La construcción de grandes centrales hidroeléctricas en Brasil constituye una tragedia para miles de familias desplazadas y una pesadilla para las empresas que tratan de reasentarlas como exige la legislación local.
Pero no es exclusivo de este país. En todo el mundo, resultó empobrecida la mayoría de la población afectada por 36 de 44 centrales hidroeléctricas construidas desde 1936, concluyó un estudio fechado en 2005 de Thayer Scudder, profesor de antropología en el estadounidense Instituto Tecnológico de California.
En realidad solo tres de las centrales permitieron mejorar la vida de las personas. En otros cinco casos se logró recomponer el nivel de vida anterior. De las 50 centrales investigadas, 19 fueron de Asia, 10 de América Latina y el resto de otras regiones, pero solo 44 presentaban datos suficientes para el estudio comparativo.
Dos hidroeléctricas gigantes recién construidas en el río Madeira, en el tramo que cruza el extenso municipio de Porto Velho, en el noroeste de la Amazonia brasileña, tienden a engrosar las estadísticas negativas, pese al esfuerzo desplegado, con inversiones millonarias en los reasentamientos.
Seis años después del desplazamiento, las familias reasentadas por las centrales de Jirau y Santo Antônio, la tercera y cuarta del país respectivamente, siguen dependientes de la ayuda de las empresas concesionarias y una parte minoritaria renunció al nuevo hogar.
La escuela de la Nueva Villa Teotônio tiene la mitad de los “casi 300 alumnos” de su anterior ubicación, y el número “tiende a seguir disminuyendo cada año”, pese a sus nuevas instalaciones más amplias y modernas, lamentó a IPS la vicedirectora Aparecida Veiga.
La aldea de pescadores surgida siete décadas atrás junto a la cascada Teotônio menguó junto con su escuela, al ser reubicado en un sitio más alto, a salvo de la inundación por el embalse de Santo Antônio, construido entre 2008 y 2012 a seis kilómetros de la ciudad de Porto Velho, capital municipal y del estado de Rondônia.
“Tenemos aulas con cinco alumnos en la mañana, en contraste con los hasta 42 alumnos en la vieja sede, con profesores subutilizados, necesarios en otras escuelas”, reconoció Veiga.
“Abajo”, como se refiere a la villa sumergida, “la comunidad estaba muy conectada a la escuela, favoreciendo la enseñanza, acá tenemos el problema de las drogas, niñas embarazadas. Se les quitaron las raíces, la cultura”, observó. Una pérdida fue la cascada, sumergida por la represa.
Con la mirada de hombre de negocios, Carlos Afonso Damasceno, de 48 años y seis hijos, cree que el problema de la nueva villa (comunidad rural) “no es que a la gente le guste o no, sino que no hay fuentes de ingresos”.
“Acabaron los peces, el río se secó, está sedimentado y muerto, sin los peces de agua corriente. Además la carretera de tierra se alargó 11 kilómetros, al ser reconstruida rodeando una ramificación del embalse y alejando los turistas”, señaló.
Con el pescado escaso y el acceso más difícil, además de los mosquitos que proliferaron por el agua estancada, Teotônio ya no atrae a los visitantes que antes venían a disfrutar su gastronomía, su playa y la cascada, según Damasceno, dueño del comercio y el restaurante más grandes del pueblo.
En su diagnóstico, restaurar la antigua carretera, aterrando el tramo sumergido, sería suficiente para superar la decadencia económica local, devolviendo a aceptables 30 kilómetros la distancia del poblado a Porto Velho, un mercado de 510.000 habitantes.
Únicamente 48 familias de la antigua Teotônio aceptaron el reasentamiento en la nueva ubicación, y de ellas “solo quedan 18, pero algunas no son las originales”, sostuvo Damasceno.
Son distintos los datos del consorcio Santo Antônio Energía (SAE), que construyó la central y tiene su concesión por 35 años. “Viven actualmente en Villa Nueva Teotônio 47 familias” y de las 72 casas construidas 17 fueron cedidas a la Asociación de Pobladores y otras instituciones, informó la empresa a IPS.
“Menos de cinco familias vendieron sus casas”, destacó el consorcio, que presenta la villa como “un caso de referencia”, cuyo potencial turístico se refleja en eventos allí promovidos y estructuras construidas por SAE, como la playa artificial, un embarcadero de madera, sendero ecológico, kioscos para comedores y casas de hospedaje.
La piscicultura de tambaquí (Piaractus macropomus), el pez amazónico más rentable en su cría y también conocido como cherna o cachama, aún no despega porque el grupo de pobladores elegidos para la actividad rechaza el proyecto ofrecido con capacitación, insumos, estanques y vehículos necesarios, lamentó SAE.
Cada familia de Teotônio sigue recibiendo una ayuda mensual de 1.250 reales (380 dólares) de la empresa, fijada por las autoridades ambientales, por reconocer que aún no logran sostenerse autónomamente, tras seis años en sus nuevas casas de hormigón, en áreas de 2.000 metros cuadrados, con saneamiento y servicios básicos.
Dificultades similares de adaptación a la nueva vida ocurren en los otros seis reasentamientos promovidos por SAE y dos de Energía Sustentable de Brasil (ESBR), concesionaria de la hidroeléctrica de Jirau, a 120 kilómetros de Porto Velho.
En el Reasentamiento Rural Colectivo Vida Nueva, de ESBR, quedan solo 22 de las 35 familias iníciales. Al final de 2016 les tocará asumir la piscicultura de tambaquí en estanques excavados en el suelo, cuyos efluentes fertilizan huertos y frutales, según su proyecto piloto desarrollado durante seis años.
En Nueva Mutum, un complejo urbano de 1.600 casas construido principalmente para alojar a sus empleados, ESBR asentó una parte de los desplazados por su embalse.[related_articles]
En su paisaje de hacienda ganadera, de pastizales sin árboles, se trató de reasentar centenares de familias de la vieja Mutum Paraná, un pueblo de gente ribereña y estrecha relación con la naturaleza boscosa, que fue inundada por la represa de Jirau.
Lejos del río y sus peces, de los bosques con sus frutas, sustituyendo casas de madera por las de hormigón y la tradicional playa fluvial por una piscina, el nuevo hábitat fue un choque cultural para los reasentados.
Algunas familias lo dejaron, buscando recomponer por su propia cuenta el modo de vida anterior en Villa Jirau, una pequeña comunidad en la orilla del río.
Pero Nueva Mutum es una de las excepciones exitosas de los reasentamientos forzados, según Berenice Simão, coautora del ensayo “Resiliencia socioecológica en comunidades desplazadas por hidroeléctricas en la Amazonia”, con la ecóloga Simone Athayde, de la estadounidense Universidad de la Florida.
Esa pequeña comunidad de reasentados es “organizada, cuenta con una Asociación de Pobladores y otra de mujeres muy activa”, que son “persistentes en las negociaciones, pelean y no desisten de sus reclamos”, destacó Simão a IPS.
Para eso contribuye la presencia de muchos comerciantes y funcionarios públicos entre los reasentados. Además ESBR tiene Nueva Mutum como “vitrina” y parece decidida a invertir lo que sea necesario para el desarrollo de la nueva comunidad, acotó.
La empresa mantiene el Observatorio Ambiental de Jirau, una organización social con participación de las comunidades que promueve educación ambiental, por medio de huertos y reforestación, y que fomenta el cooperativismo entre agricultores.
Una fábrica de muebles se está instalando en el pueblo, en un galpón sin uso después de concluida la construcción del embalse. “Puede ser el embrión del polo industrial”, que estaba en los planes de ESBR pero no fraguó, y generar empleos, favoreciendo el desarrollo de la comunidad, concluyó Simão.
Editado por Estrella Gutiérrez
