Cuando anochece en El Alto, una ciudad boliviana rodeada por los Andes, resulta difícil ver a las mujeres por las oscuras calles. Esto se debe a que a las mujeres y las niñas se les dice que se queden en casa, por su seguridad. Sin embargo, algunas de ellas no pueden evitar salir.
“Nos afecta mucho”, explica Rosa Juana Quispe Vargas, vendedora local de 42 años de edad, madre soltera y líder comunitaria en la zona de Lotes y Servicios de El Alto. “Antes de subirnos a un minibús por las noches debemos mirar primero para ver si hay alguna mujer, porque si sólo hay hombres, nos acosan. En las calles, si nos encontramos con lugares oscuros, tomamos otro camino”.
Es uno de los problemas de vivir en esta ciudad en expansión a tan sólo 15 km de la capital de Bolivia, La Paz. El Alto, que en el pasado era una desolada comunidad tranquila, se ha convertido en la segunda mayor ciudad del país, y la que está creciendo con mayor rapidez.
“Tengo una tienda en la zona y he visto varias veces a mujeres y niñas agredidas por hombres, en ocasiones sus propios esposos”, dice Quispe Vargas. “El machismo no ha desaparecido; de hecho, ahora la situación es peor que antes, aunque ahora contamos con la Ley 348 (una ley que prohíbe la violencia contra las mujeres)”, añade.
Una encuesta llevada a cabo por el gobierno sobre la prevalencia de la violencia de género en Bolivia descubrió que, en el departamento de La Paz, al que pertenece El Alto, un 87% de las mujeres afirmaba haber experimentado alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida, y un 66% declaraba haber sufrido algún tipo de violencia sexual.
En 2018, cuando El Alto pidió participar en la Iniciativa emblemática mundial “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros” de ONU Mujeres, esta organización, utilizando fondos de la República de Corea, realizó un estudio de alcance con el objetivo de conocer mejor la naturaleza de la violencia y dónde se produce.
El estudio identificó las calles, los bares y el transporte público como lugares con mayor probabilidad de que ocurra acoso sexual y otras formas de violencia sexual, y detalló los mecanismos de protección que utilizan las mujeres.
“Me fijo en si los autobuses tienen logotipos de sindicatos de transporte”, relataba una joven entrevistada en el marco del estudio. “Miro si hay personas ebrias y escribo un mensaje de Whatsapp a mi familia para que sepan que voy en el autobús. Observo detrás de mí para ver si alguien me vigila y oculto mi monedero”, afirma.
En El Alto, el nuevo programa Ciudad Segura busca aumentar la seguridad y mejorar la calidad de vida de las mujeres mediante el desarrollo y la aplicación de un enfoque local con respecto a la prevención de la violencia sexual en los espacios públicos y la respuesta a este problema.
En el futuro, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el programa colaborará con las autoridades locales (la policía, el gobierno local y el sector del transporte), las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y otros socios en el diseño de servicios para las sobrevivientes, la integración de las cuestiones de género en la planificación urbana y el impulso a las iniciativas de movilización comunitaria dirigidos a prevenir este tipo de violencia.
“Es importante que la planificación incluya a las mujeres”, explica Patricia Urquieta, del programa de Ciencias del Desarrollo en la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) e investigadora principal del estudio de alcance de El Alto.
Según afirma, “las ciudades deben ser lugares en los que las mujeres puedan ejercer con libertad su derecho a la felicidad, su derecho a moverse, a crecer…”. La planificación del transporte público, las aceras, etc., deben tener en cuenta la economía de los cuidados y la movilidad de las personas que atienden a otras… El urbanismo feminista promueve la seguridad, pero también la vitalidad”.
Señala Urquieta que se necesita un enfoque sensible al género en la planificación de todos los departamentos municipales, que debe incluir inversiones en infraestructuras públicas (agua potable segura, saneamiento mejorado, alumbrado, creación de puestos en los mercados), junto con capacitación para las mujeres a fin de dotarlas de conocimientos básicos en materia financiera y de desarrollo económico.
Más de un tercio de la población de El Alto vive en la pobreza.
A pesar de que la tasa de participación de las mujeres bolivianas en el mercado de trabajo es la más elevada de la región (62%), es necesario mejorar urgentemente sus condiciones de vida y de trabajo.[related_articles]
Determinados grupos de mujeres, como las indígenas y las migrantes, así como las jóvenes, presentan una vulnerabilidad particular al acoso sexual en espacios públicos, y se observa una falta de servicios públicos para las mujeres trabajadoras.
“Las mujeres demandan principalmente guarderías para el cuidado de sus hijas e hijos, ya que esto mejoraría sus recursos financieros al poder dedicarse a tiempo completo a actividades comerciales”, añade Ariel Ramírez Quiroga, subdirectora de la Fundación Munasim Kullakita, socio local del programa.
También es importante crear conciencia entre las mujeres y hombres sobre el reparto del trabajo de cuidados, explica.
“Muchas madres no querían que sus hijas participaran en los talleres de prevención que organizamos porque eso las obligaba a disponer de menos tiempo para las labores domésticas y las responsabilidades de cuidado… es preciso conseguir que la carga del cuidado no recaiga exclusivamente en las mujeres y distribuir el trabajo doméstico y de cuidados de manera más equitativa entre hombres y mujeres”, explica Ramírez Quiroga.
Cecilia Enríquez, directora del programa Ciudad Segura en El Alto, confía en el éxito del programa porque “entre otros factores, el Gobierno sabe que este programa logra resultados concretos y ha priorizado este trabajo en la agenda urbana; además, está invirtiendo esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres”.
En 2019, el programa Ciudad Segura de El Alto examinará las leyes y políticas dirigidas a prevenir y responder a la violencia sexual en los espacios públicos.
Las autoridades, organizaciones de mujeres y socios comunitarios recibirán capacitación para llevar a cabo un seguimiento de la eficaz aplicación de las leyes y políticas, así como para asegurarse de que las leyes se acompañen de recursos suficientes para marcar una diferencia en la vida de las mujeres.
“Queremos que la comunidad influya en el diseño de las políticas públicas municipales”, afirma Ramírez Quiroga.
“Las mujeres también necesitan sus espacios para organizarse y exigir un cambio. Las ONG, fundaciones e instituciones pueden ofrecerles las herramientas precisas para su labor de promoción y defensa, pero las decisiones deben ser adoptadas por las mujeres en toda su diversidad”, concluye.
Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre el Día Internacional de la Mujer. IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres.
RV: EG
