El alcalde del municipio costarricense de Naranjo, Juan Chaves, asumió la repavimentación de las vías vecinales como su prioridad, para conectar esa localidad con el resto del país y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes.
“Los caminos eran intransitables, es una zona empinada. Encontramos los caminos descuidados, con nulo mantenimiento en 25 años. Entonces, lo más importante era repararlos”, relató el alcalde a IPS.
Para Chaves, quien asumió el cargo en mayo de 2016, el proyecto para modernizar 300 kilómetros de rutas ha suscitado “reacciones importantes” de los 50.000 habitantes del municipio, uno de los 82 de esta nación centroamericana de 4,7 millones de habitantes.[pullquote]3[/pullquote]
“Al trasladar a la población más rápido, se siente importante. Un camino puede cambiar muchas vidas”, resaltó Chaves, quien participó en la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes, realizada en Pachuca, esta ciudad a unos 90 kilómetros al nordeste de Ciudad de México, entre 23 al 25 de agosto.
El municipio emprendió el reemplazo asfáltico de las vías con un préstamo de 12 millones de dólares del estatal Banco Central de Costa Rica, pagadero a 20 años. A este monto se sumaron el aporte de 20 por ciento de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo para la mitad de las obras y otro de entre cinco y 10 por ciento de los residentes en Naranjo.
Desde enero han pavimentado 20 vías rurales y urbanas, la meta es sumar otras 20 para finales de año y tener 65 al concluir su administración en 2020.
La cumbre hemisférica, bajo el lema “Alianza de las ciudades por una América unida. Nueva Agenda Urbana y desarrollo sostenible”, contó con la presencia de 600 alcaldes y 15.000 representantes edilicios de 24 países.
La inversión en infraestructura es una de las formas en que los municipios abordan la oferta de bienestar social, que engloba también temas como educación, salud, acceso al trabajo, derechos de la mujer y ambiente sano.
En 2015, 172 millones de personas vivían en pobreza en la región, a causa de una desaceleración económica causada por la baja de la cotización internacional de materias primas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ese nivel envuelve un desafío para los municipios en la provisión de bienestar social, en la medida en que dependen mayoritariamente de presupuesto nacional y que su capacidad de decisión sobre esos temas es limitada.
El enfoque de género, necesario para el bienestar
En el nordeste brasileño, cinco municipios del estado de Pernambuco y otros tantos del de Rio Grande do Norte ejecutaron entre 2014 y 2016 un proyecto de prevención de violencia de género, ante los niveles de ese flagelo.
Financiada por la Unión Europea y ejecutada por la Confederación Nacional de Municipios, la iniciativa devino en la creación de consejos de mujeres y organismos de políticas de género en esas localidades.
También se firmaron pactos municipales para la no violencia contra la mujer entre las organizaciones participantes y se potenció la presencia femenina en los cargos municipales.
En Pernambuco, la violación y los intentos de violación disminuyeron a partir de 2013, de 2.893 en ese año a 2.133 en 2015. Pero en Río Grande do Norte subieron de 267 a 340.
“El proyecto visualizó la violencia de género. Ha habido resultados satisfactorios, aunque no se han resuelto los problemas”, declaró a IPS la alcaldesa de São Bento do Una (Pernambuco), Débora Luzinete de Almeida, quien también integra el brasileño Movimiento de Mujeres Municipalistas.
Para Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa, en el sudoccidental departamento colombiano de Nariño, el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en septiembre de 2016, abre el grifo a iniciativas a favor del bienestar social.
“Un reto es que la gente trabaje en cultivos productivos y deje los plantíos ilícitos. Hay que invertir en infraestructura y en la reconstrucción del tejido social. Tenemos muchas necesidades en educación y salud. Hay trabajo por hacer”, refirió Cabrera a IPS.
En Policarpa, con 18.000 habitantes, de los cuales 95 por ciento ha sido víctima del conflicto bélico, operaron dos contingentes guerrilleros y actualmente alberga una estación de concentración de esos efectivos desarmados.
Medir el bienestar desde lo local
Estos emprendimientos se topan con la dificultad de crear indicadores locales sobre el bienestar social. Si bien en el plano nacional el conjunto de temas que impulsan el bienestar colectivo está bastante medido, la realidad local ofrece otra perspectiva.
En 2015, un conjunto de organizaciones sociales y académicas de Colombia lanzó el Índice de Progreso Social (IPS) en 10 urbes sobre aristas como nutrición y atención médica; agua y saneamiento, seguridad personal; acceso a información y telecomunicaciones, calidad ambiental y derechos personales.
Un año después elaboraron el Índice de Progreso Social 2015: Bogotá y sus localidades.
En Brasil ocurrió un proceso similar, pues una oenegé y la academia elaboraron en 2014 el Índice de Progreso Social de la Amazonía sobre 772 municipios de los nueve estados de esa región. En 2016 difundieron las mediciones para Río de Janeiro.
En Costa Rica, una alianza parecida confeccionó el IPS nacional. En Paraguay, el gobierno central decidió usar el IPS como la medida oficial de desempeño para el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, destinado a identificar una agenda de prioridades y medir la eficiencia e impacto de las políticas sociales de los próximos 15 años.
En septiembre un colectivo de organizaciones no gubernamentales y académicas presentarán el Índice de Progreso Social Guatemala. Iniciativas similares se reproducen en Argentina, Chile y Perú.
Para el español Antonio Zurita, director general de la no gubernamental Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la provisión de bienestar social debe ser una prioridad de los municipios.
«El ciudadano considera al municipio como el primero al que pide ayuda y la primera ayuda que llega es de protección social, vivienda, alimentación, agua potable. Pero garantizar condiciones de vida básicas suele ser muy costoso y requiere muchos recursos”, señaló Zurita a IPS, durante su participación en la cumbre hemisférica de alcaldes.
El representante de la UCCI, que agrupa a 30 capitales y grandes ciudades de América Latina y la península ibérica, consideró que el bienestar social requiere de apoyo interno, “gobiernos comprometidos con la equidad y administraciones eficaces y honestas”.
La estadounidense Progreso Social Imperativo ha establecido desde 2013 el IPS mundial, concebido por académicos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como mecanismo alternativo para medir el avance social global.
De un total de 128 naciones, Dinamarca encabezó el IPS 2017, seguido por Finlandia e Islandia, mientras que los peor situados fueron Chad, Afganistán y República Centroafricana.
Chile fue el país latinoamericano mejor posicionado, en el puesto 25, seguido por Costa Rica (28) y Uruguay (31), en un lote regional cuyo denominador es el avance medio alto. De 2014 a 2017, El Salvador y Nicaragua figuran entre los países que más retrocedieron en bienestar social.[related_articles]
El costarricense Chaves considera viable la replicación nacional de la renovación vial en su municipio. “Es la mejor forma de resolver problemas añejos”, aseguró.
Su administración puso en marcha en mayo un programa de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos, mediante un generador de combustible. La meta para fin de año es reducir en 25 por ciento el costo de la recolección de basura.
Pero Naranjo, su municipio, con su capital del mismo nombre, cuenta solo con un presupuesto anual de unos ocho millones de dólares y enfrenta nuevos problemas sociales, como el incremento de la mortalidad infantil y la aparición de asentamientos informales.
El municipio punteó alto en el IPS costarricense en derechos y seguridad personal, así como vivienda, pero se desempeñó bajo en nutrición y asistencia médica básica; salud y bienestar; y acceso a conocimientos básicos.
Para la colombiana Cabrera, el riesgo para su localidad, Policarpa, es que los espacios de ingobernabilidad surgidos del conflicto persistan.
“Hay que ganar la confianza de la gente, porque es una zona de conflicto, no ha habido gobernabilidad. Tenemos que estar ahí, con la comunidad. Necesitamos apertura de vías, buscar becas para los jóvenes, extender Internet y mejorar los centros de salud”, enumeró la alcaldesa.
La brasileña Almeida espera que más municipios pequeños y medianos adopten la guía surgida del proyecto de género, como hizo el suyo, São Bento do Una. “Es necesario desarrollar proyectos locales de prevención de violencia de género”, ante la incidencia de esas agresiones en Brasil, el país con más sucesos en la región, demandó.
La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (Flacma), que coorganizó la cumbre de Pachuca, la red de ciudades de América del Sur Mercociudades, la Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre Ciudades y la UCCI buscan estructurar una agenda común de incidencia ante gobiernos y organismos internacionales.
La alianza de organizaciones pretende con esa agenda repercutir en mejoras en la diagramación y ejecución de políticas en los planos socioeconómico, cultural y de sostenibilidad dentro de los gobiernos nacionales y municipales, al igual que organismos multilaterales.
Para Zurita, el enfoque de género, derechos culturales, empleo y economía solidaria son asignaturas pendientes. “Junto con la sostenibilidad y el desarrollo social y económico, la cultura es el cuarto pilar. Si no hay inversión en ella, los otros no caminan”, expuso el director general de la UCCI.
Editado por Estrella Gutiérrez
Este artículo forma parte de una serie especial sobre las ciudades de América Latina, realizada por IPS con el respaldo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
