Miles de troncos en barcos improvisados en el puerto de Inong, sobre el lago Mai-Ndombe, están listos para partir hacia la capital de República Democrática del Congo.
Inongo es la capital de la provincia de Mai-Ndombe, un área de 13 millones de hectáreas ubicadas a unos 650 kilómetros al noreste de Kinshasa. Los troncos fueron cortados de forma ilegal de la selva que se extiende por unas 10 millones de hectáreas y tiene árboles de entre 35 y 45 metros de alto.
De exportación
“Vemos este tipo de espectáculo todos los días; toneladas y toneladas de troncos y de madera rumbo a la capital, ya sea por el río Congo o por tierra, desde donde se mandarán al extranjero o se venderán en el mercado negro”, explicó a IPS el ambientalista Prosper Ngobila.
Mbock, el conductor del camión que trajo la carga, confirmó: “Esta mercancía y otra que ya se fue a la capital están destinadas al extranjero. Solo los transporto, pero tengo entendido que el propietario del negocio es un hombre muy poderoso, casi intocable”.
Miles de troncos de árboles de unos 20 metros están tirados en la selva de Mai-Ndombe a la espera de ser transportados, mientras otros miles quedaron ahí tirados pudriéndose durante años, añadió Ngobila.
“Es vergonzoso, por decir algo”, acotó.
Rica en recursos naturales
La selva de Mai-Ndombe (“agua negra”, en lingala) es rica en maderas raras y preciosas (de tola y de kambala, entre otras).
Pero también es donde viven unos 7.500 bonobos, primates en peligro de extinción y los más cercanos a los seres humanos, con 98 por ciento de los genes en común, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Además, la selva es una plataforma vital de sustento para unos 73.000 indígenas, la mayoría batwa (pigmeos), que viven junto a unas 1,8 millones personas en esta provincia, muchas de los cuales no tienen derechos sobre la tierra.
Los últimos estudios también revelan que la provincia, y por cierto la selva, tienen significativas reservas de diamantes, petróleo, níquel, cobalto y carbón, así como vastas cantidades de uranio en el fondo del lago Mai-Ndombe.
Esfuerzos para salvar la selva
La República Democrática del Congo (RDC) tiene la segunda selva más grande del mundo, con unas 135 millones de hectáreas, un baluarte de la lucha contra el cambio climático.
Con el fin de salvar la selva, el Banco Mundial aprobó en 2016 programas de la Red de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) que procuran reducir las emisiones de gases invernadero y combatir la deforestación y la degradación, los que cuentan con unos 90 millones de dólares al año.
Los proyectos, unas 20 iniciativas, lograron transformar la provincia en un gran terreno de pruebas para programas climáticos internacionales.
En el marco de esas iniciativas, los indígenas y otros pobladores locales, que dependen de la selva, se beneficiarían de recompensas por sus esfuerzos.
Fiasco
Marine Gauthier, especialista de París y quien elaboró un informe sobre el deplorable estado de la selva de Mai-Ndombe, al parecer encontró graves errores en esos programas ambiciosos.
El documento, publicado antes del Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo, por la Iniciativa Derechos y Recursos, menciona la fragilidad de los derechos a la tierra de las comunidades, y recomendó atender los prerrequisitos clave antes de invertir los fondos de la REDD+, así como suspender mientras las inversiones.
“En RDC y especialmente en Mai-Ndombe, la historia de la gestión de los recursos naturales siempre se hizo a expensas de las comunidades locales”, explicó Gauthier, luchadora incansable para que los intentos de proteger la selva no hagan más mal que bien.
“Se otorgaron concesiones industriales en sus tierras tradicionales sin su consentimiento, y destruyeron su ambiente sin ninguna forma de compensación; se crearon áreas protegidas en su tierra prohibiendoles el acceso a la selva en la que cazan, recolectan, realizan rituales tradicionales, con lo que los separaron de su cultura, una vez más, sin su consentimiento”, añadió.
Campesinos sin tierra
En el marco del Código de la Selva de 2014, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen el derecho legal sobre una área selvática de unas 50.000 hectáreas.
Unas 13 comunidades en los territorios de Mushie y Bolobo, en esta provincia, solicitaron títulos formales para unas 65.308 hectáreas, señala el informe, pero solo les reconocieron legalmente unas 300 a cada una de ellas, en total unas 3.900 hectáreas.
“Trabajo y vivo en estas tierras desde hace décadas, pero mientras no tenga un título que me dé derecho a ellas, no diré que me pertenecen”, indicó Alfred Mputu, de 56 años.
“¿Qué pasa si el gobierno decide venderlas a compañías extranjeras o ricos y poderosos? ¿Dónde viviría?”, planteó.
El investigador del Instituto de Estudios de Seguridad para la innovación y el futuro de África, Zachary Donnenfeld señaló: “Aun si les permiten quedarse en su tierra, la degradación ambiental causada por la industria podría derivar en un deterioro notable de la calidad de vida de la población del área”.
“Estimo que el gobierno está más interesado en vender los recursos a las multinacionales que en ver sus beneficios para las comunidades”, apuntó Donnenfeld, residente en Pretoria.[related_articles]
“Para ser justos, el gobierno puede estar tratando de solucionar reclamos encontrados entre grupos locales”, precisó.
“Pueden haber algunos solapamientos, por ejemplo, comunidades ofertando por la misma tierra, y el gobierno podría decidir qué es justo según su uso histórico o algo así”, apuntó.
“Dicho eso, no creo que las comunidades locales logren mucho, por lo menos en el sentido de derechos protegidos”, añadió.
Pobreza y conflictos
Gauthier señaló que esas situaciones crean pobreza y avivan conflictos entre comunidades e impulsores de los proyectos, así como entre comunidades.
“En cambio, cuando se garantizan los derechos a la tierra de las comunidades y se las empodera para gestionar sus propias tierras, los estudios revelan que es la mejor forma de proteger la selva, y más eficiente que las áreas protegidas”, señaló
“REDD+ abre la puerta a más apropiaciones de tierras de actores externos atraídos por los beneficios del carbón”, señaló.
“Los derechos a la tierra de las comunidades locales deben reconocerse a través de las distintas posibilidades legales existentes, como concesiones para que puedan seguir protegiendo a la selva, y así logrando los objetivos de REDD+”, explicó.
Sin derechos protegidos, los pueden expulsar, como ya sucedió en este país, en Kivu Sur, en el Parque Nacional Biega, donde expulsaron a unos 6.000 pigmeos, recordó Gauthier.
Muchos analistas subrayan que estas situaciones tienen un impacto especialmente negativo entre los sectores más vulnerables, mujeres y niños, quienes ya soportan el gran peso de la dictadura, la mala gestión económica, la corrupción y dos décadas de conflicto armado.
La vicecoordinadora de la Coalición de Mujeres para el Ambiente y el Desarrollo Sostenible en RDC, Chouchouna Losale, dijo a IPS que una crisis humanitaria apareció en Mai-Ndombe cuando se entregó a una compañía maderera la sabana otorgada a las mujeres.
“Ahora hay casos de malnutrición en la zona”, acotó.
La coalición aboga por el reconocimiento de los derechos y las competencias de las mujeres, en general, y de las indígenas, en particular, en las provincias congoleñas de Mai-Ndombe y Ecuador.
“Urjo al gobierno a avanzar en el proceso de reforma de la tierra para dotar al país de una clara política de tierras que proteja a las comunidades que dependen de la selva”, subrayó Losale, quien remarcó la necesidad de hacer una consulta adecuada con las comunidades para evitar conflictos.
Traducción: Verónica Firme
