Trinidad y Tobago dio a conocer su sistema de verificación, monitoreo e información, presentado por las autoridades como un hito en los esfuerzos de este país caribeño por reducir sus emisiones de carbono en función de sus compromisos en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en 2015.
Y a pesar de que un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señala que es poco probable que ese tipo de esfuerzos eviten que la temperatura global aumente más de 1,5 grados centígrados, con respecto a la época preindustrial, el jefe de negociadores, Kishan Kumarsingh, está entusiasmado.
El Acuerdo de París es la base para que el mundo ponga en marcha una transición gracias al ejercicio de “voluntad política” y soberanía nacional, dijo a IPS.
“Todo redunda en la función de la voluntad política”, explicó. “Porque la eficiencia del derecho internacional es invariablemente una función de la voluntad política porque está sostenida por la soberanía nacional”, precisó.
Son los gobiernos los que crearán un entorno propicio para un mundo libre de carbono, ya que esos mismos gobiernos, no los ciudadanos, son los que negocian los acuerdos climáticos, añadió.
Leon Sealey-Huggins, especialista en Desarrollo Sostenible Global, de la Universidad de Warwick, piensa que allí radica el problema para el Caribe, en sus esfuerzos por garantizar un futuro en el contexto del cambio climático.
“Si tan siquiera es posible o no, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lograr el tipo de cambio que necesita el Caribe, es cuestionable”, dijo Sealey-Huggins a IPS.
“Las estructuras globales de toma de decisión como la ONU nacen como herencia del imperialismo y de la globalización”, indicó, con sus desiguales estructuras de poder y de distribución de la riqueza, las que contribuyeron a las actuales dificultades que tiene el Caribe con el cambio climático y a su incapacidad de defenderse realmente”, explicó.
Por ello, según Sealey-Huggins, las soluciones promovidas en las negociaciones de cambio climático tendieron a concentrarse más en fondos para “enfoques más técnicos”, como los sistemas de verificación, monitoreo e información (MRV, en inglés), que no permiten la “reorganización social, política y económica”, capaz de cambiar la agenda climática hacia soluciones innovadoras y hacia una transformación significativa.
El nuevo sistema MRV de Trinidad y Tobago se concentrará en las emisiones de la industria, el transporte y la generación de energía, lo que permitirá identificar la fuente y el volumen de las emisiones y así ayudar a reducir las emisiones en esos tres sectores en 15 por ciento para 2030, explica un comunicado de prensa del Ministerio de Desarrollo y Planificación.
Pero esas soluciones “limitan otras opciones en términos de qué se financia”, lo que acota las investigaciones en otras posibles soluciones, explicó Sealey-Huggins, a pesar de la evidencia de que la trayectoria global hacia la reducción de emisiones de carbono no es suficiente para lograr los objetivos del Acuerdo de París.
Kumarsingh sostiene que hay señales de avances, en particular desde la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhague, en 2009, como por ejemplo la creación del Fondo Verde para el Clima y del Mecanismo Internacional de Varsovia, con la delicada cuestión de pérdidas y daños.
“El Fondo Verde para el Clima es una de las manifestaciones del avance en la búsqueda de reunir fondos y apoyo para los países en desarrollo”, remarcó.
“No es un tema sencillo que los intereses de los países en desarrollo queden fuera de las negociaciones, porque son negociaciones por naturaleza y, aún entre los países ricos, y entre los países en desarrollo hay variados intereses”, apuntó.[related_articles]
La cuestión de las pérdidas y daños resultó ser un “desafío”. Pero además de eso, “hay una aceptación generalizada de que más allá de la adaptación está la cuestión de la pérdida permanente que es necesario atender”, añadió Kumarsingh.
Pero falta definir cómo se atenderán esos asuntos, pues la reparación económica por sí sola podría no ser suficiente para compensar las pérdidas.
“¿Será adecuada la compensación económica por la pérdida de una isla para la propia población? Esas ideas se ventilan ahora y se discuten. Pero la cuestión sencilla de la indemnización no sucederá por la naturaleza histórica de las propias negociaciones”, explicó Kumarsingh a IPS.
Los países se sientan en la mesa de negociaciones con la intención primordial de proteger los intereses de su propio país, no los de otro, subrayó.
Y si bien los países en desarrollo aceptaron que tienen la responsabilidad hacia los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) en términos de transferencia de tecnología y de fondos, reconoció que el suministro de esa ayuda podría aumentarse.
“Por supuesto, podría hacerse más por promover la cooperación multilateral, proteger el planeta en su totalidad del cambio climático, pues es un problema de todos, en particular dada la urgencia y la aceleración que hemos visto en los últimos años”, añadió Kumarsingh.
Por su parte, la exembajadora de Granada en la ONU, Dessima Williams, quien presidió la Asociación de Pequeños Estados Insulares, entre 2009 y 2012, dijo a IPS que los efectos de los eventos climáticos en el desarrollo económico de la región fueron motivo de gran preocupación y que es un asunto que necesita más acciones.
“La cuestión del riesgo debe extenderse más allá de los eventos climáticos para calcular la creciente carga económica que esos eventos colocan en los países que ya están atados con deudas por proyectos de desarrollo”, añadió.
Pero independientemente de que los PEID del Caribe logren que sus preocupaciones por los fondos disponibles entren en la agenda global, “bien podría ser este un tema de capacidad de negociación y de habilidades para negociar, el hecho de lograr obtener lo que uno quiere”, concluyó Kumarsingh.
Traducción: Verónica Firme
