Años de olas de violencia contra dos pueblos indígenas en Costa Rica llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a exigir al gobierno que adopte antes del 15 de este mes “medidas para resguardar la vida y la integridad” de los integrantes de sus comunidades.
La Comisión emitió una medida cautelar que favorece al pueblo bribri y a los integrantes del territorio indígena de Salitre, una comunidad de 11.700 hectáreas en el sureste del país, quienes llevan años enfrascados en una lucha por recuperar sus tierras, ocupadas ilegalmente por finqueros.
“Una de las cosas que la ley nos permite es que nosotros podemos hacer valer el derecho de nuestro propio territorio, uno de ellos es tomar las tierras que están en manos de no indígenas y no las ocupan”, explicó a IPS la lideresa de esa comunidad, Roxana Figueroa.
Además de Salitre, la resolución busca proteger a los indígenas del pueblo teribe, también conocido como bröran, en la también suroriental comunidad de Térraba. En torno a 85 por ciento de sus tierras las ocuparon personas no indígenas, contraviniendo la reconocida titularidad colectiva ancestral.
Salitre, Térraba y los otros 22 territorios indígenas establecidos en este país centroamericano enfrentan el fenómeno de la ocupación de sus tierras por parte de finqueros y latifundistas no indígenas, en violación de convenios internacionales y la propia legislación local.
La Ley Indígena de Costa Rica, vigente desde 1977, declara que estos territorios son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan.
Los no indígenas “han venido a explotar la naturaleza y en su momento ellos las ocuparon o las adquirieron con timos a los indígenas”, declaró la lideresa, quien habló con IPS desde una finca que los bribri recuperaron a un grupo de invasores.
Figueroa, de 36 años, sostiene que si bien la violencia se ha reducido en la comunidad, “todavía está ahí, pero al acecho. Nos tienen identificados a los que hemos participado en la recuperación y saben quiénes somos los que estamos en esta lucha”.
Hay razones para el miedo. Entre los episodios de violencia que registró la CIDH, está el del 5 de enero de 2013, cuando un grupo de indígenas inermes fue atacado. Uno de ellos fue atacado con machetes y se le torturó con un hierro candente, mientras un segundo recibió un machetazo y un disparo y un tercero casi perdió dos dedos por otros machetazos.
Entre los últimos ataques se recoge el ingreso a Salitre por un grupo de hombres no indígenas, que huyó tras sembrar el temor y quemar la vivienda de una pareja, un modus operandi que se repite.
Una familia indígena corre a resguardarse en la comunidad de Cedror, en el territorio indígena de Salitre, en Costa Rica, el 6 de julio de 2014, temerosa de ser atacada por productores que ocupan su tierra, después que estos habían quemado sus casas y pertenencias un día antes. Crédito: David Bolaños/IPS
La medida cautelar emitida por la CIDH acoge denuncias elevadas al organismo desde 2012 por dos abogados de la organización no gubernamental internacional Forest People Program y representa un paso clave para que el caso pase eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
La Corte y la CIDH conforman el sistema autónomo de promoción y defensa de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La resolución de la CIDH fue emitida el 30 de abril en su sede en Washington y subraya que la situación tiene dimensiones de “de gravedad, urgencia e irreparabilidad”. Da al gobierno costarricense 15 días para dar un informe sobre la implementación de las medidas que solicita.
Además de “garantizar la vida y la integridad personal” de los integrantes de los pueblos bribri y teripe, la Comisión demanda al gobierno que concierte las medidas con los beneficiarios y sus representantes e investigue a los hechos violentos contra los indígenas.
«Esta es una etapa preliminar de lo que sería el juicio y la CIDH emite la medida cautelar mientras decide si el caso tiene mérito para ser llevado la Corte Interamericana», explicó a IPS el especialista en derechos indígenas Rubén Chacón, de la Universidad de Costa Rica.
Según Chacón, la resolución puede tener un impacto real en las políticas internas o puede mantener un estatus quo donde “si la Corte pregunta, el Estado responderá que hay un sistema judicial eficiente y basta con poner una amenaza”. [related_articles]
Para este abogado y profesor universitario, la violencia contra los indígenas ha bajado, pero sin aprovecharse el periodo de calma para afrontar los problemas que están en su origen.
“Si no fuera por la voluntad que medio está mostrando ahora el gobierno, las amenazas que pasaron hace un par de años serían ahora peor”, explicó Chacón, quien representa a uno de los líderes indígenas recuperadores de tierras, Sergio Rojas.
Las medidas cautelares de la CIDH se suma a llamados internacionales a solucionar la violencia que soportan los indígenas que habitan en Salitre, Térraba y otras comunidades de esta nación centroamericana de 4,5 millones de habitantes, de los que 2,6 por ciento pertenecen a pueblos originarios.
En la visita que hizo al país el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, en julio de 2014, sostuvo un encuentro con 36 líderes de los diferentes pueblos indígenas, que le expusieron sus penurias por el incumplimiento de las leyes que los protegen y la inacción de los diferentes gobiernos al respecto.
En marzo de 2012, el entonces relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitó el país y específicamente a la zona de Térraba e hizo un llamado de atención sobre la violencia contra las comunidades indígenas en Costa Rica.
Según Chacón, esta visita fue clave porque “Anaya en su informe evidenció el grado de enfrentamiento y amenazas entre indígenas y no indígenas, y el grado de amenaza contra los indígenas (en el caso de Térraba). El caso de Salitre es muy similar a ese”.
El gobierno de Luis Guillermo Solís ha asumido la solución del conflicto por tierras en Salitre como una bandera propia y asignó a la viceministra de Asuntos Políticos de Casa Presidencial, Ana Gabriel Zúñiga, como interlocutora del Ejecutivo con los bandos enfrentados en Salitre.
Zúñiga aseguró a IPS que en el gobierno tomaron las medidas cautelares de la CIDH como un espaldarazo al trabajo que han hecho desde que Solís asumió el poder en mayo del 2014, que incluye el establecimiento de una mesa de diálogo con los pueblos indígenas del sur del país.
“Señalan las cosas positivas que hemos venido trabajando”, dijo la viceministra, quien aseguró que “el hecho de que persiste el conflicto es porque la solución integral que requiere (el conflicto) es estructural y tiene que responder a 30 años en inercia institucional”.
La CIDH señala explícitamente los hechos de violencia de la segunda mitad de 2014, pero Zuñiga insistió que esos episodios obedecen a una realidad que no se solventa en unos meses.
“El conflicto que se generó en julio es por una herencia histórica que no se había solucionado. Cuando hacemos la valoración, los eventos más graves fueron en 2012, como las marcas de hierro caliente”, apuntó.
En Costa Rica hay cerca de 100.000 indígenas de los pueblos bruca, ngäbe, brirbi, cabécar, maleku, chorotega, térraba y teribe, según datos del Censo Nacional 2011, agrupados en 24 territorios indígenas, repartidos por todo el país. En conjunto, esos territorios abarcan cerca de 350.000 hectáreas, en torno a siete por ciento de la superficie del país.
Editado por Estrella Gutiérrez
