Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud en el mundo, entre ellas 25 millones realizando trabajos forzosos y 15 millones en matrimonios forzados, 71 por ciento de las cuales son mujeres y niñas, concluyó un exhaustivo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y la situación podría haber empeorado desde que se publicó “Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna”, en 2017, realizado en colaboración con la Fundación Walk Free.
La Red Safe Haven, con sede en Chicago, calificó la trata de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”.
En la actualidad, la esclavitud y la discriminación racial son dos lados de la misma moneda en Estados Unidos, donde el racismo se hizo más visible bajo la bandera nacionalista de la “supremacía blanca”, resurgida con el demagógico gobierno de Donald Trump.
A pesar de estar prohibida en todas partes del mundo, la esclavitud adoptó nuevas formas como la trata y el tráfico de personas, el reclutamiento de niños soldados, el matrimonio precoz, la servidumbre doméstica, tanto en el Sur como en el Norte global.
Los trabajadores migrantes, ya sea en plantaciones de naranja en Italia o en la construcción, en Qatar, están en riesgo, puntualizó Karolin Seitz, oficial de programa para responsabilidad corporativa y derechos humanos de Global Policy Forum, con sede en Bonn, en diálogo con IPS.
La experiencia muestra que los compromisos voluntarios de las compañías trasnacionales no son suficientes, puntualizó.
No alcanza porque países como Gran Bretaña, con su Ley contra la Esclavitud, Australia, con su Ley sobre la Esclavitud Moderna, o Francia con su Ley de Vigilancia, llegaron a la conclusión de que solo funcionan las normas vinculantes.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de los refugiados y migrantes en Europa concluyó que los trabajadores migrantes tienen más probabilidades de trabajar una cantidad excesiva de horas en empleos riesgosos y sin las medidas de seguridad adecuadas y sin quejarse.
Las víctimas de trata o tráfico quedan fuera del radar de las autoridades y no tienen acceso a la justicia, observó Seitz.
Según ella, para eliminar las ventajas competitivas que ofrece la esclavitud moderna, la trata de personas y la contaminación ambiental, los mecanismos de derechos humanos necesarios deben ir más allá de los límites fronterizos, opinó Seitz.
Por su parte, la secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, en inglés), Sharan Burrow, dijo a IPS que la desigualdad y la esclavitud moderna van de la mano para millones de personas. Pero es posible terminar con esta última.
“La esclavitud moderna está en todas partes, desde el kafala (sistema en que trabajadores migrantes tienen un patrocinador local, responsable de su visa y su estado legal) en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pasando por las haciendas de Paraguay y la pesca en Tailandia y Filipinas, hasta la agricultura en Italia”, observó.
“Es una cuestión de voluntad política generar los cambios legales y garantizar la libertad de asociación, que derivará de exponer el escándalo y de las campañas de trabajadores, consumidores y sindicatos. Los gobiernos deben ejercer presión sobre las corporaciones, la gente lo reclama”, añadió.
La directora de la oficina en Medio Oriente y África del norte de Igualdad Ya, Dima Dabbous, dijo a IPS que la OIT estima que hay 1,6 millones de mujeres migrantes en la región viviendo bajo el kafala.
En los países del Golfo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación vulnerable pues trabajan en el ámbito doméstico, sujetas a un empleador sin poder renunciar ni cambiar de empleo ni irse del país sin el consentimiento de su patrocinador, el que las puede amenazar con deportarlas en caso de que protesten por las condiciones laborales, precisó.
En esas condiciones, abusos como restricción de movimiento, retención del pago y agresión física y sexual son moneda corriente. Y en casos extremos, causaron la muerte de alguna mujer, indicó Dabbous, exdirectora del Instituto de Estudios de Mujeres en el Mundo Árabe.
En Líbano se lograron ciertas mejoras en el tipo de contratos que regulan el trabajo de mujeres migrantes que realizan tareas domésticas, como descanso semanal, el pago en fecha del salario y que las que sufren abusos recurran a las autoridades.
Pero no se logró un gran cambio porque los contratos no están escritos en una lengua que hablen las empleadas migrantes ni las autoridades velan por su cumplimiento.
“Los empleadores les siguieron confiscando los pasaportes, todavía no tienen un día de descanso semanal y tienen muy pocas posibilidades de quejarse ante las autoridades o de denunciar un abuso”, se lamentó Dabbous.[related_articles]
La OIT y otras organizaciones no gubernamentales internacionales deben seguir denunciando el sistema de kafala que hace que las mujeres migrantes queden sujetas a sus empleadores como si fueran esclavas, subrayó.
Además, la comunidad internacional debe ayudar a las organizaciones locales a abolir o reemplazar ese sistema.
Las leyes, si bien tienen falencias y presentan dificultades en su implementación, obligan a las grandes compañías a realizar declaraciones precisando el riesgo de esclavitud en su cadena de suministro, así como las acciones que toman para evitarlo, destacó Seitz, de Global Policy Forum.
Otros países, en cambio, todavía creen en medidas voluntarias. El Plan de Acción Nacional de Alemania para la implementación de los Principios Guía de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos carece de responsabilidad, en parte también por la gran presión de las empresas.
A fin de fijar estándares comunes y sólidos a escala mundial, los Estados deben apoyar el proceso actual en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear un tratado vinculante que regule a las empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos, instó.
El documento debería requerir que los Estados establezcan la obligatoriedad de la diligencia debida en materia de derechos humanos, que las compañías se hagan responsables por romperla en casos de violación y que eliminen los impedimentos que tienen las víctimas para acceder a la justicia, precisó Seitz.
El trabajo es más inseguro en el mundo, con el predominio de contratos a corto plazo, y aumentan el trabajo informal y la esclavitud moderna, puntualizó Burrow, de ITUC.
La desigualdad de ingresos hace que la gente acepte empleos en condiciones de explotación, lo que impide a los trabajadores ejercer sus derechos.
“Cuando hay salarios bajos y no hay un empleo decente, cuando no hay sindicatos que representen y defiendan los derechos de los trabajadores, se crean las condiciones que llevan a la esclavitud moderna”, apuntó.
La debida diligencia y la transparencia son clave para poner fin a la esclavitud moderna en la cadena de suministro, subrayó.
Cuando las corporaciones asumen su responsabilidad con la debida diligencia y, por consiguiente, le dan transparencia a su cadena de suministro, es posible crear procedimientos de reclamo que pueden facilitar una solución a violaciones laborales, desde el trabajo forzado a un sueldo por debajo del salario mínimo.
Una ley sobre debida diligencia con nuevo mandato se está por adoptar en Francia, y otros países como Alemania y Holanda se preparan para seguir el mismo camino, apuntó.
Traducción: Verónica Firme
