Los países industrializados accedieron a colaborar en un nuevo programa que busca canalizar significativas inversiones del sector privado en proyectos mundiales de infraestructura, particularmente en naciones en desarrollo.
La Iniciativa deInfraestructura Global, acordada el domingo 16 por los gobiernos del Grupo de los 20 (G-20) países industrializados y emergentes, no financiará en realidad nuevos proyectos. En cambio, buscará crear entornos de inversión que sean más receptivos a los grandes inversores extranjeros, y ayudar a conectar a gobiernos con financiadores.
El funcionamiento de la Iniciativa será vigilado por una secretaría en Australia, país anfitrión de la cumbre anual del G-20, que tuvo lugar los días 15 y 16 en la ciudad de Brisbane y que hizo de la inversión en infraestructura una prioridad clave.
Esta oficina, conocida como Centro de Infraestructura Global, fomentará la colaboración entre los sectores público y privado, así como con los bancos multilaterales.
[pullquote]3[/pullquote]“Con un mandato de cuatro años, el Centro funcionará internacionalmente para ayudar a los países a mejorar sus climas generales de inversión, reducir barreras a las inversiones, hacer crecer sus proyectos en ciernes y ayudar a combinar inversores con proyectos”, señalaron el primer ministro australiano, Tony Abbott, y el titular del Tesoro, Joe Hockey, en un comunicado conjunto divulgado el domingo.
“Esto ayudará a mejorar el funcionamiento de los mercados de infraestructura”, agregaron.
Algunos estiman que, de esta manera, en los próximos 15 años se podrán movilizar unos dos billones de dólares en nuevas inversiones para infraestructura. Esta suma se destinaría a redes eléctricas, carreteras y puentes, puertos y otros grandes proyectos.
El G-20 ha surgido como la principal agrupación multilateral encargada de promover la colaboración económica. En conjunto, sus miembros representan 85 por ciento del producto interno bruto mundial.
Con el amplio objetivo de estimular el crecimiento económico mundial, la Iniciativa deInfraestructura Global trabajará para motivar a grandes inversores institucionales –bancos, fondos de pensiones y otros– para capitalizar a largo plazo el creciente déficit de infraestructura en el mundo.
Solo en los países del Sur en desarrollo, estas necesidades podrán requerir hasta un billón (millón de millones) de dólares al año de inversiones adicionales, aunque actualmente los gobiernos destinan apenas la mitad de esa suma.
En los últimos años, el sector privado se apartó de la infraestructura en los países en desarrollo y emergentes. Entre 2012 y 2013 solamente, esas inversiones se redujeron casi 20 por ciento, pasando a 150.000 millones de dólares, según el Banco Mundial.
“Esta nueva iniciativa refleja de modo muy positivo una lectura clara de la evidencia de que hay cuellos de botella y obstáculos en materia de infraestructura, tanto en el mundo en desarrollo como en el industrializado”, dijo Scott Morris, del Centro para el Desarrollo Global, un grupo de expertos con sede en Washington, en diálogo con IPS.
“Desde la perspectiva de los donantes, esto indica que se escucha mejor lo que estos países realmente están pidiendo”, añadió.
De todos modos, según Morris, no está claro cuáles serán exactamente los resultados de la Iniciativa deInfraestructura Global.
“El G-20 claramente busca priorizar las inversiones en infraestructura, pero es difícil tener una idea de dónde están las prioridades”, dijo.
Oportunidad lucrativa
La Iniciativa deInfraestructura Global es el más reciente de una serie de nuevos programas relativos a la infraestructura que fueron anunciados en el ámbito multilateral en las últimas semanas.
A comienzos de octubre, el Banco Mundial anunció un proyecto llamado Fondo para la Infraestructura Mundial (GIF, en inglés), que parece tener un mandato muy similar a la nueva iniciativa del G-20. Y a fin de ese mes, el gobierno chino anunció la creación de un nuevo Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB).
Muchos sugieren que los anuncios del Banco Mundial y del G-20 estuvieron motivados por el forzado ingreso de China a este escenario. Sin embargo, hasta ahora queda poco claro cuál es la estrategia del proyecto del G-20.
“Con tantas iniciativas discretas que repentinamente se ponen en marcha, me pregunto si el nuevo proyecto del G-20 no causa confusión”, dijo Morris.
“En este momento es muy difícil ver una división de responsabilidades entre los proyectos de infraestructura del G-20 y el Banco Mundial. La diferencia más notoria entre esos dos y el del AIIB es que los chinos ofrecen capital real para las inversiones”, agregó.
La idea de la nueva iniciativa se originó en una entidad empresarial asesora del G-20 y conocida como Business 20 (B-20), que dice apoyar “plenamente” la nueva Iniciativa deInfraestructura Global.
Esta “es un paso crucial en el abordaje del crecimiento mundial y el desafío del empleo, y la comunidad empresarial aprueba firmemente los compromisos del G-20 en cuanto a aumentar la inversiones de calidad en infraestructura”, dijo el lunes 17 el presidente del B-20, Richard Goyder.
“El B-20 estima que mejorar la preparación, estructura y entrega de proyectos podrá mejorar la capacidad de infraestructura en (aproximadamente) 20 billones de dólares para 2030”, señaló.
Goyder también se comprometió a que el sector empresarial apoye “fuertemente” los nuevos proyectos.
¿Una píldora envenenada?
A la sociedad civil, sin embargo, le preocupa que no esté claro si la Iniciativa deInfraestructura Global impondrá condiciones a los nuevos proyectos a fin de minimizar sus potenciales impactos.
[related_articles]“Es clave (…) que la Iniciativa y el Centro de Infraestructura desarrollen procedimientos y prácticas no solo para promover el desarrollo de infraestructura, sino también para garantizar que los proyectos sean ambiental, social y económicamente sostenibles para los países y comunidades anfitrionas”, dijoLise Johnson, del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, entrevistada por IPS.
Destacadas políticas multilaterales de salvaguardas, como las que usa el Banco Mundial, suelen no aplicarse a las asociaciones público-privadas, que probablemente estarán en la mira de la nueva iniciativa del G-20. Además, las limitaciones regulatorias pueden resultar demasiado espinosas desde el punto de vista político para que el G-20 forje un nuevo acuerdo.
“En la evaluación 2013 de la iniciativa de infraestructura del G-20 que hizo el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del bloque, solo se ‘estancó’ un elemento de toda la agenda: el relativo a las salvaguardas ambientales”, dijo a IPS la directora del programa de Gobernanza Económica en la Fundación Heinrich Böll, Nancy Alexander.
El G-20 siempre sostuvo que “esas políticas son asuntos de soberanía nacional”, enfatizó.
Ahora el bloque espera que billones de dólares en gasto de infraestructura creen hasta 10 millones de empleos a lo largo de los próximos 15 años, disparando el crecimiento económico mundial. Pero Alexander se pregunta si este gasto será una “fórmula mágica” o una “píldora envenenada”.
“Algunos de nosotros somos suficientemente viejos como para recordar cuán imprudentemente se gastaban los petrodólares de los años 70 y 80, en especial en infraestructura… Luego, prestamistas inescrupulosos intentaron obtener ganancias rápidas sin considerar las consecuencias sociales, ambientales y financieras, incluyendo deudas impagables”, señaló.
“Viendo la devastación que sembró la infraestructura mal concebida, muchos de nosotros trabajamos para crear sistemas de transparencia, salvaguardas y recurso ante los bancos multilaterales de desarrollo, sistemas que ahora se considera insumen demasiado tiempo, son costosos e imperialistas”, expresó Alexander.
Editado por Kitty Stapp
