La prisión más famosa de Etiopía se yergue en el antiguo vecindario capitalino de Piazza, popular como centro de diversión los fines de semana, cuando las luces de neón y las ruidosas discotecas hacen que el público sucumba ante los encantos de la noche.
Esta escena, que se extiende hasta altas horas de la madrugada, genera un fuerte contraste en esta tierra de contradicciones a menudo dolorosas.
El Buró Central de Investigaciones Penales de la Fuerza Policial Federal de Etiopía, más conocido como Maekelawi, su nombre en amhárico, ha estado asociado durante décadas a las torturas y la brutalidad policial.
Pero el 3 de este mes, el primer ministro Hailemariam Desalegn anunció que el gobierno clausuraría el centro de detenciones y liberaría a los prisioneros, incluidos aquellos que están allí por motivos políticos.
Se trata de una medida sin precedentes tomada por un gobierno particularmente conocido por su intransigencia a las críticas ante sus métodos opresivos. Por lo tanto, sorprendió a muchos, generando cautos elogios hasta de parte de los más acérrimos críticos de las autoridades, entre ellos organizaciones internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, desde que se conoció el aununcio, posteriores proclamaciones del gobierno embarraron el tema. A tal punto, incluso, que muchos pusieron en duda su sinceridad, en medio de la confusión generalizada en cuanto a los detalles prácticos y las condiciones para la liberación de los prisioneros.
La mayoría de los analistas consideran que lo más seguro es que este episodio ilustre la velocidad y la escala del cambio que tiene lugar entre los cuatro partidos que constituyen el partido gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FRDPE).
“La decisión fue una concesión ante la muy fuerte demanda planteada por la Organización Democrática del Pueblo Oromo, que gobierna el estado regional de Oromia”, dijo Awol Allo, conferencista etíope sobre temas de derecho en la británica Universidad de Keele, quien no puede volver a su país porque teme ser arrestado.
El FRDPE fue creado por el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, un movimiento marxista leninista que lideró la derrota de la dictadura del Comité Coordinador de las Fuerzas Armadas, Dergue (“comité”, en amhárico), liderado por el general Aman Andom, para liberar la región de Tigray.
La etnia tigray, oriunda de allí, constituye actualmente apenas 6,5 por ciento de los más de 100 millones de habitantes de Etiopía.
Hacia el final de la guerra civil etíope, el Frente de Liberación del Pueblo Tigray orquestó la creación de tres partidos políticos satélite a partir de otros elementos de la fuerza rebelde: la Organización Democrática del Pueblo Oromo, el Movimiento Democrático Nacional Amhara y el Movimiento Democrático del Pueblo Etíope del Sur para representar a sus respectivas etnias.
Sin embargo, esto ayudó al el Frente de Liberación del Pueblo Tigray a aferrarse al poder tras la derrota del Derg, en 1991. Con el paso de los años, consolidó su dominio sobre empresas y economía, así como sobre el aparato militar y de seguridad del país, causando consternación entre los otros grupos étnicos de Etiopía, especialmente los oromos.
Estos, que constituyen 35 por ciento de la población, son la etnia más grande. También representan la mayor proporción de reclusos en la prisión de Maekelawi y en el resto de las cárceles federales y regionales del país.
“Existe una represión desproporcionada e indiscriminada de los oromos porque se sospecha que plantean una amenaza por ser la etnia más grande del país”, dijo Allo.
Esa supuesta amenaza solo ha aumentado a los ojos del gobierno, así como entre algunas de las otras minorías del país, como la somalí. Esto ocurre desde noviembre de 2015, cuando los oromos salieron a las calles al inicio de un movimiento de protesta que continúa hasta la actualidad.
Y desde que en 2016 los amharas se unieron a la protesta de los oromos, el gobierno ha tenido que reconocer la profundidad y la escala de la ira que genera. Juntas, las dos etnias representan 67 por ciento de la población.
De ahí que las autoridades intenten ahora aplacar el descontento reinante, que plantea la mayor amenaza a la estabilidad del país desde 1991: Etiopía figura en el puesto 15 de 178 países en el último Índice de Estados Frágiles elaborado por el Fondo para la Paz. En 2016 había aparecido en el puesto 24.
Sin embargo, el problema de esfuerzos del gobierno como el anunciado cierre de la cárcel, es que habitualmente no llegan a buen término.
“El FRDPE ha asumido la responsabilidad por la crisis política en el país, y se ha disculpado por las fallas de su liderazgo y por sus acciones antidemocráticas”, dijo Lidetu Ayele, fundador del opositor Partido Democrático de Etiopía.
“Pero no ha aceptado la presencia de prisioneros políticos en el país. Estos son puntos de vista contradictorios y una clara manifestación de que el partido gobernante no está listo para hacer una reforma genuina”, sostuvo.
El FRDPE es blanco de críticas internas y externas desde hace mucho tiempo por usar draconianos cargos antiterroristas para detener prisioneros políticos y luego, en un estilo orwelliano, alegar que esos cargos significan que en Etiopía no hay prisioneros políticos. Organizaciones de derechos humanos estiman que estos contabilizan decenas de miles.
No obstante, con el anuncio del cierre de la cárcel de Maekelawi y la liberación de reclusos, al principio pareció que el gobierno estaba marcando un quiebre claro con el pasado y reconociendo la existencia de prisioneros políticos. Pero poco después intentó retractarse, y sus portavoces se mostraron dubitativos en cuanto a qué habían querido decir con “prisioneros políticos”.
El anuncio de la liberación es “altamente sintomático de la desorganización” que existe en las altas esferas, señaló René Lefort, quien visita y escribe sobre Etiopía desde la revolución de 1974 que puso fin a la era del emperador Haile Selassie e impuso a la dictadura militar del Derg, que luego sería derrocada por el FRDPE.
“Esta decisión podría haber sido la prueba más resonante de la sinceridad del FRDPE de lanzar un proceso democratizador. Pero se ha anunciado en sucesivas versiones carentes de puntos esenciales: a quiénes abarca exactamente la medida, cuándo serán liberados y si será incondicionalmente o, como en el pasado, solo después de haber pedido perdón”, planteó Lefort.
Por estos motivos, “esta decisión ha perdido ampliamente el impacto que podría haber tenido”, añadió.
[related_articles]Las idas y venidas políticas y las señales de disputas internas en el gobierno hacen que algunos tengan poca confianza en el significado de la promesa de poner fin a la historia de torturas y maltratos en Maekelawi, tal como documentó en detalle la organización Human Rights Watch.
“El cierre de la cámara de torturas no significa nada, porque el gobierno sin dudas continuará con la misma práctica en otros lugares”, dijo Alemante Selassie, profesor emérito en la estadounidense William and Mary Law School.
Otros, sin embargo, se muestran menos escépticos.
“No es una cortina de humo. Está en debate dentro del contexto del diálogo interpartidario” desde inicios de 2017, expresó Sandy Wade, exdiplomático de la Unión Europea en Adis Abeba.
El 15 de este mes, el fiscal general Getachew Ambaye ofreció una conferencia en la que declaró que los cargos federales presentados contra 115 reclusos habían sido retirados como parte de la primera fase de la liberación de políticos presos.
Aunque Ambaye no dio nombres, el 17 de este mes fue liberado Merera Gudina, líder del Partido Federalista Oromo, quien había sido arrestado en 2016.
El fiscal general agregó que se habían levantado los cargos contra 413 reclusos en el sur del país, y que otras regiones harían lo mismo con figuras políticas presas que habían sido amnistiadas tras su condena.
Lidetu Ayele, fundador del opositor Partido Democrático de Etiopía, planteó: “Si el FRDPE quiere rescatarse a sí mismo y al país del colapso total, lo que necesitamos es una reforma política genuina y rápida, que permita al país celebrar elecciones libres y limpias” este año (locales) y en 2020 (nacionales).
“Con menos que eso no se resolverá la actual crisis política”, opinó.
