Los ataques contra las escuelas en Afganistán se triplicaron entre 2017 y 2018, según un nuevo informe de Unicef, cuando pasaron de 68 a 192, y es probable que esa alarmante cifra suba este año porque el gobierno va a utilizar nuevamente para unos comicios las instalaciones educativas, esta vez para las elecciones presidenciales.
El informe se lanzó en paralelo a la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, realizada en la ciudad española de Palma de Mallorca, donde la comunidad internacional discutió el cumplimiento de la Declaración sobre Escuelas Seguras, destinada a proteger a estudiantes, profesores, profesoras e instituciones educativas en medio de conflictos armados.
Se trata de un compromiso intergubernamental adoptado en Oslo en 2015, nacido como instrumento para propiciar esa seguridad. Pero los participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca, celebrada entre el 27 y el 29 de mayo, criticaron su efectividad y dudaron de la voluntad de los gobiernos involucrados y la comunidad internacional en cumplir lo acordado.
La directora ejecutiva de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Henrietta Fore, expresó su preocupación porque la educación esté «bajo fuego en Afganistán», al presentar el informe el 27 de mayo.
«Los ataques sin sentido a las escuelas; los asesinatos, lesiones y secuestros de maestros; y las amenazas contra la educación están destruyendo las esperanzas y los sueños de toda una generación de niños», dijo en un comunicado.
El martes 4, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que «debido al conflicto en Afganistán, más de 1.000 escuelas cerraron a fines del año pasado, dejando a medio millón de niños sin escuela».
De hecho, la mitad de los escolares de entre siete y 17 años no asiste a las escuelas en ese país de Asia, lo que equivale a 3,7 millones de niños y adolescentes.
La oleada de ataques se produce cuando las escuelas están siendo arrastradas a convertirse otra vez en foco del conflicto en Afganistán al mantenerlas como centros de registro electoral y votación para las elecciones presidenciales del 28 de septiembre, pese a que el país suscribió la Declaración de Escuelas Seguras.
El uso de los centros escolares como colegios electorales es habitual en el mundo pero en el caso afgano coloca a las instalaciones como foco de ataques, al igual que sucedió en los comicios de 2014 y 2018.
La mayoría de las escuelas atacadas en 2018 habían sido utilizadas durante las elecciones legislativas de ese año.
Anthony Neal, gerente de Defensa del no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) y participante en el encuentro de Palma de Mallorca dijo a IPS que «de los 192 ataques a escuelas que se llevaron a cabo el año pasado en Afganistán, 92 fueron relacionados con las elecciones”.
“Usar las escuelas de esta manera las coloca directamente en la línea del frente «, planteó.
«En muchos países del mundo, las escuelas se utilizan como centros de votación, incluso recientemente en toda Europa para las elecciones legislativas europeas”, dijo Neal. “Lamentablemente no es el caso en Afganistán, donde las elecciones se consideran la expresión de una gran división entre los diferentes lados del conflicto”, planteó.
Patricia Gossman, investigadora principal en Afganistán de Human Rights Watch (HRW), coincidió a IPS en que “un lugar de votación será un objetivo desafortunadamente, dada la actitud de los talibanes hacia las elecciones».
Organizaciones sociales como NCR y HRW y agencias de la ONU han pedido que las mesas electorales y los centros de registro de votantes se retiren de las escuelas.
«Muchas escuelas en todo Afganistán están siendo utilizadas actualmente por las fuerzas armadas», dijo Neal, «para proteger la educación en Afganistán, las personas que apoyan las elecciones deben encontrar sitios alternativos de votación y registro de votantes».
A pesar de este llamado para encontrar nuevos lugares para las actividades electorales, el gobierno afgano no parece haber avanzado en la búsqueda de esos locales alternativos, y los informes indican que ya están preparando edificios escolares para las elecciones presidenciales.
“No han hecho preparativos para utilizar otro tipo de instalación», dijo Gossman, aunque ello «no está fuera del alcance” de los responsables de los procesos electorales.
La activista sugirió usar tiendas de campaña como cabinas de votación, que se han utilizado con éxito en otros países en el pasado, y son independientes, neutrales y baratas.
Con las próximas elecciones programadas para septiembre, Afganistán podría ver un empeoramiento en una situación educativa ya precaria.
Según el Banco Mundial, Afganistán tiene una tasa de alfabetización de solo 31 por ciento, una de las más bajas del mundo. Esto se debe en parte a la prohibición casi completa de la educación femenina bajo el régimen islamista talibán de 1996 a 2001.
Los ataques a centros educativo y al propio derecho a la educación en Afganistán son parte de un problema global que la comunidad internacional ha intentado abordar.
Durante la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, Mark Lowcock, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia dijo: «en los últimos cinco años, se reportaron más de 14.000 ataques a la educación en 34 países».
Afirmó que la falta de adhesión a la Declaración de Escuelas Seguras, de la que Afganistán es signatario, es en parte culpable; «cuando los países se suscriben a la declaración, tienen que cumplir con las obligaciones en virtud de ella», agregó, «estamos viendo demasiados ejemplos de fuerzas que ocupan las escuelas. Eso tiene que terminar».
Sin embargo, en el caso específico de Afganistán, la efectividad de la Declaración de Escuelas Seguras parece cuestionable.
Al reflexionar sobre la intensidad de la violencia en Afganistán, Gossman señaló que «incluso las mejores intenciones parecen palabras al viento una vez que te enfrentas a este tipo de ritmo de conflicto».
Agregó que «hay todo tipo de promesas en papel que se ven muy bien, pero que faltan severamente la implementación y el cumplimiento».
Si bien la Declaración de Escuelas Seguras puede apuntar a proteger la educación en tiempos de conflicto, cuando se enfrenta a un contexto en el que la educación está siendo atacada violentamente, parece impotente para impulsar un cambio real, coincidieron los expertos consultados, en coincidencia con participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca.
T: MF
