Desde que el huracán Iván, de categoría cuatro, golpeó en 2004 a la diminuta isla de Granada, con vientos de 151 millas por hora que devastaron a este país caribeño y que, tras azotar a otras islas, dejó a unas 15 personas muertas, varios desastres naturales más han puesto en riesgo la supervivencia en esta región.
Y la destrucción que dejaron los huracanes Irma y María tras su paso por el Caribe el año pasado puso otra vez en evidencia la vulnerabilidad de los países insulares.
También subrayó la necesidad de contar con una sólida base de recursos naturales para conservar y para consolidar la resistencia de comunidades y ecosistemas a las consecuencias del cambio climático, que serán todavía más severas en el futuro.
“Construir la resiliencia de la región al cambio climático, los desastres naturales y los cambios ambientales no solo es un imperativo necesario y un desarrollo urgente, sino también un requisito fundamental para garantizar nuestra supervivencia en tanto que personas”, dijo a IPS el primer ministro de Granada, Keith Mitchell.
“No tenemos más opción como región que buscar un desarrollo climáticamente inteligente a medida que avanzamos en la construcción de un Caribe resistente al clima”, acotó.
Granada está entre los 10 países del Caribe que reciben ayuda del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés) para hacer frente a la gestión del agua, la tierra y la biodiversidad, así como el cambio climático.
En el marco del proyecto regional Integrando la Gestión del Agua, la Tierra y los Ecosistemas en los Pequeños Estados Insulares del Caribe, los países de la región implementan iniciativas nacionales en lugares específicos para mejorar las posibilidades de generar ingresos y obtener beneficios socioeconómicos para ciertas comunidades puntuales a partir del funcionamiento de servicios mejorados de ecosistemas.
Los lugares donde se llevan adelante proyectos en la parte alta de la cuenca del Soufriere, en Santa Lucía, en áreas de la cuenca de Cedar Grovey Cooks y de McKinnons Pond, en Antigua, así como de Negril Morass, en Jamaica.
“Ajustarse a los nuevos requisitos normales requiere esfuerzos coordinados e integrales para incluir consideraciones climáticas en la planificación del desarrollo”, explicó Mitchell.
“En la práctica, eso requerirá cambiar el foco, de un desarrollo sostenible hacia un desarrollo sostenible y climáticamente inteligente”, apuntó.
Además de Granada, también participan en el proyecto Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, República Dominicana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, los que también buscan fortalecer reformas políticas, legislativas e institucionales, así como la construcción de capacidades.
La mitad de los 10 países, Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, pertenecen a la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). Su participación en el proyecto regional se realiza gracias a la contribución del GEF, que aporta 20 millones de dólares.
El proyecto también está a cargo de ONU Medio Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y coejecutado por la Unidad de Coordinación Regional del Caribe, de ONU Medio Ambiente, que es la secretaría de la Convención para la Conservación y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena).
Los países de la OECO son signatarios del Convenio de Cartagena, un acuerdo integral que abarca la conservación y el desarrollo del ambiente marino.
La gestión de los recursos de agua dulce y costeros, del suelo y de los bosques de forma sostenible son desafíos para los pequeños estados insulares en el desarrollo del Caribe, y cuanto más que las economías de la región deben hacer frente a numerosas demandas e, inevitablemente, a otra temporada de huracanes.
Hacer frente a esas dificultades a la vez que se mejora la resistencia social y ecológica al impacto del cambio climático forman parte de los objetivos del proyecto regional.
Las tormentas y los huracanes no tienen por qué terminar en catástrofes, pero como ha dicho muchas veces Mitchell, así sucede en esta región debido a las vulnerabilidades de las comunidades.
“Hemos visto de primera mano cómo la pobreza y las debilidades sociales amplían los desastres naturales. Pero no tiene por qué ser así”, añadió.
“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para mejorar las condiciones de los más vulnerables de nuestra sociedad y empoderarlos para que reciban apoyo para la gesitón de desastres y riesgos climáticos”, subrayó.
Granada, junto con todos los países participantes, se beneficiará de las actividades del proyecto regional destinadas a fortalecer los marcos políticos, legislativos e institucionales, consolidar el monitoreo y la evaluación y la concienciación pública.
En una reunión realizada en Montserrat, la coordinadora regional del Convenio de Cartagena, Lorna Inniss señaló que desde la temporada de huracanes particularmente destructiva de 2017, y quizá como consecuencia de ella, parece crecer la tendencia en la región hacia la consolidación de varias áreas relacionadas de responsabilidad en un solo ministerio.
Granada, por ejemplo, combinó los ministerios de Resiliencia Climática, Ambiente, Bosques, Pesca, Gestión de Desastre e Información. Dominica ahora tiene un Ministerio de Ambiente, Resiliencia Climática, Gestión de Desastres y Renovación Urbana.
Las últimas proyecciones en investigación climática anticipan un aumento significativo de la frecuencia y/o de la intensidad de eventos climáticos extremos, así como la lenta implementación de cambios vinculados al clima, como aumento del nivel del mar, disminución de las lluvias y aumento de la temperatura en la superficie marina.
Esos impactos pueden perturbar la economía de Granada y sectores críticos como agricultura y turismo, y dañar infraestructura importante y propiedad personal.
Las conclusiones de una investigación regional señalan que el cambio climático podría llegar a elevar el costo total de las economías locales entre uno y tres por ciento del producto interno bruto para 2030 en la región.
También altera el perfil de riesgo de las islas al impactar en el nivel local del mar, la intensidad de los huracanes, los patrones de lluvias y de las temperaturas.
Según el Centro de Seguros del Riesgo de Catástrofe del Caribe (CCRIF), en términos absolutos, las pérdidas esperadas podrían triplicarse entre 2010 y 2030. La adaptación al cambio climático es, por lo tanto, fundamental para la estabilidad económica de este país, compuesto de tres islas.
“Hacer una proyección hasta 2030 se vuelve un requisito cada vez más urgente pues las consecuencias del cambio climático afectan cada vez más a los países del Caribe y de América Central”, puntualizó Isaac Anthony, director general de CCRIF.
Traducción: Verónica Firme
