La decisión del gobierno de Kenia de cerrar sus campamentos de refugiados tendrá consecuencias desastrosas, según organizaciones internacionales, que pidieron a ese país africano que reconsidere la medida.
A fines de la primera semana de este mes, las autoridades kenianas anunciaron que “tiene que terminar el alojamiento de refugiados» por motivos económicos, de seguridad y ambientales.
Actualmente ese país africano alberga a unas 600.000 personas refugiadas, muchas de las cuales proceden de Somalia y Sudán de Sur. En Kenia se encuentra el complejo Dadaab, el mayor campamento de refugiados del mundo.
Nairobi ya desmanteló el Departamento de Asuntos de Refugiados y trabaja para cerrar los campamentos en el “menor tiempo posible”, una medida contra la que ya arremetieron numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos.
“Al mismo tiempo, el gobierno keniano reconoce que los somalíes que alberga desde hace casi 25 años todavía son refugiados, pero luego declara que terminó con ellos”, se lamentó Bill Frelick, director del programa de derechos de refugiados de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Por su parte, la directora para África oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos de Amnistía Internacional, Muthoni Wanyeki, calificó la decisión de “irresponsable” y dijo que significa una “renuncia” a su responsabilidad de proteger a las personas más vulnerables.
Asimismo, la directora de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kenia, Liesbeth Aelbrecht, dijo que la medida subraya la “continua y flagrante negligencia” hacia los refugiados en todo el mundo. El cierre del campamento implica la repatriación de los residentes a sus países de origen.
Aelbrecht indicó que solo en el campamento Dadaab, donde trabaja MSF, unos 330.000 somalíes se verán afectados por la medida y obligados a retornar a un país devastado por la guerra con un casi nulo acceso a la vital asistencia humanitaria.
Alrededor de 4,7 millones de personas, casi 40 por ciento de la población de Somalia, necesitan ayuda humanitaria.
El actual conflicto en el vecino Sudán del Sur ya dejó millones de personas desplazadas y muertas, empeoró el acceso a alimentos y agua y destruyó escuelas y hospitales.
Wanyeki subrayó que la repatriación forzada sería una “violación a las obligaciones de Kenia en el marco del derecho internacional”. Frelick coincidió, y agregó que si bien la amenaza del grupo extremista Al Shabaab es real, Nairobi “debe atenerse al derecho internacional de los refugiados”. HRW agregó que no hay ninguna evidencia que vincule a los refugiados somalíes con alguno de los atentados terroristas perpetrados en territorio keniano.
No es la primera vez que las autoridades arremeten contra los refugiados.
Según la organización Refugees International, en 2012 y 2014, el gobierno keniano ordenó a todos los refugiados residentes en las ciudades que se reportaran a los campamentos, lo que derivó en sobornos, acoso, agresiones físicas y que fueran detenidos por la policía.
Es posible que este último anuncio eleve el nivel de extorsión y de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, alertó Mark Yarnell, de Refugees International.
El gobierno de Kenia reconoce las consecuencias humanitarias de su decisión, pero arguye que su país viene asumiendo una carga de la comunidad regional e internacional.
“Como país con recursos limitados que tiene que hacer frente a la amenaza terrorista, ya no podemos permitir que nuestro pueblo cargue con el peso de las debilitantes obligaciones de la comunidad internacional hacia los refugiados”, justificó en un editorial el ministro de Seguridad Nacional, Karanja Kibicho.
También observó que se redujeron los fondos internacionales y que falta compromiso para el reasentamiento de las personas vulnerables, en parte debido a una descomunal concentración en la crisis de refugiados de Europa.[related_articles]
“El mundo sigue aprendiendo las desastrosas consecuencias del continuo doble discurso”, remarcó Kibicho.
En respuesta a la preocupación del gobierno keniano, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señaló el papel “vital” que juega Kenia como una de las principales naciones que alberga refugiados.
Varias organizaciones, entre las que están Oxfam y el Comité Internacional de Rescate, reconocen en un comunicado conjunto la “hospitalidad” y la “responsabilidad” que el gobierno keniano asumió desde hace décadas.
“La comunidad de organizaciones no gubernamentales está comprometida a seguir apoyando al gobierno de Kenia en la búsqueda de soluciones de largo plazo y sostenibles para los refugiados”, reza la declaración.
El comunicado pide a la comunidad internacional que ofrezca apoyo económico de forma previsible y suficiente a los programas para refugiados de Kenia y que amplíe las cuotas de reasentamiento.
El documento, junto con Acnur y MSF, también pide a Nairobi que reconsidere su decisión.
Aelbrecht señaló que Kenia, junto con la comunidad internacional, debe continuar ofreciendo asistencia humanitaria y garantizando condiciones de vida adecuadas para miles de personas “que lo necesitan con desesperación”.
Wanyeki, de Amnistía Internacional, reconoce la lentitud del proceso de reasentamiento, pero también urgió al gobierno keniano a considerar soluciones permanentes que permitan la integración total de los refugiados.
“El retorno forzado a contextos de persecución o conflicto no es una opción”, subrayó.
Traducido por Verónica Firme
