“Nos duele que afecten nuestra tierras, sin medir las consecuencias ambientales. Los proyectos eólicos afectan arroyos, impactan en la flora”, se lamenta la indígena zapoteca Isabel Jiménez, quien participa en la lucha contra la instalación de un parque energético en el sur de México.
Esta curandera tradicional de 42 años considera que las torres de acero amenazan las plantas medicinales, fundamentales para la práctica de ese oficio ancestral en la ciudad de Juchitán, en el estado de Oaxaca y a unos 720 kilómetros al sur de la capital.
“Tenemos mucha verdad, mucha razón. Por esto estamos en resistencia, ejercemos nuestros derechos”, aseguró Jiménez a IPS.[pullquote]3[/pullquote]
La indígena zapoteca encarna la oposición al proyecto Energía Eólica del Sur, de la empresa homónima y que pretende erigir un parque eólico en la zona para generar 396 megavatios, destinados a las redes eléctricas de empresas de la región.
Jiménez pertenece a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, fundada en febrero de 2013 para proteger los derechos de las comunidades ante el comienzo de desarrollos eoloenergérticos en sus territorios.
Además de los daños ecológicos, sociales y económicos, su argumento se centra en la ausencia de una consulta libre, previa e informada, a la que obligan el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, de 1989, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, ambos ratificados por México.
En noviembre un comité técnico interinstitucional, compuesto por delegados de los gobiernos locales, estadual y federal, inició el proceso de consulta alrededor del parque eólico y decidió cerrar la fase informativa en abril, pese a la disconformidad expresada por las comunidades, para pasar a la deliberación de los puntos de vista de las partes.
Se teme que este procedimiento sea el modelo para los futuros emprendimientos cobijados por la reforma energética, cuyo marco legal quedó plenamente regulado en agosto y que abre al sector privado nacional y extranjero la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad, incluida la renovable.
“No se han hecho consultas libres, previas e informadas, desde ahí tenemos un problema. Se busca acelerar esos procesos y se crean condiciones para cierto tipo de consultas” favorables a los proyectos, señaló a IPS el abogado Antonio López, del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esa organización asesora a varias comunidades de la zona en la defensa de sus derechos.
De hecho, los indígenas zapotecos interpusieron el 24 de abril una demanda de amparo ante tribunales federales contra el proceso de consulta realizado, cuyo fallo se espera en breve.
Juchitán se sitúa en el istmo de Tehuantepec, considerado el pulmón eólico mexicano, con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados que se distribuyen por los sureños estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
Esa franja de 200 kilómetros de ancho hospeda 21 campos, de los que 12 rompen el viento en Juchitán, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica.
En México, el sector renovable aporta cerca de siete por ciento de la oferta total, excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas. La eolenergía aporta 2.551 megavatios anuales, y el plan es que escale a 15.000 megavatios en 2020.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que en este país de 120 millones de habitantes, hay 11 millones de indígenas, repartidos en al menos 54 pueblos. Pero la cifra se considera un subrregistro, porque incluye únicamente a personas con más de cinco años que hablen una lengua ancestral.
En particular, en el istmo Tehuantepec habitan los pueblos zapoteco, huave, zoque, mixe y chontal.
“Ha habido muchos problemas con la aplicación de las consultas, como falta de información y ataques a líderes y defensores”, explicó a IPS el también abogado Andrea Cerami, del área de Defensa y Política Pública del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
El especialista apuntó que, cuando un Estado planea obras en los territorios sin la debida atención a esas poblaciones, viola sus derechos, protegido por leyes y tratados internacionales.
Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, parte de la reforma energética, estipulan la consulta, pero la primera de ellas no deja opción a los propietarios de la tierra, quienes tienen que pactar su ocupación con los operadores públicos o privados, o aceptar lo que decida la justicia.
Organizaciones de la sociedad civil han alertado que los proyectos energéticos planificados se superponen con territorios campesinos e indígenas, una virtual fuente de conflicto que vuelve imprescindibles las consultas.
Desde enero, indígenas rarámuri del norteño estado de Sinaloa mantienen frenada la construcción de un gasoducto entre ese estado y el fronterizo territorio estadounidense de Texas, hasta que se efectúe una consulta libre, previa e informada.[related_articles]
Esa situación se repite con los indígenas yaqui, en el norteño estado de Sonora, frente al Acueducto Independencia, obra que traslada agua desde esa región a la norteña ciudad de Hermosillo desde marzo de 2013, pese a varias victorias judiciales de los demandantes originarios.
En Oaxaca, indígenas mixes debieron recurrir a tribunales federales para obtener el derecho a la consulta ante la Comisión Nacional de Agua para el uso de pozos en sus tierras.
“Nos amenazan, nos insultan, nos vigilan, nos bloquean los caminos. Ya no más aspas eólicas, que respeten esta zona, que ya son los últimos terrenos que nos quedan”, denuncia Jiménez, una mujer soltera y sin hijos que practica la medicina tradicional desde 1993.
Energía Eólica del Sur arrastra un historial conflictivo. Hasta 2013 se llamó Mareña Renovables, que intentó levantar un campo eólico de 396 megavatios, en la oaxaqueña comunidad costera de San Dionisio del Mar, en la costa occidental del Pacifico.
Pero esa construcción, con una inversión prevista de 1.200 millones de dólares y de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aporta casi 75 millones, se encuentra detenida desde ese año por fallos judiciales favorables a las comunidades afectadas. Por eso, Energía Eólica optó por trasladarse a Juchitán.
El internacional y no gubernamental Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas presentó el 26 de diciembre de 2012, en representación de 225 habitantes de siete comunidades indígenas, una queja ante el Mecanismo Independiente de Investigación y Consulta del BID, por ese empréstito.
El reclamo es por daños ante la ausencia de consultas adecuadas con las comunidades en el arranque del proyecto y la falta de medidas en el diseño y ejecución para evitar impactos adversos.
El 18 de septiembre de 2013, el Panel de Revisión de Cumplimiento del mecanismo admitió la queja e investiga el caso desde diciembre pasado, a fin de elaborar un reporte y proceder a supervisar el cumplimiento de sus disposiciones.
“Es la oportunidad de informar de temas a futuro. Queremos dar una oportunidad al sistema judicial para que respete los derechos humanos”, refirió López.
Para Cerami, cuya organización asesora a los yaquis en su lucha, la consulta opera como factor de desactivación de conflictos.
“Se pueden exacerbar conflictos socioambientales que ya existen, pueden aumentar de intensidad y provocar otro tipo de acciones. La consulta es un mecanismo de dialogo que debería favorecer la participación de todos, el acercamiento de actores con intereses diferentes”, alertó.
Editado por Estrella Gutiérrez
