La justicia de Guatemala resolvió presentar cargos penales contra dos miembros del ejército por esclavitud sexual y esclavitud doméstica contra mujeres q’eqchís en el puesto militar de Sepur Zarco, y por otros delitos graves cometidos en el marco de las políticas de contrainsurgencia del gobierno durante la guerra civil en este país.
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, determinó el 14 de este mes que hay pruebas suficientes para llevar a juicio al coronel Esteelmer Reyes Girón, excomandante del destacamento de Sepur Zarco, situado en el municipio El Estor, en el nororiental departamento de Izabal, y a Heriberto Valdez Asij, excomisionado militar en la zona.
Reyes será juzgado por los delitos contra los deberes de la humanidad de violencia y esclavitud sexual, esclavitud doméstica y los asesinatos de Dominga Coc y sus dos hijas pequeñas en la base. Valdez es acusado de violencia sexual y desaparición forzada.
Los actos de violencia
Durante seis años, las mujeres de las comunidades rurales de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal fueron objeto de esclavitud sexual y doméstica en el destacamento de Sepur Zarco.
Estos crímenes fueron parte de los ataques contra la población civil local entre 1982 y 1988. Las mujeres cumplían turnos de tres días en el destacamento, donde las obligaban a hacer el trabajo doméstico, que incluía preparar la comida y lavar la ropa de los soldados, sin paga alguna.
El trabajo fue acompañado de violencia sexual. Cada vez que cumplían sus turnos eran violadas sistemáticamente por los soldados. La esclavitud perpetrada contra las mujeres de Sepur Zarco integró un plan militar ejecutado en etapas que comenzó con el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de sus maridos, que eran dirigentes campesinos.[pullquote]3[/pullquote]
A continuación, los soldados y oficiales violaron a las mujeres en sus hogares, en presencia de sus hijos. Quemaron sus viviendas y sus pertenencias, y destruyeron sus cosechas. Los militares pasaron a denominarlas “las viudas”, y las obligaron a mudarse a Sepur Zarco.
Aunque el destacamento militar fue clausurado en 1988, las víctimas aún padecen las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia sexual. Uno de los legados más crueles de la experiencia es la estigmatización que sufren en sus comunidades.
De acuerdo con la lógica patriarcal, la violencia sexual es un crimen que las víctimas deben pagar. Aunque las violaciones se cometieron en un contexto de terror y militarización, hoy se culpa a las mujeres por lo que tuvieron que sufrir.
El largo camino hacia la justicia
Las mujeres de Sepur Zarco exigen justicia desde hace 10 años.
Una de las estrategias más importantes que emplearon fue la creación de grupos de mujeres y alianzas a nivel local y nacional. Rompieron el silencio y contaron su dura verdad en un proceso de construcción de la memoria histórica de la violencia sexual contra las mujeres indígenas durante el conflicto armado, publicado en un libro en 2009.
En 2010, las protagonistas de esta historia, junto con mujeres de tres regiones más del país, participaron en el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual durante la guerra.
Y un año después, quince mujeres del grupo Sepur Zarco presentaron una demanda penal, exigiendo justicia por los crímenes cometidos contra ellas y sus familias en el marco de la justicia transicional.[related_articles]
En este proceso tuvieron el apoyo de organizaciones feministas y de derechos humanos para quienes la lucha por la justicia de las mujeres de Sepur Zarco es parte de su compromiso político por la eliminación de la violencia de género y la emancipación de la mujer.
Un juicio histórico
El proceso penal iniciado por las mujeres de Sepur Zarco tiene una importancia nacional e internacional, ya que, hasta la fecha, en Guatemala persiste la impunidad absoluta de los delitos de violencia sexual durante la guerra civil.
A pesar de que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó que la violencia sexual contra las mujeres se llevó a cabo de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, esta es la primera vez que la acusación se presentó en un tribunal de justicia específicamente por casos de violación y esclavitud sexual.
Este caso también tiene relevancia mundial, ya que es el primer procedimiento legal por esclavitud sexual durante un conflicto armado que se presenta en la jurisdicción nacional donde los actos se llevaron a cabo.
El juicio sentará precedentes para todos los intentos por acabar con la violencia sexual durante los conflictos armados, una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y no reconocidas, así como para la erradicación de este tipo de crímenes.
Este artículo fue publicado originalmente en cipamericas.org
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
