Los jóvenes rohinyás refugiados en Bangladesh enfrentan mayores dificultades desde que el gobierno de ese país adoptó nuevas medidas para impedir su acceso a la educación, con lo que quedan limitadas desde temprano sus oportunidades en el futuro.
Desde enero, el gobierno de Bangladesh ordenó la expulsión de los niños refugiados rohinyá de las escuelas, una decisión que ha provocado la protesta de los grupos de derechos humanos.
«La política del gobierno de Bangladesh de rastrear y expulsar a los estudiantes refugiados rohinyás en lugar de garantizar su derecho a la educación es errónea, trágica e ilegal… La educación es un derecho humano básico», dijo el investigador principal de derechos humanos de Human Rights Watch (HRW), Bill Van Esveld.
«Si la educación es para todos, la educación debería ser para los rohinyás también», dijo a HRW un estudiante expulsado de esa etnia musulmana procedente de Birmania (Myanmar).
Los estudiantes expulsados son parte de los 34.000 refugiados rohinyás registrados que viven en campamentos en los sub-distritos de Teknaf y Ukhiya en Cox’s Bazar. De hecho, la mayoría nacieron en Bangladesh después de que sus familias huyeron de la vecina Birmania a principios de los años 90.
Sin embargo, la mayoría de los niños rohinyás, incluidos los nacidos en Bangladesh, no son reconocidos formalmente como refugiados y no se les permite inscribirse en las escuelas de ese país del sur de Asia.
Para soslayar la prohibición, las familias rohinyás a menudo pagaban certificados de nacimiento como bangladeshíes u otros documentos para que sus hijos pudieran asistir a la escuela.
Un estudiante dijo que su familia ahorró durante meses para pagar el equivalente a 42 dólares a fin de comprar un certificado de nacimiento de Bangladesh para que él pudiera pasar como ciudadano del país.
Otro estudiante fingió que sus padres estaban muertos para evitar incluir la dirección de su campamento de refugiados en la solicitud de su escuela.
En enero, los funcionarios notificaron a los directores de siete escuelas secundarias en Teknaf y a un funcionario del gobierno en Ukhiya que los alertó sobre el aumento en la asistencia escolar de los niños rohinyás y calificó como «representantes públicos deshonestos» a aquellos que les habían ayudado a adquirir documentos para soslayar la prohibición de escolarizarse.
«Las agencias de inteligencia de la Oficina del Primer Ministro nos informaron que los niños rohinyás asisten a diferentes instituciones educativas en el sub-distrito de Teknaf. Se ordena … tomar medidas estrictas para que ningún niño rohinyá pueda asistir a ninguna institución educativa de Bangladesh fuera de los campamentos”, decía el aviso de alerta.
Si bien no está claro cuántos rohinyá fueron expulsados desde que se envió el aviso, la notificación incluía los nombres y direcciones de al menos 44 estudiantes rohinyás identificados, con la orden de expulsión inmediata de los centros escolares.
Adicionalmente, en el documento se exigía que se identificase cualquier otro miembro de la etnia y se procediese igualmente.
El fundador de una escuela secundaria dijo que los funcionarios de inteligencia le advirtieron que tener estudiantes rohinyás «no era seguro para el país, ni para nuestra gente».
Van Esveld criticó la medida y dijo: «La solución para los niños que se sienten obligados a falsificar sus identidades para ir a la escuela secundaria no es expulsarlos sino permitirles que obtengan la educación que merecen».
Mohammed fue uno de los estudiantes que contó a HRW como fue el día de su expulsión.
«(El director) dijo que si había un rohinyá, el Ministerio de Educación cancelaría la licencia para operar de la escuela”, explicó.
“Cuando se leyó el aviso, el director aseguró: ‘Sé quiénes son todos los rohinyá. No lo dudes, deja tus libros e identificaciones aquí y vete. En la clase, frente a los estudiantes bangladesíes, nos separaron y nos dijeron que nos fuéramos «, añadió.
Rahim, otro alumno, estaba en la clase de inglés cuando llegó un subdirector y les pidió a los estudiantes rohinyás que se fueran.
«Fui a un lugar reservado y lloré. Mi objetivo era ser médico. ¿Qué debo hacer ahora?», se preguntó.
Dentro de los campamentos de refugiados hay algunas escuelas, no están acreditadas formalmente y solo llegan hasta el octavo grado de primaria y carecen de cursos de educación media.
Los niños refugiados en escuelas de campamento también tienen prohibido tomar exámenes nacionales o recibir certificaciones oficiales que indiquen que aprobaron algún nivel de educación.
Sin la educación formal, los niños rohinyá no pueden demostrar su nivel de educación y tampoco postularse para el ingreso a las universidades.
HRW instó a Bangladesh a detener la expulsión de estudiantes rohinyás de los centros escolares y a garantizar que todos los niños puedan recibir una educación formal.
En abril de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas también expresó preocupación por la falta de acceso de los rohinyás a la educación e instó a Bangladesh a que incorporase plenamente a su derecho interno el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que el país es parte.
Ese Pacto incluye la importancia de los derechos de los niños en todos los niveles de educación, independientemente de su estatus migratorio o de refugiado.
«Mientras los niños refugiados rohinyás no puedan obtener una educación formal en los campamentos, Bangladesh debería permitirles inscribirse en las escuelas locales», dijo Van Esveld.
«El gobierno debería dejar de frustrar el derecho de los estudiantes rohinyás a aprender”, insistió.
