Las cifras de la guerra civil en Siria, que en sus más de cuatro años causó más de 220.000 muertos, un millón de heridos y 7,6 millones de desplazados, reflotan la posibilidad de un embargo de armas de la ONU contra el gobierno sirio de Bashar al Assad.
Pero toda propuesta de sanciones enfrentará la oposición de Rusia, miembro permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y el mayor proveedor de armas de Damasco desde el Tratado de Amistad y Cooperación que Siria firmó con la antigua Unión Soviética en 1980.[pullquote]3[/pullquote]
El arsenal militar sirio incluye más de 200 aviones de combate MiG-21 y MiG-29, decenas de helicópteros de ataque Mil Mi-24, misiles tierra-aire SA-14 y tanques T-72, junto a una diversidad de lanzacohetes, cañones antiaéreos, morteros y obuses, todos de fabricación rusa.
Pero la mayoría de estas armas son obsoletas, compradas en gran medida en las décadas de los 70 y los 80 por miles de millones de dólares y en gran necesidad de renovación o remplazo.
Como sucede con todos los acuerdos militares, los contratos con Rusia incluyen el mantenimiento, las reparaciones y la capacitación.
El último informe de Forecast International, una empresa de investigación del mercado de defensa con sede en Estados Unidos, señala que Siria llegó a tener entre 3.000 y 4.000 asesores militares, en su mayoría destinados en Damasco.
Rusia también condonó a Siria unos 9.800 millones de dólares en deuda militar, contraída durante la era soviética, lo que allanó el camino a nuevos acuerdos armamentistas en enero de 2005. Eso aseguró la supervivencia militar de Damasco frente a una ola de grupos guerrilleros contrarios a Assad, incluido el extremista Estado Islámico.
Peggy Hicks, directora mundial de activismo de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), afirmó que la resistencia de Rusia al embargo de armas contra Siria es segura, pero la violación de Damasco de las leyes de la guerra y de las resoluciones del Consejo de Seguridad exige una respuesta real y no solo más discursos.
«Brindarle armas a Siria mientras que sus fuerzas cometen crímenes contra la humanidad puede expresarse en la asistencia de la comisión de esos crímenes, lo que plantea la posibilidad de la posible responsabilidad penal de los proveedores de armas», advirtió.
Para Hicks los embargos de armas no son la solución perfecta, pero son una medida simple que cuesta poco poner en práctica y le complicaría al gobierno adquirir más armas que podría usar para atacar a la población civil.
«La medida del Consejo de Seguridad de imponer un embargo de armas también enviaría el fuerte mensaje a Siria que sus ataques indiscriminados contra los civiles deben cesar. ¿Entonces por qué no se impone?», preguntó.
Dirigiéndose al Consejo de Seguridad en noviembre, el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, destacó la eficacia de las sanciones impuestas por el foro mundial a Afganistán, Angola, Haití y la antigua Yugoslavia, entre otras.
«Sabemos que (el régimen de sanciones) no es perfecto, pero tampoco hay duda de que funciona», declaró.
La ONU impuso sus primeras sanciones en 1966 a la antigua Rodesia del Sur y desde entonces aplicó 25 regímenes de sanciones en apoyo de la resolución de conflictos, en la lucha contra el terrorismo o para impedir la proliferación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva.
Actualmente hay 15 régimenes de sanciones en aplicación, la mayor cantidad en la historia de la ONU.
Desde que el conflicto de Siria comenzó en marzo de 2011, Rusia y China vetaron en conjunto cuatro resoluciones destinadas a sancionar al gobierno de Assad, la última vez en mayo de 2014.[related_articles]
China, que respalda al gobierno de Assad, no es una proveedora de armas de Siria.
En un comunicado difundido en julio, HRW pidió un embargo de armas a Siria tras los reiterados ataques aéreos contra mercados públicos y barrios residenciales, en el que murieron al menos 112 civiles.
«El bombardeo de un mercado lleno de compradores y vendedores a plena luz del día muestra la atroz indiferencia del gobierno sirio hacia los civiles», según Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente de HRW.
«Esta última masacre es otro recordatorio, por si aún hacía falta, de la necesidad urgente de que el Consejo de Seguridad actúe con respecto a sus resoluciones anteriores y tome medidas para detener los ataques indiscriminados», añadió.
El 22 de febrero de 2014, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que exige que «todas las partes cesen inmediatamente todos los ataques contra la población civil, así como el empleo indiscriminado de armas en zonas pobladas, incluidos los bombardeos”.
En agosto, a raíz de los ataques contra civiles, el Consejo de Seguridad reiteró la exigencia de que todas las partes cesaran los ataques contra la población civil, así como el uso indiscriminado de armas en zonas pobladas.
HRW sostuvo que los miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, que ha protegido al gobierno sirio de las sanciones, deben tomar medidas inmediatas cumplir esa demanda.
Además del embargo de armas, el Consejo de Seguridad debería aplicar el mismo nivel de escrutinio que aplicó a los ataques químicos mediante el seguimiento de todos los ataques indiscriminados, adjudicando responsabilidades y sancionando a los responsables, recomendó HRW.
El Consejo de Seguridad también debe remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, concluyó la organización con sede en Nueva York.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga
