“Los miembros del parlamento deben tener libertad para gozar de sus derechos humanos. De lo contrario, ¿cómo podrán defender y promover los de sus electores? Sin embargo, muchos de ellos están en peligro por alzar su voz”, declaró el Comité para los Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP).
“La comunidad de 40.000 parlamentarios incluye a muchos hombres y mujeres que arriesgaron sus carreras y hasta sus vidas para expresar sus ideas”, añade el comunicado del comité de la UIP.
La fuerte declaración es un anticipo de los acalorados debates que habrá en la 136 reunión de la UIP, que se realizará en la capital de Bangladesh, del 1 al 5 de abril.
De hecho, “no es raro ver que se toman medidas legales para silenciar a parlamentarios que expresan abiertamente sus opiniones”, observó el comité. “Hay numerosos casos en que impiden a parlamentarios individuales, si no a la oposición entera, ejercer su mandato”, precisa.
“Entre los métodos empleados está la revocación o la suspensión indebida de su mandato parlamentario, procedimientos de insolvencia con fines políticos y la revocación de la ciudadanía parlamentaria”, añade.
A fin de proteger a los legisladores de los abusos y, por ende, a la institución misma, la UIP creó en 1976 el Comité para los Derechos Humanos de los Parlamentarios, que desde entonces ha examinado numerosos casos en más de 100 países y en muchas instancias ayudó a proteger a aquellos parlamentarios en peligro y a corregir la situación.
Eso tomó varias formas, como la liberación de legisladores detenidos, la reintegración de un asiento anteriormente abandonado, el pago de compensaciones por los abusos sufridos y la investigación del caso, además de acciones legales efectivas contra los responsables, indicó la UIP.
“A veces, los abusos ocurren porque se aplica una mala legislación o malas normas parlamentarias. La solución puede entonces requerir cambiar las disposiciones legales y ajustarlas a los estándares aplicables en materia de derechos humanos”, precisa.
El Comité para los Derechos Humanos de los Parlamentarios menciona tipos de prejuicios sufridos por estos en función de los casos atendidos.
Según un estudio de 2009, 121 legisladores sufrieron “exclusión indebida de la vida política”, 99 “falta del debido proceso”, 93 “detención o arresto arbitrarios” y 70 “restricción indebida de la libertad de expresión”, además de 31 casos de “asesinato o desaparición forzada”, así como otros de “torturas y malos tratos” y “secuestro y rapto”.
El comité de la UIP señala que los parlamentarios también fueron sometidos a procesos legales infundados, algunos de los cuales quedaron estancados.
“En los casos en que el proceso siguió su curso, con frecuencia los parlamentarios fueron procesados sin ningún respeto por los estándares fundamentales de un juicio justo. E independientemente de que el caso vaya o no a juicio, el debido proceso es un problema en cada una de las situaciones que se presentaron”, observa.
Si bien la libertad de expresión está en riesgo de una u otra forma, el comité informa que en todos los casos en que trabaja, solo una minoría se relacionan con acciones indebidas derivadas de las críticas expresadas por los parlamentarios.
“En esas situaciones, las leyes sobre difamación ofrecen una interpretación muy estrecha de la libertad de expresión y suelen emplearse para hacer frente a críticas no deseadas”, explica.
“Si la violación es de un carácter particularmente grave, por ejemplo en caso de asesinato o de tortura de un parlamentario y/o si las autoridades no cooperan con el procedimiento, el comité puede hacer sus informes y recomendaciones públicas enviándolas al Consejo Directivo de la UIP”, acota.
A lo largo de los años, ese órgano ha adoptado numerosas decisiones en varios casos de derechos humanos.
El Comité para los Derechos Humanos de los Parlamentarios está integrado por 10 legisladores, elegidos por el Consejo Directivo por su capacidad individual y en función de su competencia, compromiso con los derechos humanos y disponibilidad. Y ese órgano elige a su propio presidente y vicepresidente.
“La protección y la promoción de los derechos humanos son los principales objetivos de la UIP. El artículo 1 de los Estatutos de la organización define a los derechos humanos como un factor esencial de la democracia y el desarrollo”.
El parlamento es la institución estatal que representa al pueblo y a través del cual participa en la gestión de los asuntos público. Por lo tanto, tiene una responsabilidad especial en la promoción y en el suministro de las garantías para el respeto de los derechos humanos.
La UIP tiene dos formas de ayudar a los parlamentos y a sus miembros a asumir esas responsabilidades.
Primero, refuerza la acción parlamentaria, en especial a través de sus comités de derechos humanos, mediante su aporte al contenido de la legislación, a la supervisión y a la adopción de presupuestos para promover y proteger las libertades fundamentales.
Segundo, al contribuir a la reparación y a la protección concreta los legisladores cuando están en peligro, la UIP les asegura que puedan gozar de sus derechos humanos.
La próxima reunión de la UIP en Daca se concentrará en la cuestión de reparar las desigualdades y en la dignidad y el bienestar para todos.
Pero también procurará tratar asuntos como el papel del parlamento en la prevención de interferencias externas en los asuntos internos de los estados soberanos y en la promoción de una mejor cooperación internacional en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial en lo que respecta a la inclusión económica de las mujeres como motor del desarrollo.
La UIP, en tanto que organización internacional de parlamentos, como precisa su artículo 1, fue creada en 1889.
También oficia de punto de encuentro para el diálogo parlamentario y para trabajar por la paz y la cooperación entre los pueblos, así como para el sólido arraigo de la democracia representativa.
Con ese fin, fomenta contactos, coordinación e intercambio de experiencias entre los parlamentos y los legisladores de todos los países y considera cuestiones que preocupan y son de interés internacional, así como emite sus opiniones al respecto para lograr acciones legislativas.
Además, contribuye a la defensa y la promoción de los derechos humanos, un elemento esencial para el desarrollo y la democracia parlamentaria, y a mejorar el conocimiento sobre el trabajo de instituciones representativas y a fortalecer y desarrollar sus medios de acción.
De hecho, la UIP trabaja en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones Unidas.
Traducido por Verónica Firme
