Los recurrentes apagones en la ciudad venezolana de Maracaibo tuvieron un terrible costo para la población. Pero fueron particularmente difíciles para Adrianna, una mujer de 24 años con una discapacidad cognitiva que detuvo su desarrollo intelectual a sus seis años.
Sin la electricidad, Carolina*, su madre, no podía poner la música o los programas de televisión que tranquilizaban a Adrianna*.
Carolina, por otro lado, era activista de la oposición y a medida que la situación se deterioraba en Maracaibo, con apagones cada vez más frecuentes y duraderos, a la familia se le negó acceso a servicios básicos como represalia por su activismo político.
Sin acceso a agua, televisión o música, Adrianna comenzó a tener ataques, en los que se arrancaba el cabello o se lastimaba. Debido al empeoramiento de la condición de Adrianna y la represión que enfrentaban a diario por su postura política, la familia no vio otra opción más que huir.
“Siempre nos estaban poniendo obstáculos”, dice Carolina. “No podíamos ver a nuestra hija en una situación tan desesperada”, cuenta esta madre, cuyo apellido como el de su hija se reservan por seguridad.
La familia huyó de Venezuela, buscando seguridad en la nación andina de Ecuador.
Historias como las de Adrianna y Carolina son trágicamente comunes entre los aproximadamente cuatro millones de venezolanos que buscan seguridad fuera de su país natal.
Un nuevo informe de monitoreo de protección realizado por Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, difundido el 19 de julio, muestra que más del 50 por ciento de las personas refugiadas y migrantes venezolanas entrevistadas enfrentan riesgos graves y específicos durante su viaje.
La edad, el género, la salud u otras necesidades hacen que la mitad de los venezolanos que huyen, como Adrianna, sean particularmente vulnerables y necesiten urgentemente protección y apoyo.
Otros han tenido que recurrir a prácticas de alto riesgo para hacer frente a su viaje, como el trabajo sexual, la mendicidad o mandar a sus hijos menores de edad a trabajar.
Tal fue el caso de Sajary*, una mujer transgénero de 20 años que salió de Venezuela para ir a Brasil en busca de medicamentos para su madre enferma. Sajary había gastado casi todo su dinero para llegar a Brasil y, al no contar con el apoyo de alguien más, tenía problemas para costear en lugar donde vivir, y aún más, para pagar por la comida o el tratamiento de su madre, por lo que se encontró frente a una terrible elección.
“No sabía qué hacer”, recordó Sajary, quien cruzó la frontera hacia el estado brasileño de Roraima en febrero de 2018. Un amigo mencionó la posibilidad del trabajo sexual como una manera de sobrevivir. “Nunca antes había hecho eso, pero pensé que si no lo hacía, no podría comer. Tendría que dormir en las calles”, narró.
No pudo con el trabajo y lo dejó rápidamente, solo para encontrarse durmiendo en un pedazo de cartón en una plaza en Boa Vista, la capital de Roraima. “Estaba comiendo una vez al día”, dijo.
Domingo*, mientras tanto, tenía 72 años cuando llegó solo a Maicao, en Colombia. Bibliotecario de profesión, pasó 25 años trabajando en una de las mejores universidades de Venezuela.
Pero cuando llegó a Maicao, habían pasado semanas desde que Domingo había tenido una comida adecuada. No pudo evitar pensar en la idea de abandonar su batalla para mantenerse con vida.
“A menudo me siento inútil”, dijo. “Siento que todavía podría ser productivo, pero estoy solo, no tengo nada conmigo y nadie quiere contratar o alquilar una casa a alguien de mi edad”, añadió.
“El acceso al empleo, el alojamiento y la documentación son algunas de las necesidades prioritarias de los refugiados y migrantes de Venezuela, como lo demuestra el informe de monitoreo de protección”, dijo Renata Dubini, directora de la Oficina de ACNUR para las Américas.
“El informe también muestra lo difícil que es para los refugiados y migrantes venezolanos acceder a sus derechos básicos. A pesar de la solidaridad y los esfuerzos de los principales países de acogida de la región, solo el mayor apoyo de la comunidad internacional puede llevar a una respuesta fortalecida para satisfacer mejor las necesidades específicas de los más vulnerables”, agregó.
Si bien los países de acogida han mostrado generosidad al abrir sus puertas a los refugiados y migrantes de Venezuela, no siempre tienen la capacidad de brindar asistencia muy necesaria, especialmente para aquellos con necesidades especiales, como Domingo y Adrianna.
Los países de acogida también han luchado para garantizar que los venezolanos no se vean obligados a recurrir a actividades de alto riesgo, como Sajary.
Después de una semana de dormir en las calles de Boa Vista, un funcionario del ACNUR se acercó a Sajary y le encontró una vacante en un albergue temporal.
Tres meses después, participó en un programa, liderado por el gobierno brasileño y apoyado por la Comisión de Derechos Humanos y otras agencias de las Naciones Unidas, que traslada a los venezolanos en Boa Vista a otras ciudades brasileñas con mejores perspectivas de trabajo e integración.
Sajary se mudó a la ciudad amazónica de Manaus y fue referida al primer albergue de Brasil específicamente para personas refugiadas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, o LGBTI. Desde entonces, ha encontrado un compañero y un lugar al que llamar hogar. Ella todavía está buscando un trabajo.
En Ecuador, Adrianna tiene acceso a los programas de televisión y la música que necesita para relajarse. Ya no se está haciendo daño, y su cabello ha comenzado a crecer nuevamente.
También se inscribió en una clase de baile semanal que la ayudó a encontrar la paz. Sin embargo, su familia aún tiene que encontrar una escuela donde pueda recibir el apoyo especializado que necesita.
Domingo se encuentra en un albergue temporal cerca de la región norteña colombiana de La Guajira, donde se reorganiza mientras considera sus próximos pasos.
Acnur apoya los esfuerzos de los países latinoamericanos para armonizar sus políticas y prácticas, coordinar la respuesta humanitaria y mejorar el acceso a los servicios y derechos para las personas refugiadas y migrantes venezolanas.
El informe de monitoreo de protección se basa en una encuesta hecha a cerca de 8.000 familias venezolanas que huyeron de sus hogares, y se realizó en ocho países de América Latina y el Caribe entre enero y junio de 2019.
Además de proporcionar datos cruciales sobre esta población y sus necesidades, la encuesta ya ha dado como resultado acciones concretas, con más de 1.500 participantes remitidos para recibir asesoramiento o servicios.
* Los apellidos fueron eliminados por razones de protección
Con los aportes de Ilaria Rapido, desde Quito, y Victoria Hugueney, desde Manaus.
Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur. IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la difusión de sus contenidos.
RV: EG
