La primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluye este viernes 27, reflotó desacuerdos entre grupos de países, así como incongruencias, en torno a los órganos que operan el área humanitaria en el foro mundial.
Las diferencias atañen a la independencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Mientras que las incoherencias conciernen a la totalidad del sistema, incluidas la Asamblea General y la misma Secretaria General de la ONU, pues guardan relación con los magros recursos financieros que se destinan al aparato de derechos humanos. [pullquote]3[/pullquote]
Como paradoja la Oficina del Alto Comisionado se ha convertido en apenas “una gran organización no gubernamental” y recibe menos fondos que instituciones internacionales como Oxfam y Human Rights Watch, resaltó Gianfranco Fattorini, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
No son las primeras controversias en el Consejo de 47 miembros creado en 2006, ni en su antecesora, la desaparecida Comisión de Derechos Humanos. El Consejo, con sede en la ciudad suiza de Ginebra, ha realizado desde el 2 de este mes su 28 periodo de sesiones, que concluye este viernes 27.
Las disputas giraban, por lo general, en el mayor énfasis que los países en desarrollo demandan para los derechos económicos, sociales y culturales y en la supremacía que el bloque occidental otorga a los derechos civiles y políticos.
Sin que esas discrepancias desaparezcan, la expansión de la Oficina del Alto Comisionado y de los procedimientos especiales, relatores y grupos especiales por temas o países, incorpora, junto a la sociedad civil, nuevos protagonistas.
En ese marco, un Grupo de Países Afines, integrado por China, India, Rusia y varias naciones del Sur en desarrollo, reclamó ahora que la Oficina del Alto Comisionado sea gobernada por un cuerpo intergubernamental, como ocurre en otras agencias de la ONU.
Esta pretensión se funda en las recomendaciones de una evaluación efectuada por la Dependencia Común de Inspección (JIU, en inglés) de la ONU.
La JIU recomienda a la Asamblea General que examine la estructura de gobierno de la Oficina del Alto Comisionado e indique los pasos para fortalecer la capacidad de los estados miembros para orientar y supervisor las tareas de la Oficina.
El bloque de Occidente y algunos países en desarrollo pusieron el grito en el cielo ante esa idea de la JIU porque entienden que amenaza la independencia del órgano que dirige el jordano Zeid Ra’ad al Hussein.
Costa Rica “rechaza enfáticamente la recomendación para que la Asamblea General establezca un sistema de gobernanza y vigilancia intergubernamental sobre la Oficina”, dijo a IPS la embajadora de la nación centroamericana ante la ONU de Ginebra, Elayne Whyte Gomez.
Patricia O’Brien, embajadora de Irlanda, sostuvo que una oficina que responda al secretario general de la ONU es “la mejor garantía de un órgano que puede tratar a todos los estados con equidad e imparcialidad”.
Estados Unidos rechazó la idea, sugerida por la JIU, de que el Alto Comisionado goce de independencia, pero no la Oficina, pues “son indivisibles”, dijo. Es importante que los estados miembros “tengan un papel de supervisión limitado” sobre la Oficina, agregó.
India opinó, en cambio, que la Oficina del Alto Comisionado “no puede ser una excepción”, en momentos en que existe una tendencia general hacia mayor rendición de cuentas y transparencia en el sistema de la ONU y de mayor supervisión por los estados miembros.
«El statu quo puede ser una respuesta solo a expensas de la credibilidad de la institución”, agregó.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, zanjó en parte la polémica sobre el tema de la independencia al declarar que el Alto Comisionado y su Oficina son indivisibles.
Pero el debate continúa abierto a pesar de que la presidencia del Consejo de Derechos Humanos evitó la discusión del informe de la JIU, presentado por su inspector Gopinathan Achamkulangare, un exdiplomatico indio.
Fattorini opinó a IPS que el principal problema de la independencia de la Oficina del Alto Comisionado es la cuestión de los fondos para su funcionamiento.
Para atender sus gastos de 2014 y 2015, la Oficina tiene asignados como presupuesto regular, 173,5 millones de dólares.
A fin de reducir sus aprietos financieros, el año pasado obtuvo la suma de 123,7 millones de dólares en concepto de contribuciones voluntarias, aportados por gobiernos, fundaciones y compañías privadas.
La organización internacional Oxfam, con sede jurídica en Ámsterdam y operativa en Londres, obtuvo durante el periodo del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, ingresos cercanos a 1.050 millones de dólares, que destina a sus actividades de derechos humanos y, principalmente, de desarrollo y humanitarias.
La organización Human Rights Watch, con base en Washington, recaudó en 2013 aportes por 64,4 millones de dólares y en 2014, por 70,5 millones.
El primer artículo de la Carta de la ONU establece que los tres pilares de la organización son la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.
“¿Cómo ese sistema puede ser implementado cuando uno de esos pilares, los derechos humanos, es tan débil y recibe solo tres por ciento del presupuesto de la ONU?”, inquirió Fattorini.
Esa debilidad es, de hecho, un problema político que solo la Asamblea General puede resolver. Si quiere que la Oficina del Alto Comisionado sea independiente, debe proveerle un presupuesto regular consistente, dijo el representante de la AAJ ante la ONU de Ginebra.
“Cuando una oficina de la ONU es tan débil, se encuentra al nivel de una organización no gubernamental y tiene que recaudar fondos entre gobiernos y grupos privados, termina haciendo lo que quieren sus donantes”, sentenció.
Editado por Estrella Gutiérrez
