En el límite este del asentamiento informal de Kibera, en la capital de Kenia, un grupo de niños y niñas se reúne portando grandes bidones amarillos para recoger agua de un grifo en mal estado. Las altas torres grises y beiges de Soweto Oriental se elevan sobre ellos. Una muchacha coloca el recipiente sobre su cabeza y regresa a su apartamento.
Alli la espera su madre, Hilda Olali, de 49 años, que está barriendo el piso. Pero ya está harta. Su familia de cinco integrantes no tiene agua corriente ni electricidad en su apartamento de tres habitaciones.
“Cuando recién llegamos disfrutábamos de la vida. Pero ahora es difícil porque pasamos semanas sin agua y tengo que ir a comprar. Pero no puedo pagarlo”, relató a IPS.
Debajo de la ventana de la cocina, la basura se acumula desde hace seis meses. El hedor rancio de los desperdicios impregna el apartamento todo el día. Olali está pensando en regresar a Kibera y cambiar su hogar de ladrillo y cemento por su vieja choza de lata y barro.[pullquote]3[/pullquote]
“En el asentamiento, las cosas eran baratas. Cuando vinimos nos trajeron como si fuéramos personas que podemos comprar cosas caras”, observó.
Hace 12 años que el Programa de Mejora del Asentamiento de Kibera (Kensup, en inglés) lanzó su proyecto piloto en este populoso barrio pobre.
Muchos residentes sienten que el gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (http://unhabitat.org/) (ONU-Hábitat) los abandonó apenas abrieron sus puertas para el que la agencia multilateral brindo asistencia.
En 2009, casi 5.000 residentes de Kibera fueron reubicados en Kensup, en la zona conocida como Soweto Oriental. Los 17 edificios de cinco pisos concentran a 1.800 familias. Se estima que en Kibera viven entre 800.000 y 1,2 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los mayores tugurios de África.
“Nos pidieron mudarnos, fuimos un poco obligados. Kensup trasladaba todo y arregló el transporte. Antes tenía siete habitaciones, aquí solo tengo tres”, se lamentó Olali.
Según la ONU, las ciudades concentran a la mitad de la población mundial. Cuarenta por ciento de los 43 millones de habitantes de Kenia residen en áreas urbanas. Más de 70 por ciento de los 3,1 millones de residentes de Nairobi viven en 200 barrios informales tugurizados. La falta de asentamientos accesibles en esta ciudad convierte a Kibera en un lugar atractivo para vivir.
Godwin Oyindo, de 24 años, acaba de terminar sus estudios universitarios y es muy amigo de uno de los hijos de Olali. Se crió en Kibera y tenía esperanzas de que el proyecto de vivenda cambiara la vida de sus residentes.
“El proyecto de mejora se creó para atender algunas cosas en Kibera, la seguridad de la tenencia, la vivienda de la gente, la accesibilidad a los servicios y también para generar actividades económicas. Uno de los objetivos es una sociedad sin tugurios”, explicó Oyindo a IPS.
En 2003, el gobierno de Kenia y ONU-Hábitat comenzaron a colaborar para mejorar la vivienda y la calidad de vida de la población de Nairobi, pero también de Mombasa, Mavoko Kisumu y Thika. Kensup debía mejorar la vida de 5,3 millones de personas que residen en asentamientos irregulares para 2020.[related_articles]
ONU-Hábitat se sumó con su Programa Participativo de Mejora de Asentamientos, colaborando con Kensup con asesoramiento técnico y experiencia. El responsable del área de la agencia de la ONU, Johsua Mulandi Maviti, dijo que se habían cumplido los objetivos de todos los proyectos.
“Kibera era el objetivo de nuestro trabajo con el ministerio”, dijo Maviti a IPS. “Pero también coordinamos proyectos de infraestructura, tenencia de la tierra y de agua y saneamiento en distintos lugares de Kenia, en Mombasa, Kisumu y Mavoko”, precisó.
Justus Ongera, de 24 años, comparte una habitación con su hermana menor en un apartamento de dos habitaciones en Soweto Oriental, que comparten con una familia. Ongera cree que tiene que hablar con la gente sobre cómo mejorar la situación del saneamiento.
“Cuando recién nos mudamos levantaban la basura cada dos semanas. Ahora se pudre al sol durante seis meses”, relató a IPS. “Es un grave problema de salud. Hay que hacer algo”, se exasperó.
Después de 12 años, ONU-Hábitat terminó sus contratos con Kensup cuando estos concluyeron su periodo, indicó Maviti. Pero eso no significa que terminó la relación, precisó.
“Ni el gobierno ni el ministerio se comunicaron con nosotros por los problemas que padecen los residentes de Soweto Oriental. Necesitamos que ellos nos lo comuniquen de forma oficial para poder ayudar”, explicó.
Mientras, Olali evalúa la situación, si debe mudarse o no con sus tres hijos otra vez al tugurio. Al no tener agua corriente debe recorrer un largo trayecto hasta Kibera para usar el servicio sanitario público. Eso le cuesta cinco chelines keniatas cada vez.
“Todo se suma y me sale más caro”, remarcó Olali. “Algunas mujeres ni siquiera sabían cómo tirar la cadena antes de mudarse aquí, ahora lo saben. Vivimos muchas cosas aquí”, observó.
Funcionarios del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano y Kensup desestimaron hacer declaraciones para IPS.
