Mientras cientos de miles de rohinyás musulmanes huyen de la violencia en el estado de Rakhine, en Birmania (Myanmar), los miles que se quedaron sufren un grado de atrocidades nunca antes visto.
Desde el reinicio de la violencia el 25 de agosto, cuando un grupo armado conocido como Ejército de Salvación Rohinyá Arakán (ARSA) atacó unos puestos de seguridad, más de 370.000 miembros de esta etnia debieron huir al vecino Bangladesh y miles más quedaron atrapados en la frontera.
“Es la peor situación que se haya visto jamás y temo que sea la peor que experimente la comunidad internacional en tan poco tiempo”, dijo a IPS el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Birmania, Yanghee Lee.
Mientras miles huyen de la violencia y de la persecución, Lee se mostró particularmente preocupado por la suerte de los rohinyás que siguen en el país.
Aldeas incendiadas
Birmania ha negado en reiteradas ocasiones los abusos denunciados desde el inicio de las operaciones de contrainsurgencia contra los “terroristas extremistas”, pero abundan las denuncias sobre agresiones contra la comunidad rohinyá, un blanco sistemático de incursiones de las fuerzas de seguridad y aldeas quemadas.
Momena, de 32 años, declaró a Human Right Watch (HRW), con sede en Nueva York, que huyó tras ver a las fuerzas de seguridad ingresar a su aldea. Cuando regresó tras su partida, encontró a 50 personas muertas, incluso niños, niñas y adultos mayores con heridas de cuchillo o de bala.
“Mi padre estaba entre los muertos. Le habían abierto todo el cuello. No pude hacer los últimos rituales, solo huí” relató Momena.
Yasin Ali, de 25 años, también relató cómo atacaron su aldea, dispararon de forma indiscriminada y obligaron a los residentes a marcharse. También declaró que el helicóptero que volaba sobre la aldea tiró un objeto sobre su casa, antes de que se prendiera fuego.
Con imágenes satelitales, HRW identificó 21 sitios dispersos en un área de 100 kilómetros en el norte de Rakhine, donde hubo incendios.
Una de las imágenes mostró la destrucción de 450 edificios en áreas de mayoría rohinyá en Maungdaw, mientras otras áreas de la ciudad quedaron indemnes.
El pueblo Chein Khar Li, en Rathedaung, quedó casi totalmente destruido con 700 edificios quemados.
El relator de la ONU dijo a IPS que escuchó relatos similares durante la misión de investigación después de la violencia de octubre de 2016, cuando el ejército de Birmania realizó las operaciones de contrainsurgencia en respuesta a los ataques en los puestos fronterizos.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que cientos de viviendas, pueblos y mezquitas rohinyás habían sido incendiadas. Incluso, un testigo dijo que las casas de budistas habían quedado intactas.
Dijeron que los ataques muy probablemente indican crímenes contra la humanidad
El gobierno rechazó las acusaciones, diciéndole a Lee de que fueron los residentes quienes quemaron sus propias casas, una explicación que el gobierno sigue utilizando para los incendios actuales.
Con el humo que sale de los pueblos incendiados, que incluso se ve desde Bangladesh, el director de HRW en la ONU, Akshaya Kumar, dijo a IPS que la escala de la violencia de este año es mucho mayor, señalando que el ‘área incendiada es cinco veces mayor que la afectada anteriormente durante la violencia de octubre de 2016.
El alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo que el trato dispensado a los rohinyás parece un “manual de limpieza étnica”.
Y pidió al gobierno birmano que ponga fin al trato “cruel” y “desproporcionado” de las operaciones militares y que “revierta el patrón” de discriminación contra la población rohinyá.
Crisis humanitaria incipiente
Además de la amenaza de violencia directa, muchos de los que se quedaron también sufren una grave crisis alimentaria y de salud.
Antes del estallido de violencia, el gobierno birmano bloqueó a las agencias humanitarias internacionales y cortó la asistencia a Rakhine, restringiendo el acceso a los residentes.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó a principios de septiembre que no pudo distribuir raciones en numerosas áreas del norte de Rakhine desde mediados de julio, dejando a unas 250.000 personas desplazadas y vulnerables sin asistencia.
“Miles, quizá decenas de miles, de personas pueden estar atrapadas en áreas de difícil acceso, lejos de la frontera, con limitados suministros alimentario y médicos y son incapaces de ponerse a salvo”, dijo a IPS el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Birmania.
Los rohinyás de este estado hace tiempo que sufrían inseguridad alimentaria, antes del inicio de la violencia, con malnutrición infantil por encima del nivel de emergencia.
Según una evaluación del PMA de julio, una tercera parte de la población de Rakhine sufría una grave inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia tras la violencia que estalló en octubre de 2016.
Se estima que más de 80.000 niños necesitaban tratamiento por malnutrición aguda durante 12 meses.
La actual falta de asistencia humanitaria no hizo más que agravar una situación ya comprometida.
“Sin acceso regular a la asistencia y con severas restricciones a la libertad de movimiento de miles de personas, toda perturbación de la asistencia humanitaria tiene un impacto humano muy real”, subrayó Peron.
“Por el bien de la población vulnerable en todas las comunidades del estado de Rakhine, es necesario tomar medidas urgentes para que se reanuden las actividades humanas vitales”, añadió.
En Rakhine central, donde no hubo estallidos violentos, las tensiones agravadas impidieron operaciones humanitarias vitales.
Los contratistas se negaron a llevar alimentos y otros servicios a los campamentos de desplazados por temor a las represalias del resto de la comunidad por ayudar a la población rohinyá y a las agencias humanitarias.
Kumar señaló que no le sorprenden los informes, en especial después de que la oficina de la consejera estatal Aung San Suu Kyi acusó a las organizaciones internacionales de asistir a los insurgentes.[related_articles]
“Fuimos testigos de una enorme ofensiva irresponsable del gobierno, incluso de la oficina de Aung San Suu Kyi diciendo que cualquier trabajador humanitario que ayude a esa comunidad estaba apoyando de forma indirecta al terrorismo. Y eso por supuesto trata a cualquiera que pertenezca a esa grupo étnico como terrorista”, explicó.
“Como los políticos avivan las llamas de la xenofobia y movilizan comunidades contra la población rohinyá con una retórica terrorista, los rohinyás desplazados corren un riesgo especial, no tienen a nadie que los proteja”, añadió Kumar.
Lee sostuvo que la acusación era “infundada” y que el ataque de ARSA alimentó el discurso antimusulmán y antirohinyá.
Sin final a la vista
Lee urgió al ejército y al ARSA a frenar el actual ciclo de violencia, pues es la población civil inocente que se lleva la peor parte.
“Es una crisis que pudo evitarse y nunca debió ocurrir”, le dijo a IPS.
Se necesita una solución política, que incluya a la ciudadanía para la población apátrida, indicó Lee.
“Ese grupo ha sido sistemáticamente discriminado por la ley, la política y en la práctica durante demasiado tiempo”, precisó.
Sin embargo, parece no haber final a la vista pues esta nación de Asia sudoriental rechazó un cese del fuego temporal propuesto por ARSA.
Kumar pidió al Consejo de Seguridad, hasta ahora callado, que envíe un claro mensaje y una condena inequívoca de las acciones del gobierno.
El grupo se reunió a puertas cerradas a fines de agosto y en la primera semana de septiembre para debatir sobre la crisis, pero no emitió una declaración formal.
Kumar subrayó la necesidad de una reunión abierta para reclamar acciones y amenazar con tomar medidas para responsabilizar al gobierno birmano.
“Si seguimos en silencio, sin tomar medidas y con declaraciones enrevesadas, por desgracia, la crisis continuará quizá hasta llegar a un punto en que ya no se perciba la amenaza o no quede ningún rohinyá en el país”, dijo a IPS
Traducido por Verónica Firme
