fuego cruzado, con múltiples ataques aéreos en o cerca de los centros de detención en Trípoli desde que comenzó el conflicto en la ciudad», dijo Prince Alfani, coordinador médico en Libia de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.
«Lo que se necesita ahora no es una condena vacía, sino la evacuación urgente e inmediata de todos los refugiados y migrantes que se encuentran en centros de detención fuera de Libia», añadió.
Se estima que uos 3.800 migrantes y refugiados se encuentran recluidos en centros de detención administrados por el gobierno en Trípoli y en otros lugares de Libia, en condiciones mayoritariamente inhumanas, según coinciden agencias de la ONU y organizaciones humanitarias.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró “consternada” por el ataque y solicitó una investigación como crimen de guerra sobre el ataque.
“El hecho de que las coordenadas de este centro de detención y el conocimiento de que albergaba a civiles fueran comunicadas a las partes en el conflicto indica que este ataque puede, dependiendo de las circunstancias, constituir un crimen de guerra”, señaló desde la sede de su oficina en Ginebra.
Además, Bachelet reiteró su petición “del cierre de todos los centros de detención de migrantes en Libia, en los que el personal de derechos humanos de las Naciones Unidas documentó graves casos de hacinamiento, tortura, malos tratos, trabajos forzados, violaciones y desnutrición, entre otras graves violaciones de las garantías fundamentales”.
Libia es uno de los principales puntos de partida para los migrantes africanos, que huyen de la pobreza y la guerra, tratando de llegar a Europa desde las costas norafricanas libias mediante una peligrosa travesía por el mar Mediterráneo en precarias embarcaciones.
Pero muchos son interceptados durante esas travesías por la guardia costera de Libia o de países de la Unión Europea, especialmente de Italia, principal punto de destino, y devueltos al territorio libio y encarcelados en algunos de sus más de 34 centros de detención.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) condenaron “enérgicamente” el bombardeo en un comunicado conjunto, donde dijeron que en los últimos meses habían reubicado a 1.500 refugiados o migrantes de los enclaves situados en los puntos más vulnerables a instalaciones en zonas más seguras.
«Incluyendo a las víctimas en Tajura, unos 3.300 migrantes y refugiados permanecen detenidos arbitrariamente dentro y alrededor de Trípoli», subrayaron.
«Además, los migrantes y los refugiados enfrentan mayores riesgos a medida que los enfrentamientos se intensifican en las cercanías. Estos centros deben cerrarse», insistieron.
En mayo, Acnur ya había demandado que se evacuara el centro de Tajura después de que un proyectil cayó a unos 100 metros de distancia, hiriendo a dos migrantes. La metralla de esa explosión atravesó el techo del reclusorio y casi golpeó a un niño.
El ataque del día 3 fue el que tuvo el mayor saldo de víctimas desde que las fuerzas bajo el mando de Haftar lanzaron su ofensiva sobre Trípoli el 4 de abril, desde su bastión del este del país.
Sus fuerzas del Ejército Nacional Libio, que controla un gobierno paralelo al de Trípoli, tiene ya posiciones sólidas cerca de la capital y sostiene que los ataques aéreos son necesarios tras agotarse lo que denominan “medios tradicionales” de la guerra civil que sostienen.
El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró «indignado» por el «terrible incidente» y pidió una «investigación independiente» para procesar a los responsables de lo que muchos observadores llaman un crimen de guerra, dijo su portavoz Stephane Dujarric.
«Este incidente subraya la urgencia de proporcionar a todos los refugiados y migrantes un refugio seguro hasta que sus solicitudes de asilo puedan procesarse o puedan repatriarse con seguridad», dijo Dujarric el mismo miércoles 3.
El intento de Haftar de capturar Trípoli ha desbaratado los esfuerzos de la ONU para colaborar con el fin del caos y la devastación en que se mantiene el país del norte de África, rico en petróleo, desde el brutal derrocamiento del régimen de Muammar Gadafi en 2011, en un proceso respaldado por Estados Unidos.
T: MF
