Tocantins, un estado brasileño nacido en 1988 para buscar caminos propios al desarrollo en el centro de Brasil, cayó en el callejón común de las fronteras de expansión, basadas en la soja y la hidroelectricidad.
La zona debe su nombre a un río que cruza todo su territorio de sur a norte, pero ya convertido en una secuencia de represas para generar electricidad, casi totalmente destinada a otros estados. Sin industrias y con 1,5 millones de habitantes, su consumo es muy limitado.
“El lago es bonito, pero nos dejó sin el potencial turístico del río y su energía es más cara para nosotros que en otras partes”, criticó el periodista y escritor Edivaldo Rodrigues, editor-jefe del diario Paralelo 13, que fundó en 1987 en Porto Nacional.
La central hidroeléctrica de Lajeado, con capacidad de 902,5 megavatios y que oficialmente lleva el nombre del exdiputado Luis Eduardo Magalhães, muerto en 1998, sumergió playas, siembras y viviendas con su embalse de 630 kilómetros cuadrados, a lo largo de 170 kilómetros del río Tocantins.
“Teníamos playas en el estiaje, islas de arena blanca que atraían muchos turistas”, y todo se perdió con la subida de las aguas, lamentó Rodrigues, en su residencia del barrio histórico de la ciudad y a pocos metros de la orilla del lago.
Autor de 12 libros, crónicas, memorias y novelas, el periodista es un testigo privilegiado de las transformaciones en Tocantins, especialmente en Porto Nacional, cuna cultural del estado, actualmente con unos 53.000 habitantes.
Sus novelas históricas destacan la violencia de viejos hacendados, los “coroneles” nombrados por la Guardia Nacional extinta en 1922, quienes dominaron la prehistoria de Tocantins, además del avance en educación traído por los curas dominicos, venidos de Francia en 1886 para difundir el catolicismo desde Porto Nacional.
“Trajeron conocimientos de Europa, crearon escuelas, y así Porto Nacional se hizo un centro cultural”, y hoy un polo de enseñanza superior, con tres universidades y estudiantes procedentes de todo el país”, destacó el periodista que estudió Comunicación e Historia en Goiania, capital del vecino estado de Goiás.
El río, integrado a la ciudad, se anchó más del doble al hacerse lago, pero sin embargo, se alejó un poco de la población. Quedaron barrancas entre la avenida costera y las aguas, con acceso solo por dos escaleras.
Algunas familias tradicionales de la ciudad tuvieron que mudarse de la orilla mediante indemnizaciones, pero la mayoría de los desplazados eran campesinos ribereños del otro lado, en la orilla izquierda, donde más se extendió el embalse por la llanura.
Anesia Marques Fernandes, de 59 años, es una de esas víctimas.
“Perdimos el río, las playas, los turistas, el pescado cercano y las tierras fértiles sembradas en el estiaje”, recordó la campesina, reasentada junto con su madre a 21 kilómetros del río en el año 2000, antes de que se llenara el embalse el año siguiente.
“Mi madre es la que más sufrió y sufre aún hoy, a los 80 años de edad”, tras haber criado sola a sus cinco hijos en la comunidad rural inundada, Carreira, porque su marido falleció cuando estaba embarazada del quinto último, contó Fernandes.
En el Reasentamiento Flor de la Sierra, donde viven 49 familias desplazadas, las cuatro hectáreas de tierra que les quedaron no llegan a ser ni la décima parte de lo que tenían antes, aseguró. “La vivienda sí mejoró”, reconoció.
Pero lo más importante era la vida comunitaria, la solidaridad entre “vecinos que se ayudaban mutuamente, compartían la carne de un vacuno abatido. Éramos una gran familia que se rompió”, lamentó. En el reasentamiento solo hay tres familias de su mismo origen.
Es la misma queja de Maria do Socorro Araujo, profesora jubilada de 56 años, desalojada de Canela, comunidad playera sumergida, a diez kilómetros de Palmas, la capital del estado de Tocantins.
“La comunidad se fragmentó, se dispersó, olvidó su cultura, su forma de reunir y obrar”, constató la reasentada en 2001 en la cuadra 508 en el norte de Palmas, con su marido y tres hijos.
“Perdimos la tierra, la tranquilidad y la libertad, allá no había cercas ni siquiera de alambre, acá vivimos detrás de muros altos”, comparó su vecina Bernardete Batista de Araujo, refiriéndose a la casa que le tocó en la capital.
Satisfecha por “tener un techo”, una buena casa de tres dormitorios, mejor que la rústica de Canela, reconstruida tras una fuerte crecida después de que el río destruyera la original en 1980.
En su pequeño patio actual ella trata de compensar la pérdida de los numerosos frutales del poblado inundado por el embalse, sembrando papaya, mango y piña.
“Lo malo acá es el polvo en la sequía y el barro cuando llueve por la falta de pavimentación de las calles”, una vieja demanda de los pobladores de la Cuadra.
Palmas, con sus actuales 290.000 habitantes, es una ciudad artificial, planificada según el modelo de Brasilia, con anchas avenidas y plazas para acoger grandes cantidades de automóviles y cuadras ordenadas por números y puntos cardinales.
Fundada en 1989, llevó algunos años de construcción para asumir en la práctica su condición de capital administrativa de Tocantins.[related_articles]
Antonio Alves de Oliveira, de 63 años, se enorgullece de haber sido “el tercer taxista” de Palmas, cuando esa capital, en su segundo año, “no tenía nada, sino polvo y mosquitos no civilizados” en una cantidad temeraria.
“Mosca freída” era el apodo que le daban a un restaurante improvisado, recordó.
En la altura de Palmas, el río Tocantins tiene en la actualidad 8,4 kilómetros de ancho de extensión del puente local. Es casi ocho veces el ancho anterior a la construcción de la represa de Lajeado, 50 kilómetros río abajo, es decir al norte.
El estudio de impacto ambiental de Investco, la empresa que construyó la central de Lajeado entre 1999 y 2001 y tiene su concesión por 35 años, apunta solo 1.526 familias, siendo 997 rurales, directamente afectadas por el embalse.
Pero Judite da Rocha, coordinadora local del Movimiento de Afectados por Represas (MAB en siglas portuguesas), cree que esa cifra puede ascender a cerca de 8.000 familias.
Muchos grupos no fueron reconocidos como afectados como los indígenas xerente, barqueros, pescadores, alfareros, dragadores que extraían arena del río y variados trabajadores temporales, como los barraqueros que armaban sus tiendas para vender productos playeros en la temporada turística, arguyó.
Pero la “peor situación y más compleja” es la de la central hidroeléctrica de Estreito, inaugurada en 2012 en el norte del estado de Tocantins, con una capacidad instalada de 1.087 megavatios.
Allí hay “casi 1.000 familias desplazadas y sin indemnización”, dispersas en siete campamentos, por lo que el total de afectados podría llegar a 12.000 familias, según Rocha.
El MAB estima que hay 25.000 familias en total que sufren las consecuencias de las centrales hidroeléctricas construidas en este estado de Tocantins, cuatro de las cuales en el río de mismo nombre. Con otras tres grandes plantas instaladas en otros estados, el río Tocantins suma una capacidad de generación de 12.785 megavatios.
Traducido por Verónica Firme
