“La reconstrucción y la reconciliación requieren fondos y una estructura física, pero las familias de las víctimas del conflicto de Nepal, antes que nada, necesitan ver su integridad protegida”, escribió Suman Adhikari hace casi 11 años, durante un cese del fuego en medio de enfrentamientos con los rebeldes maoístas.
“Las indemnizaciones físicas y económicas significan poco sin justicia”, subrayó.
El conflicto, que duró una década y terminó a fines de 2006, se cobró la vida de 17.000 personas, incluido el padre de Adhikari, maestro y director en el distrito de Lamjung.[pullquote]3[/pullquote]
Él y sus colegas se negaron en enero de 2002 a entregar 25 por ciento de sus salarios cumplir al grupo insurgente. Y 10 días después, combatientes maoístas lo sacaron de la clase y lo arrastraron con los pies y las manos atadas hasta el bosque, donde lo apuñalaron en el estómago y le dispararon en la cabeza. Su cuerpo fue hallado atado a un árbol.
Poco después, Suman regresó a Katmandú, donde comenzó a tener contacto con otras víctimas del conflicto sobre sus propias experiencias traumáticas. También se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos y crearon una organización y elaboraron una serie de demandas que hicieron llegar a las autoridades, lo que dio lugar al Acuerdo Integral de Paz.
En la actualidad, como presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto, Suman se encuentra reclamando muchas de las mismas demandas de antes.
Uno de los principales reclamos es que el gobierno otorgue una indemnización a las víctimas basada en sus necesidades.
El Estado le pagó a la mayoría 500.000 rupias (unos 4.834 dólares) como asistencia al final del conflicto, pero Adhikari arguye que un pago único no puede reemplazar a muchos de los proveedores fallecidos. Muchas personas tienen problemas para conseguir trabajo para vivir y pagar los gastos de educación.
“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustrados y sufren traumas psicológicos”, apuntó.
La sociedad funciona, por ejemplo, con la asunción en la última semana de junio del que fuera tres veces primer ministro durante el conflicto, reemplazando al líder maoísta Prachanda, pero las víctimas siguen olvidadas, observó Suman.
“Todavía no han tenido la oportunidad de hablar como corresponde de su dolor, desde el corazón”, explicó.
Las víctimas tienen diferentes reclamos en lo que respecta a la “verdad”, reveló un estudio realizado por la oficina del Centro Internacional para una Justicia Transicional (ICTJ, en inglés) y el grupo de estudio Martin Chautari que, en base a entrevistas, señala que muchas personas necesitan un cierre y poner fin a sus pérdidas ambiguas.
“Nuestra gente regresara hoy o mañana. Miramos los caminos”, dijo una mujer en Bardiya, el distrito con el mayor número de desaparecidos durante el conflicto.
El deseo de reconocimiento también es muy común, apuntó Aileen Thomson, directora de ICTJ Nepal, en diálogo con IPS.
“Creen que las violaciones ocurrieron porque formaban parte de ciertas comunidades; muchas veces, las violaciones perpetradas por el Estado obedecieron a su supuesta vinculación con los maoístas, que en realidad tenía más que ver con su identidad, comunidad y lugar de residencia”, explicó.
Los sobrevivientes quieren que la sociedad sepa que sus familiares fueron víctimas inocentes, atrapadas en el fuego cruzado, precisa el informe.
Así como las demandas de las víctimas son diversas, la sociedad civil también tiene distintas ideas sobre qué debe lograr la justicia de transición, indicó Mandira Sharma, una de las fundadoras del no gubernamental Advocacy Forum, que presentó varias demandas en la justicia relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto.
Pero los debates teóricos se archivaron cuando se hizo evidente que los líderes de ambas partes enfrentadas aspiraban a que el proceso les permitiera eludir su procesamiento, añadió Sharma, quien actualmente realiza un doctorado sobre derechos humanos.
“Nos reunimos entonces con el primer ministro Girona Prasad Koirala y se mostró muy abierto y honesto. Y nos dijo: ‘Mira, el ejército me planteó sus preocupaciones, los maoístas me plantearon las suyas y les aseguré que no les pasaría nada. Tenemos que enfocarnos en el desarrollo y debemos olvidar lo que pasó’”, relató.[related_articles]
Pero Forum Advocacy y otras organizaciones siguen presentando casos ante la justicia. Después de que las víctimas recibieron su indemnización, “podríamos haber cerrado el capítulo obligándolas a quedarse tranquilas, pero habría sido temporal. El profundo sentimiento de injusticia hubiera permanecido”, añadió Sharma.
“Eso hicimos en el pasado (utilizando comisiones tras los primeros logros políticos, como el retorno a la democracia en Nepal en 1990). Pero no ayudó a curar, no ayudó a mejorar el sistema de justicia, a corregir la sensación de que algunas personas están por encima de la ley. Y ese es un profundo sentimiento de injusticia en nuestro sistema. Consideramos que es algo que debíamos enmendar”, explicó.
Pero en la actualidad, la justicia de transición aparece casi como paralizada. El gobierno creó comisiones de verdad y desapariciones en 2014, pero la legislación recibió graves críticas en varios frentes. Luego la Corte Suprema emitió una disposición de amnistía por graves violaciones de derechos humanos.
El abogado de derechos humanos Raju Chapagain señaló que es necesario reformar las leyes que rigen esos ámbitos, pero la comisión por la verdad podría avanzar hacia una justicia transicional, lo que también ayudaría a reducir el fuerte escepticismo que genera su propio trabajo.
“Nada les impide realizar averiguaciones sobre violaciones de derechos humanos. Las comisiones tienen potestades equivalentes a los tribunales y adecuadas en términos de investigación”, precisó.
Al actuar, la comisión sortearía la “brecha de credibilidad”, arguyó Chapagain, pero hasta ahora no lo ha hecho, en parte porque no ha contactado a las víctimas.
La comisión de la verdad abrió sus oficinas en Pokhara, al oeste de Katmandú, esta primera semana de julio, uno de los siete centros regionales, pero Adhikari critica que se sigue negando a acercarse a las víctimas.
“Las comisiones no son buenas, las designaciones son políticas, los comisionados son nuevos en esto: deberían por lo menos tener ganas de aprender y de colaborar, pero no nos escuchan”, se lamentó.
Traducido por Verónica Firme
