Los últimos acontecimientos terribles ocurridos en Gaza motivaron esta sesión especial del Consejo (de Derechos Humanos). Desde el inicio de las protestas el 30 de marzo, 87 palestinos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes en el marco de las manifestaciones, entre ellas 12 menores; otras 29, entre ellas tres menores, fueron asesinadas en otras circunstancias. Y más de 12.000 personas resultaron heridas, de las cuales más de 3.500 por municiones reales.
La violencia alcanzó su máxima expresión el lunes 14, cuando las fuerzas israelíes asesinaron a 43 personas, y el número sigue aumentando, pues algunos de los 1.360 manifestantes heridos por municiones reales sucumben a sus heridas.
Muchas de esas personas, muchas de las cuales estaban totalmente desarmadas, fueron víctimas de un disparo de bala real por la espalda, en el pecho, en la cabeza y en sus miembros, además de balas de goma y gases lacrimógenos.
Las fuerzas israelíes también mataron a otros 17 palestinos por fuera de las cinco principales manifestaciones. En total, los 60 muertos constituyen el mayor número de personas asesinadas en un solo día en Gaza desde el inicio de las hostilidades en 2014.
Esa no fue una “victoria de relaciones públicas para Hamás”, como dijo un alto comandante militar israelí; fue una tragedia para miles de familias.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también declaró que los manifestantes estaban “pagados por Hamás”, y que las fuerzas de seguridad israelíes “trataron de reducir el número de víctimas”.
Pero hay poca evidencia de que se haya tratado de minimizar el número de víctimas el lunes.
Algunos de los manifestantes tiraron cócteles Molotov, usaron hondas para tirar piedras, lanzaron cometas incendiarias hacia Israel e intentaron usar cortadores de cables en dos alambrados que separan a Gaza de Israel. Esas acciones por sí solas no parecen constituir una amenaza inminente a la vida o un riesgo de sufrir heridas mortales que justifiquen el uso letal de la fuerza.
El marcado contraste entre el número de víctimas de ambas partes también sugiere un uso totalmente desproporcionado de la fuerza. El lunes, un soldado israelí resultó herido, levemente, por una piedra. Las muertes derivadas del uso ilegal de la fuerza por una potencia ocupante también pueden constituir “homicidio intencional”, una grave violación a la Cuarta Convención de Ginebra.
Los palestinos tienen exactamente los mismos derechos humanos que los israelíes. Tienen el mismo derecho a vivir con seguridad en sus hogares, en libertad y con oportunidades y servicios esenciales adecuados. Y de esos derechos esenciales para todos los seres humanos, se los priva de forma sistemática.
Las 1,9 millones de personas que viven en Gaza están encerradas detraś de alambrados y han sufrido progresivamente cada vez más restricciones y una mayor pobreza.
Después de 11 años de bloqueo, impuesto por Israel, tienen pocas esperanzas de conseguir un empleo, y su infraestructura se desmorona, con crisis de electricidad, falta de servicios de salud y un decadente sistema de saneamiento, que supone un riesgo para la salud.
Los gazatíes se ven obligados a solicitar permisos de Israel por cualquier motivo, como recibir atención médica especializada, y muchas veces se los niegan o los demoran, incluso para la mayoría de los manifestantes que recibieron disparos de las fuerzas de seguridad israelíes.
Israel es una potencia ocupante en el marco del derecho internacional, y está obligado a proteger a la población de Gaza y a garantizar su bienestar.
Pero los palestinos están, esencialmente, enjaulados en un asentamiento tóxico desde su nacimiento hasta su muerte, privados de dignidad, deshumanizados por las autoridades israelíes al punto de que los funcionarios ni siquiera consideran que esos hombres y mujeres tengan derechos ni razones para protestar.
Nadie está más seguro por estos horribles incidentes.
La situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado sigue deteriorándose.
La construcción de colonias se aceleró otra vez este año, acompañada por una mayor violencia de los colonos. Se siguen demoliendo propiedades privadas, incluso demoliciones punitivas, que constituyen una forma deplorable de castigo colectivo.
La pequeña comunidad beduina de Jan al Ahmar, al este de Jerusalén, corre un gran riesgo de reubicación forzada.
En la segunda semana de mayo, los pueblos de Beita y Nabi Saleh sufrieron clausuras y restricciones de movimiento tras los enfrentamientos con las fuerzas israelíes.
Israel sigue deteniendo a un gran número de palestinos, incluso menores, a pesar de que, según el derecho internacional, la detención de un menor es una medida de último recurso.
También deploro el uso generalizado e inescrupuloso de la detención sin proceso, llamada “detención administrativa”, y las violaciones de las garantías fundamentales a un juicio justo.
Y la falta de responsabilidad por los presuntos asesinatos extrajudiciales y otras violaciones, como ya denunció el secretario general y mi oficina, socava la confianza en la justicia israelí.
Por eso respaldo los llamados de muchos Estados y observadores de una investigación internacional, independiente e imparcial con la esperanza de que la verdad sobre esos hechos permita hacer justicia.
Los responsables de las violaciones deben al final asumir su responsabilidad.
En ese contexto, como en todos los conflictos caracterizados por la impunidad generalizada, a menos que se termine por medio de un acuerdo de paz, el uso excesivo de la violencia, horrible y criminal, sale fácilmente del cañón de una pistola, se hace normal, destruyendo al ocupado, pero también algo fundamental en el ocupante.
¿En qué te conviertes cuando disparas contra alguien desarmado que no representa una amenaza inmediata para ti? No eres ni valiente ni héroe; te has convertido en alguien muy diferente a eso.
Y luego está el miedo y el odio, ese par terrible y prolífico en la fabricación de violencia y de sufrimiento humano, ahora se transforma en una psicosis, de ambas partes, más apretada y más corrosiva.
¿Y con qué fin? ¿Para quedar todos destruidos?
La ocupación tiene que terminar para que el pueblo palestino pueda ser liberado, y el pueblo de Israel se libre de ella. Terminen la ocupación, y la violencia y la inseguridad prácticamente desaparecerán.
Urjo a Israel a actuar de acuerdo con sus obligaciones internacionales.
Es necesario respetar y proteger el derecho a la vida, a la seguridad de las personas y a la libertad de reunión y de expresión de los palestinos.
Es necesario respetar el derecho a la salud de todas las personas, independiente del contexto en el que hayan resultado heridas.
Las normas de combate de las fuerzas de seguridad de Israel deben alinearse con las obligaciones internacionales de ese país, y urjo a que se hagan públicas.
Los niños y niñas nunca deben ser blanco de la violencia ni deben quedar expuestos a situaciones con riesgo de violencia ni se los debe alentar a participar en la misma.
Recuerdo una vez más a todos los involucrados que la fuerza letal solo puede usarse en casos de extrema necesidad, como último recurso, en respuesta a una inminente amenaza de muerte o riesgo de sufrir una herida grave.
Discurso de Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el deterioro de la situación en el territorio palestino de Gaza y en Jerusalén, mayo de 2018.
Traducción: Verónica Firme
