Los defensores de leyes que respeten el medio ambiente en Japón se enfrentan a la idea de que la protección de los recursos naturales atenta contra el crecimiento económico, una vieja creencia que se arraigó aun más durante el gobierno de Shinzo Abe.
El primer ministro Abe, del centroderechista Partido Liberal Democrático, aplica desde que asumió el gobierno en 2012 una popular política económica conocida como ‘abenomía’, que promete acelerar el magro crecimiento del producto interno bruto (PIB), actualmente de dos por ciento, mediante una combinación de medidas de estímulo fiscal y reformas estructurales.
La catástrofe de la central de Fukushima Daiichi en 2011 obligó a Japón a aumentar las importaciones de combustible para compensar el déficit en la energía nuclear, que antes cubría 30 por ciento de las necesidades energéticas del país.
La potencia asiática es la tercera economía del mundo, con un PIB de 5.930 billones de dólares, e importa 90 por ciento de su energía, lo cual le generó un déficit de 10.500 millones de dólares.[pullquote]3[/pullquote]
Esta situación también disparó las emisiones de dióxido de carbono – en 2012 el país registró una tasa de emisiones de 2,46 toneladas por unidad de PIB, en comparación con 2,3 toneladas en 2010. Japón es ahora uno de los 12 primeros generadores de gases de efecto invernadero en el mundo.
En este contexto, los ambientalistas observan con consternación cómo el gobierno de Abe se retractó de la promesa del gobierno anterior de reducir las emisiones de gases contaminantes en 25 por ciento por debajo de los niveles de 1990 para 2020.
Ahora, ambientalistas y legisladores japoneses luchan para que se cumpla esa promesa antes de la próxima cumbre de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (GLOBE International), que comenzará en la Ciudad de México este viernes 6 hasta el 8 de junio para discutir un nuevo acuerdo internacional sobre cambio climático centrado en la legislación nacional.
GLOBE Japón – el argumento a favor de la contabilidad ambiental
GLOBE se fundó en 1989 con el objetivo expreso de adecuar las leyes nacionales a los problemas ambientales urgentes.
Vinculada ahora al protocolo adoptado en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 2012, GLOBE prioriza el papel que desempeñan los legisladores para definir las partidas presupuestales destinadas a los desastres naturales, que son cada vez más frecuentes debido al calentamiento del planeta, y evitar la destrucción de los ambientes naturales.
Uno de los proyectos de GLOBE con repercusiones en Japón es la Iniciativa Globe de Capital Natural (GNCI), basada en que el uso insostenible de los recursos naturales a largo plazo no acrecienta el PIB de los países, sino que puede empobrecerlos.
“Trabajamos mucho para que los parlamentarios apoyen leyes que hagan que la responsabilidad ambiental sea uno de los criterios en la formulación de políticas”, declaró Jinichi Ueda, subdirector de GLOBE Japón, en entrevista con IPS. “No es fácil”, agregó.
La contabilidad ambiental toma en cuenta el impacto que la actividad económica tiene en los recursos naturales de un país y calcula todos los costos relacionados con el desarrollo, como, por ejemplo, la limpieza de un sitio contaminado, la gestión de residuos o las multas y sanciones ambientales.
Ueda asiste a la directora de GLOBE Japón, Yoriko Kawaguchi, exministra de relaciones exteriores y de ambiente.
Kawaguchi, actual integrante de la cámara alta del parlamento japonés, organizó sesiones de estudio para que los legisladores profundicen sus conocimientos sobre el capital natural del país y, así, conseguir su apoyo para la GNCI.
«El primer paso para incluir la contabilidad ambiental en la política es convencer a los políticos japoneses a través de los programas de estudio. Deben darse cuenta de que el crecimiento económico solo puede ser sostenible mediante el cálculo de la contribución de los recursos naturales”, afirmó Ueda.
Un ejemplo que puede motivar a los políticos es el Instituto de Investigación Pesquera de Aichi (AFRI) que, con la dirección de Mitsuyasu Waku, realiza un proyecto de restauración de las zonas intermareales en la bahía de Mikawa, situada en la central prefectura de Aichi.
Las zonas intermareales, humedales costeros formados por depósitos de lodo, son ecosistemas esenciales que alojan a cientos de especies y previenen la erosión costera. Las de la bahía de Mikawa son una de las zonas pesqueras más ricas de Japón, tanto en especies marinas como para la economía local.
Estas zonas intermareales son un ecosistema en peligro de extinción en Japón. En los años 70 se despejaron 1.200 hectáreas de tierra fértil en la parte oriental de la bahía de Mikawa para la construcción de un puerto.[related_articles]
La medida generó un incremento importante de la ‘marea roja’ o proliferación de algas. La concentración elevada de estos microorganismos acuáticos puede liberar toxinas naturales que son fatales para las especies marinas y costeras, como los manatíes.
En diálogo con IPS, Waku explicó que la restauración y preservación de la bahía de Mikawa –famosa por la abundancia de sus almejas de cuello corto, que son el medio de vida de miles de pescadores – fortalece el argumento económico a favor de la protección del capital natural.
En Aichi se capturan unas 20.000 toneladas de almejas por año, lo que representa aproximadamente 39 millones de dólares de ganancia para la industria pesquera local.
«Los beneficios económicos que implica mantener las zonas intermareales, sin incluir su aporte natural a la purificación del agua, son bastante evidentes”, comentó Waku a IPS.
Otro defensor de GLOBE, Akiri Omori, economista de la Universidad de Yokohama, cree que es esencial destacar los beneficios económicos de la contabilidad ambiental para que este tipo de leyes se adopten.
En entrevista con IPS explicó que es importante desterrar la idea de que la protección de los recursos naturales atenta contra el crecimiento económico, una vieja creencia que se arraigó aun más durante el reinado de la “abenomía”.
«No es fácil equilibrar los beneficios económicos y ambientales», opinó. “El conflicto fundamental” radica en que la gente quiere resultados a corto plazo y se niega a tener la paciencia necesaria para “comprender la riqueza ilimitada que proporcionan los recursos naturales”, agregó.
Un excelente ejemplo es el movimiento de agricultura orgánica de la ciudad de Toyooka, en el oeste de Japón, que fomenta proyectos de colaboración entre productores de alimentos e instituciones financieras locales.
Hirotaka Wakamori, de la organización Eco Valley, dijo a IPS que el número de empresas ecológicas en Toyooka se duplicó a 41 en el último año, como consecuencia de una disposición aprobada por el municipio en 2005.
La norma, conocida como Estrategia Económica Ambiental, permite que la ciudad asigne hasta 300 millones de dólares al año para apoyar a estas empresas mixtas.
«El proyecto se inició con el objetivo de proteger el ambiente de los productos químicos utilizados en la agricultura», explicó Wakamori.”Los beneficios económicos para los agricultores y los banqueros de la ciudad convencieron a los legisladores de actuar con más premura.”
