Mary Wacu vivía en la región del Valle del Rift, cuando llegó hasta allí la violencia que sacudió a Kenia tras las disputadas elecciones generales de 2007 y 2008. «A mi marido le dispararon con una flecha envenenada y a mis hijos los asesinaron a machetazos. Todo se quemó hasta las cenizas. Yo apenas escapé con vida”, contó a IPS.
Organizaciones de derechos humanos señalan que ese conflicto en este país de África oriental dejó un saldo de 1.500 muertos y dio lugar a la violación de 3.000 mujeres y el desplazamiento de 300.000 personas.
Desde su humilde vivienda actual en el tugurio de Kibera, en Nairobi, Wacu sigue atenta los juicios por crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya celebra contra el actual presidente Uhuru Keniatta, su vicepresidente William Ruto y el periodista Joshua Sang, en relación con los actos de violencia de 2007 y 2008.
Pero en Kenia la justicia sigue fuera del alcance de Wacu, como le sucede a muchas otras víctimas de aquella turbulencia. Es un escenario familiar en los países africanos propensos a los conflictos armados, como Sudán y República Democrática del Congo.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil africanas e internacionales que trabajan en el continente condenaron la modificación que la Unión Africana (UA) aprobó en junio al Protocolo sobre el Estatuto de la nueva Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos.
Los cambios introducidos extienden la competencia penal de la corte africana y ofrecen inmunidad a los jefes de Estado y a altos funcionarios de gobierno durante su mandato por crímenes de lesa humanidad, explicó una fuente de Malawi que asistió a una sesión de la UA celebrada en Nairobi el lunes 25 y martes 26.
El polémico artículo 46A señala categóricamente que no se presentarán cargos, ni se continuarán, contra jefes de gobierno o de Estado o cualquiera que actúe en calidad de tal.
“Concederles la inmunidad a los funcionarios en ejercicio por los delitos graves que hayan cometido es asegurarles a los líderes africanos que están por encima de la ley», sostuvo la fuente.
Malawi lideró la movilización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) africanas para decirles a sus gobiernos que la disposición de inmunidad es una flagrante falta de respeto por los derechos humanos.
La Corte Penal Internacional tiene en la mira a varios gobernantes del continente, por lo que “una cláusula de inmunidad les ofrece a los líderes africanos una licencia para abusar de su pueblo. Afianzará las dictaduras ya que muchos líderes tendrán miedo de que los acusen cuando termine su mandato”, afirmó.[related_articles]
Edigah Kavulavu, de la Comisión Internacional de Juristas, dijo a IPS que el protocolo adoptado es el primer instrumento jurídico que extiende la autoridad de un tribunal regional a la jurisdicción penal.
En general “los tribunales regionales se ocupan de cuestiones de derechos humanos, que son asuntos de naturaleza civil”, precisó.
Ahora la Corte Africana podrá tratar casos de carácter penal, como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, añadió.
La inmunidad que otorga el artículo 46A viola los principios que rigen los derechos humanos, según Kavulavu.
«Mediante la CPI y otros tribunales regionales, como la Corte Especial para Sierra Leona, estas cortes se complementan entre sí para cerrar la brecha de la impunidad», dijo.
James Gondi de Keniatas por la Paz con Verdad y Justicia, una alianza de 34 ONG de Kenia y África oriental, dijo a IPS que “quienes tienen la mayor responsabilidad son los jefes de Estado, los comandantes militares y las elites que planean, financian y coordinan los actos criminales. La enmienda está destinada a beneficiar a estas tres categorías de personas”.
El abogado de derechos humanos añadió que la inmunidad niega los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como el respeto por el imperio de la ley y la humanidad.
Para Gondi, el objetivo de la justicia penal, que ahora es competencia de la nueva Corte Africana, es y debe ser la “disuasión de futuras atrocidades y el fin de la impunidad”.
Entre los países africanos con leyes que excluyen la inmunidad para los funcionarios en ejercicio por delitos graves se encuentran Benín, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Kenia y Sudáfrica.
“No podemos otorgar inmunidad por crímenes de lesa humanidad porque son muy graves. La ley es una cuestión de política y la política se define por la impunidad y la voluntad política”, afirmó Gondi.
En el futuro, Gondi dice que se debe generar un esfuerzo internacional y regional para acabar con la impunidad. “La ciudadanía debe exigirles a sus líderes que respondan por sus actos”, concluyó.
Editado por Nalisha Adams / Traducido por Álvaro Queiruga
