Las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo especial creado por el gobierno de Sudán a mediados de 2013 para combatir a grupos rebeldes, fueron acusadas de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la occidental provincia de Darfur.
Un informe completo sobre la magnitud de los ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, en inglés) es difícil de realizar por la falta de acceso a la región y de datos confiables.
Sin embargo, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) logró entrevistar a 212 testigos que fueron víctimas o que pudieron aportar otro tipo de testimonios sobre la brutalidad de esa fuerza gubernamental.[pullquote]3[/pullquote]
“Cuando ocurre un ataque, llamo a la gente que conozco en el área para ver si me pueden ayudar a ubicar personas desplazadas por el ataque y tratar de conseguir un teléfono para llamarlos o, como conseguimos a la mayoría de las personas, hablar con ellas en los campamentos de refugiados”, relató Jonathan Loeb, de la División de África de HRW, en entrevista con IPS.
En “Hombres sin Piedad”, HRW ofrece pruebas de que los ataques de las RSF contra civiles entre mayo de 2014 y julio de 2015 fueron generalizados y sistemáticos, provocando desplazamientos forzosos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones en masa y destrucción de infraestructura, delitos de jurisdicción universal, por los cuales los estados son responsables.
Una mujer de Bardani, una pequeña localidad de Darfur, describió cómo la violaron soldados de las RSF.
“Separaron a las niñas. Cuando terminaron de violarlas, nos violaron al resto. Cada una fue violada por dos personas. Éramos como 100. Mis hijas tienen 18, 12 y ocho años. Golpearon a todos los hombres”, relató.
“Destruyeron todo. Solo dejaron cuerpos y casas quemadas. Nosotras, las mujeres, comenzamos a enterrar los cuerpos. A veces encontrábamos un brazo o una pierna. Los enterrábamos. Enterré cinco cuerpos completos y muchos incompletos” contó Zeinab, una joven de 25 años del pueblo de Birdik, a HRW.
“Tras el entierro, reunimos a los niños y nos fuimos. Los pusimos en burros y caminamos cinco días hasta el pueblo Im Baru”, añadió.
Según el informe, no había grupos rebeldes en la vasta mayoría de las aldeas atacadas.
Omar, un desertor de las fuerzas sudanesas regulares, dijo a HRW: “Lo que vi hacer al ejército, no lo acepto. Violaron mujeres y mataron civiles. Decían que luchábamos contra los movimientos, pero nunca fuimos a donde estaban”.
Miembros de las RSF dijeron a HRW que recibieron órdenes de cometer delitos como violaciones en masa; y el vicepresidente de Sudán, Hassabo Mohammed Abdel Rahman, ordenó al personal de las RSF matar a toda persona que viviera en áreas rebeldes cerca de Jebel Marra.
“Nos preguntaron dónde estaban los rebeldes. Les dijimos que no sabíamos. Vi cómo mataban a dos hombres. Los disparos fueron efectuados por niños pequeños”, señaló un pastor de Um Daraba a HRW.
La mayoría de los integrantes de las RSF son darfuríes reclutados por Hemeti, un excomandante de la Guardia Fronteriza y líder de la milicia Yanyauid, por lo que muchos soldados pertenecían a ese grupo paramilitar.
La RSF se considera una fuerza bien equipada con entre 5.000 y 6.000 efectivos y entre 600 y 750 vehículos.
Testigos dijeron a HRW que los efectivos de las RSF se reconocen por el color de sus vehículos, que llevan su logo.
Responsabilidad colectiva
El conflicto en Sudán ya lleva 12 años y es uno de los más graves del mundo.
Darfur, una provincia del oeste de Sudán, en la frontera con Chad, es una de las más pobres y de más difícil acceso.
La prohibición que impone el gobierno sudanés para llegar hasta allí hace que sea muy difícil para las fuerzas de la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agencias humanitarias llevar ayuda a las aldeas afectadas.
“La misión de la ONU pidió varias veces que se le concediera acceso inmediato y sin restricciones a las áreas en conflicto o donde hubieran cesado hace poco las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes, incluso al área de Jebel Marra”, informó el portavoz del foro mundial Farhan Haq, en un comunicado sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur (Unamid).
“El trabajo del componente de derechos humanos de Unamid también se vio seriamente acotado desde que la misión pidió al gobierno de Sudán permiso para acceder a Tabit, en Darfur Septentrional, para investigar acusaciones de violación”, precisó.
En esa provincia, hay 4,4 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, pero la falta de acceso dificulta enormemente realizar un registro del conflicto y evitar futuros ataques.
“Desde principios de 2015 hasta ahora, la misión trató de llegar a áreas conflictivas en el centro de Darfur, incluido Golo, nueve veces, ocho negativas de acceso y ambas partes (fuerzas rebeldes y gubernamentales) impusieron una restricción a las patrullas en las zonas con conflicto activo”, indicó la portavoz de Unamid, Ashraf Eissa.
“Hasta ahora, Unamid todavía no tuvo acceso a Golo y, por lo tanto, no puede verificar, de primera mano, el contenido de ninguno de los informes sobre lo que ocurre en la zona”, remarcó.[related_articles]
Por la naturaleza sistémica de los ataques contra civiles, gobiernos e instituciones que no toman acciones son responsables a la hora de resolver el conflicto.
HRW ofrece recomendaciones específicas sobre cómo evitar nuevos abusos de las RSF durante el próximo período seco, que comenzará a fines de 2015 y comienzos de 2016, destinadas a la ONU, la Unamid, la Unión Europea, así como otras instituciones.
“Es una fuerza creada por el gobierno de Sudán, fue armada, entrenada y forman parte del ejército sudanés. Y como cualquier grupo dentro del ejército, lo pueden desarmar y disolver si así lo dispusieran las autoridades”, subrayó Loeb.
El embajador sudanés en la ONU, por su parte, criticó a HRW por acusar a las RSF, consideradas por Sudán como una de sus mejores herramientas para luchar contra los rebeldes.
China y Rusia bloquearon toda posibilidad de acción en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, pero fuentes informadas consideran que es esencial que ese órgano esté unido para resolver el conflicto y ejercer presión sobre el gobierno de Sudán.
Otros gobiernos y organizaciones internacionales también deben elevar su voz para convencer a esos dos países de pasar a la acción, presionar a Sudán para que dé el importante paso de prohibir a las RSF e investigar toda forma de abuso de forma activa.
El gobierno sudanés tiene el poder de disolver esa fuerza, creada por él mismo. Pero la responsabilidad es colectiva en lo que se refiere a la resolución del conflicto.
Editado por Ramesh Jaura / Traducido por Verónica Firme
