Las autoridades de Egipto ya han puesto una cantidad sin precedentes de periodistas tras las rejas, y una nueva y draconiana ley contra el terrorismo ampliará aún más la ofensiva contra el disenso, alertan organizaciones que defienden la libertad de prensa.
El presidente Abdel Fattah al Sisi ratificó el sábado 15 la controvertida norma, que el gobierno aprobó a fines de julio y que impone fuertes sanciones a los periodistas que publiquen lo que se define como “falsas noticias”
Eso incluye multas de hasta 64.000 dólares por artículos que contradigan los reportes oficiales sobre atentados terroristas. Los críticos sostienen que esto creará un efecto escalofriante sobre el periodismo independiente, particularmente en los medios más pequeños.
“La promulgación de la Ley Antiterrorismo por parte del presidente Al Sisi expande la lista de leyes y decretos represivos que aspiran a sofocar el disenso y el ejercicio de las libertades fundamentales”, dijo el lunes 17 el director del Programa para Medio Oriente y el Norte de África de la Comisión Internacional de Juristas, Said Benarbia.
En Egipto el general Al Sisi ejerce la función de Poder Legislativo por la ausencia de un parlamento en el país.
[related_articles]“Las autoridades de Egipto deben garantizar que la ley no se use como herramienta de represión y, a este fin, revisarla exhaustivamente para que cumpla plenamente con las leyes y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, agregó Benarbia.
Mahmoud Sultan, editor en jefe del periódico proislamista Al-Misriyun, tuiteó: “La Ley Antiterrorismo firmada por Al Sisi transmite claramente un mensaje a los periodistas y a los medios y a todos: Hay días muy oscuros por delante”.
Al Sisi encabezó en julio de 2013 un golpe de Estado que depuso a Mohamed Morsi, de la ahora ilegalizada Hermandad Musulmana. Luego, en mayo de 2014, ganó las elecciones casi sin oposición. Desde entonces, denuncian sus opositores, recurre al pretexto de la seguridad nacional para reprimir los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) dijo que la Ley Antiterrorismo también otorga a los funcionarios públicos una amplia inmunidad en relación a la responsabilidad penal por el uso de la fuerza durante el cumplimiento de sus tareas, incluido el uso de fuerza letal cuando no es estrictamente necesaria para proteger vidas.
La nueva ley “concede amplios poderes de vigilancia y detención a los fiscales, afianza los circuitos del terrorismo dentro del sistema judicial (que en el pasado involucraron con frecuencia las violaciones a juicios justos)”, denunció la CIJ en un comunicado.
Además, alegó el organismo, “confiere al presidente poderes discrecionales de largo alcance a fin de ‘tomar las medidas necesarias’ para mantener la seguridad pública, donde haya ‘peligro de delitos terroristas’”.
Organizaciones que defienden la libertad de expresión y de prensa han criticado mucho la ley desde su etapa de borrador, con una primera versión (desde entonces alivianada, tras las protestas internacionales) que amenazaba con encarcelar a los periodistas que publicaran información que contradijera la línea oficial.
En una carta enviada en julio a Al Sisi, Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, observó: “Vuestro gobierno aprisiona arbitrariamente a periodistas valiéndose de las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo”.
Simón añadió que “en un censo penitenciario realizado el 1 de junio, la Comisión Internacional de Juristas concluyó que Egipto tenía por lo menos 18 periodistas encarcelados por motivos relacionados con su trabajo, el número más alto desde que la CIJ empezó a llevar el registro”.
A la mayoría de los periodistas presos se los acusa de estar afiliados a la Hermandad Musulmana, señaló. Por lo menos otros cinco periodistas fueron arrestados desde entonces.
Según la cadena internacional Al Jazeera, basada en Qatar, financiar “organizaciones terroristas” también acarreará una pena de cadena perpetua. Incitar a la violencia, lo que incluye “promover ideas que llamen a la violencia”, implica entre cinco y siete años de cárcel, igual que crear o usar sitios web que divulguen esas ideas.
Editado por Kanya D’Almeida
