Trabajaron años para sostener la economía de dos países. A uno, Estados Unidos, le aportaron mano de obra e impuestos; al otro, México, le mandaron remesas que mantuvieron a miles de familias y comunidades. Ahora son migrantes retornados y los dos gobiernos no se hacen cargo de sus especiales necesidades.
“Son las incongruencias del sistema de Estados Unidos, que no te da un estatus legal, pero si te da un número para pagar impuestos cada año”, dijo a IPS la activista por los derechos de los migrantes, Ana Laura López.
Ella misma fue deportada en septiembre de 2016, después de 16 años viviendo en la ciudad estadounidense de Chicago.
“En cada quincena me descontaban beneficios para el retiro, que se quedan en una cuenta, en ‘stand by’ (hibernación), mientras no tengas tu estatus migratorio, pero es muy difícil conseguirlo”, insiste.[pullquote]3[/pullquote]
“Yo en México tenía un nivel económico bajo, no tenía acceso a una visa, por eso me fui de forma ilegal. Me fui solo con secundaria y acabé la ‘prepa’ (educación media superior) en Estados Unidos”, cuenta López, de 42 años.
Continúa su relato explicando que “trabajé en el consulado mexicano, me pagaba una agencia federal, ganaba bien, estaba cumpliendo mi ‘sueño americano’, me consideraba una ciudadana porque tengo un récord súperlibre (de faltas o delitos) y aun así, nunca conseguí el estatus. El peor delito es ser migrante”.
López fue deportada en el mismo avión en el que viajaría a México, con un boleto comprado por ella. Era un regreso temporal con el que pretendía regularizar su situación migratoria. Ella cree que fue por su activismo en favor de los migrantes y de los trabajadores en Estados Unidos.
En México ha tenido que empezar de cero, con trabajos en los que gana ocho veces menos que en Estados Unidos, sin seguridad social, sin pensión, sin salario acumulado, a pesar de que durante 16 años envió quincenalmente a México entre 200 y 300 dólares, como remesa para ayudar a la economía de su familia.
“Esos recursos que mandamos a México son perdidos, porque no tenemos acceso a salud ni a vivienda ni a un programa de retiro, ni siquiera a un crédito”, dice. “Las leyes migratorias son terriblemente injustas y abusadoras de los derechos laborales”, insiste.
El gobierno de Estados Unidos tiene dos formas de expulsar de su territorio a inmigrantes indocumentados: los “regresos”, que son retornos inmediatos cuando los migrantes son detenidos al cruzar la frontera; y “remociones”, que requieren una orden judicial de deportación y genera antecedentes penales.
En esos casos, la prohibición de volver a Estados Unidos oscila entre 10 y 50 años.
La deportación masiva de inmigrantes indocumentados se intensificó durante la presidencia del demócrata Barak Obama (2009-2017). Entre 2009 y 2016, fueron deportadas 5,2 millones de personas de ese país y 65 por ciento de ellas eran mexicanas, según los datos del estadounidense Departamento de Seguridad Nacional.
En esos mismos años, las “remociones” superaron a los “regresos”.
La llegada en enero a la presidencia del republicano Donald Trump y su discurso antimigrantes , y sobre todo, antimigrantes mexicanos, agudizó la crisis.
Aunque hasta ahora las repatriaciones no han aumentado, en relación con las de su predecesor, el número de detenciones dentro de Estados Unidos sí.
Igual sucede con la aplicación de la Sección 287 (g) de la Ley de Inmigración, que reactivó Trump tras ser desactivada por Obama y que faculta a las policías municipales y estadales a actuar como agentes federales de inmigración y detener y deportar a inmigrantes indocumentados.
“Eso aumenta las detenciones al interior del país con ayuda de policías locales y estatales que han sido capacitados como agentes de migración”, explica el activista Luis Ángel Galllegos, quien trabaja con los migrantes retornados en la Asamblea Popular de Familias Migrantes, una organización que promueve los reencuentros entre familias separadas.
La mayoría de estos mexicanos deportados tiene una edad que ya no se considera productiva, no tiene el inglés como lengua principal, su nivel de escolaridad es bajo, trabaja en servicios y su familia (cónyuge e hijos) está en Estados Unidos.
Los retos del retorno de esta población, dice Gallegos a IPS, está en el acceso a derechos como el de documentos de identificación, empleo, educación, vivienda, servicios de salud y lo que implica la reinserción en la vida pública del país.
“Se sigue implementando una política de recepción a través de la estrategia Somos Mexicanos y el Programa de Repatriación al Interior de México (PRIM) y no una política de integración”, lamenta el activista que considera insuficientes esos dos instrumentos del Instituto Nacional de Migración (INM) para atender a los deportados.
Ayuda de la OIM
Cristopher Gascón, representante en México de la oficina de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), coincide en el diagnóstico de los retos, aunque es mucho más optimista sobre los programas oficiales.
De hecho, la OIM apoya el programa Somos Mexicanos y colabora con el INM para “establecer un ambiente no tan formal, de una organización más neutra”, en la recepción de migrantes.
Sin embargo, explica, que “es una población tan grande (la que retorna) que rebasa la capacidad del país”.
“Las políticas de Estados Unidos ahora hacen mucho más difícil la opción de volver, lo que implica la cantidad de personas que se van a tener que quedar y eso si es un problema que estamos viendo: cómo se reintegra la persona con el mercado laboral y las relaciones sociales, esos vínculos se tienen que restablecer, son retos inmensos para la sociedad y las instituciones”, explica el representante de la agencia de las Naciones Unidas.
Desde la perspectiva de la OIM, el gobierno mexicano deberá incrementar el presupuesto y el personal, así como la capacidad de respuesta a esta población.
“Se va a tener que preparar de otra forma el impacto para la población receptora. El Consejo Consultivo (del INM), es un buen lugar para empezar a articular a las organizaciones, pero se tiene que hacer de una forma más sistemática porque la presión va a aumentar”, detalla Gascón.
A este fenómeno, hay que sumar la cantidad, cada vez mayor, de centroamericanos y suramericanos y migrantes transcontinentales que crecientemente se están quedando en México y deciden no seguir su camino a Estados Unidos y para los que tampoco hay una política de recepción y de integración.
El problema “puede ser muy grande”, comparte el representante de la OIM.
Cada día, 600 deportados
Por lo pronto, cada día regresan a México, en promedio, 600 personas.
En Ciudad de México aterrizan cada semana tres aviones cargados con migrantes deportados, que llegan a un país que ya muchas veces no reconocen, con una hoja de repatriación.
En el aeropuerto reciben una bolsa de plástico con un sándwich, un jugo, una fruta, una pasta de dientes, un frasco de champú y una pastilla de jabón, como paquete de bienvenida del gobierno mexicano.
Ahí los espera, todos los martes, el colectivo Deportados Unidos en la Lucha que se creó en enero y que desde mayo abrió un taller de serigrafía en Ciudad de México para generar autoempleo y tener un espacio para recibir y alojar a migrantes. Ellos les ayudan a contactar a familiares y a tener información de trámites como el seguro de desempleo.
López, integrante de ese grupo, piensa que los programas no están destinados a los trabajadores que regresan después de mucho tiempo fuera del país, ni a asistir a familias separadas, con temas como vivienda estable o mecanismos para solicitar pasaportes para niños a los que se ha separado de sus padres.
Algo tan simple como cambiar dólares por pesos, es casi imposible si no tienen documentos de identidad o el único que tienen es la hoja de repatriación. “Si se les niega el primer derecho que es el de la identidad, porque parece que perdemos la identidad cuando nos vamos, le estas negando todos los derechos”, insiste.
Editado por Estrella Gutiérrez
