Una profunda ironía envuelve al Día Internacional de la Juventud, que se celebra este miércoles 12: casi no se presta atención al reducido espacio destinado a los jóvenes defensores de los derechos humanos que cada vez son más reprimidos por los gobiernos.
En los últimos años, ayudado por el poder de conexión de las redes sociales, el mundo fue testigo de la creciente fuerza de los jóvenes en la lucha por sus derechos y en moldear a sus comunidades. Los jóvenes movilizan a las masas para llamar a la responsabilidad a sus gobiernos pidiéndoles que respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos.
Por supuesto, los jóvenes siempre desempeñan un rol clave en los movimientos sociales. Pero ahora, cada vez asumen más roles de liderazgo en movimientos de protesta pacífica y siendo la fuerza motora de los cambios.
Organizan sentadas y otro tipo de protestas, ocupando espacio público y manteniendo conversaciones directas con los gobiernos. No esperan a que les digan qué hacer.
Pero esto tiene un precio. Lamentablemente, y con demasiada frecuencia, los estados responden al compromiso cívico pacífico de los jóvenes golpeando y encerrando a sus activistas.
[pullquote]3[/pullquote]Tomemos por ejemplo el caso de Birmania. Más de 100 líderes estudiantiles, incluidos defensores de los derechos humanos y activistas, son encarcelados por protestar contra la nueva Ley Nacional de Educación. Entre ellos está Phyoe Phyoe Aung, de 26 años y lideresa de uno de los mayores movimientos estudiantiles del país.
El 25 de este mes cumplirá 27 años, pero es probable que pase su cumpleaños tras las rejas, como parte de una injusta y prolongada sentencia de prisión, luego de ser arrestada en marzo tras una violenta ofensiva policial contra manifestaciones ampliamente pacíficas.
Muchos más en toda Birmania continúan siendo víctimas de acoso e intimidación, en lo que parece ser una arremetida sistemática contra el movimiento estudiantil.
Esto no debería sorprender a nadie: las autoridades birmanas tienen un largo historial de represión de movimientos estudiantiles, pues temen que disparen mayores reclamos de cambio político y que amenacen su permanencia en el poder.
En otras partes del mundo, las cosas no son muy distintas. En junio, las fuerzas de seguridad de Angola arrestaron arbitrariamente a 15 jóvenes activistas por participar en una reunión donde debatieron pacíficamente sobre política y sobre algunas de sus preocupaciones en relación al gobierno del presidente José Eduardo dos Santos, quien está en el poder desde hace 36 años.
Los han acusado de planear desbaratar el orden público y de plantear una amenaza a la seguridad nacional. Incluso jóvenes activistas que no participaron en la reunión fueron acusados de haber estado allí. A todos los mantienen en confinamiento solitario, lejos de sus hogares, haciendo que a sus seres queridos les resulte muy difícil visitarlos.
Los esfuerzos por garantizar la liberación de los activistas fueron severamente castigados. El 22 de julio, cinco personas que intentaban visitarlos fueron detenidas durante nueve horas, y pocos días después fue violentamente reprimida una protesta pacífica que reclamaba la liberación de los 15.
Esas respuestas de mano dura no se registran solo en Birmania y Angola. En todas partes –desde Turquía a Venezuela, de Estados Unidos a Egipto–, jóvenes defensores de los derechos humanos han sido puestos tras las rejas por realizar esta actividad.
La sociedad no siempre ve con buenos ojos los actos de resistencia que protagonizan los jóvenes.
Como observó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, “la percepción general de los jóvenes en la sociedad, también transmitida por medios de comunicación establecidos, a menudo señalan su corta edad y la falta de madurez como motivos para no darles voz en asuntos públicos. Los movimientos juveniles y estudiantiles son vistos como generadores de problemas en vez de como actores serios que pueden contribuir de modo fructífero con el debate público”.
Pero negar a los jóvenes un lugar en la mesa limita las oportunidades de participar en debates sobre el progresivo cumplimiento de los derechos humanos. Incluso cuando los jóvenes tengan permitido participar, a menudo lo hacen de manera poco significativa o para cumplir con el protocolo, porque se presume ampliamente que están allí para aprender y desarrollarse, y no para contribuir de modo igualitario con las soluciones.
[related_articles]Este enfoque centrado en la edad se convierte en un círculo vicioso: se da muy poco espacio para que los jóvenes participen activamente y moldeen la agenda, mientras los políticos no abordan de modo efectivo las barreras que los jóvenes enfrentan para acceder a los derechos humanos básicos.
Necesitamos dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que esto significa para cómo reaccionan los estados ante las personas jóvenes cuando éstas se comprometen pacíficamente con la sociedad, en un intento por crear un espacio para que participen en decisiones que afectan sus vidas.
Si los gobiernos se toman en serio las vidas de los jóvenes, deben asegurarse de que los jóvenes defensores de los derechos humanos puedan exigir y ejercer sus derechos libremente y sin temor.
Es verdad que una participación cívica significativa de los jóvenes no se producirá de la noche a la mañana y que llevará tiempo crear asociaciones intergeneracionales productivas que estén basadas en la confianza. Pero los gobiernos pueden dar el primer paso liberando, inmediata e incondicionalmente, a todos los defensores de los derechos humanos detenidos por ejercer sus derechos de modo pacífico.
Editado por Kitty Stapp
