Una legislación más severa contra el financiamiento extranjero de las organizaciones no gubernamentales de Rusia forma parte de una campaña para “liquidar” a la sociedad civil organizada, se quejan activistas.
Según el proyecto de ley presentado a comienzos de este mes en la cámara alta del parlamento ruso, las organizaciones no gubernamentales que reciban financiamiento del exterior podrán ser registradas como “agentes extranjeros” sin su consentimiento.
La legislación endurece una norma existente que obliga a esas entidades de la sociedad civil a registrarse bajo esa categoría o arriesgarse a multas o penas de prisión para sus miembros.
Pero ser “agente extranjero” tiene connotaciones de la Guerra Fría y vuelve casi imposible trabajar con socios locales u organismos del gobierno.
Las nuevas propuestas despiertan fuertes críticas de activistas locales, para quienes se trata de un plan concertado por el Kremlin para sofocar a la sociedad civil.
“Las organizaciones no gubernamentales enfrentan restricciones legislativas y los medios de comunicación las difaman, propalando la idea de que las entidades extranjeras son peligrosas para la sociedad”, dijo a IPS la investigadora Damelya Aitjozhina, de la oficina de Amnistía Internacional en Moscú.
“Lo que está ocurriendo es, esencialmente, un intento de liquidar a la sociedad civil en Rusia”, agregó.
La ley original de “agente extranjero”, adoptada en 2012, fue criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por activistas locales, que la consideran inconstitucional e ilegal.
Las organizaciones no gubernamentales se han negado a registrarse y muchas han interpuesto demandas judiciales. Abundan las que prefieren cerrar sus puertas a tener que declararse agentes extranjeros.
El Kremlin justifica la ley y el nuevo proyecto en la necesidad de proteger al Estado de organizaciones extranjeras que interfieren en la política rusa. Este argumento es rechazado por críticos que sostienen que el gobierno no está distinguiendo entre la defensa del interés público y la actividad política.
Las enmiendas propuestas a la ley “de agentes extranjeros” aparecieron mientras el presidente Vladimir Putin intensificaba la retórica contra las organizaciones no gubernamentales extranjeras, alertando públicamente sobre los peligros que plantean a la seguridad nacional.
[related_articles]En una reunión celebrada a comienzos de este mes con los jefes del servicio de seguridad del Estado, sobre la cual informaron ampliamente los medios rusos, Putin dijo que no se debe permitir que las organizaciones no gubernamentales “sean usadas con fines destructivos”, como supuestamente ocurrió en Ucrania a principios de este año.
También señaló que organizaciones no gubernamentales habían patrocinado a grupos neonazis que condujeron al derrocamiento del gobierno ucraniano legítimo.
Muchos analistas consideran que el temor a un movimiento de protesta similar en Rusia está llevando al Kremlin a arremeter contra las libertades civiles.
Yuri Vdovin, un destacado activista ruso por los derechos humanos, escribió este mes en el sitio web de la organización no gubernamental Bellona, con sede en San Petersburgo: “Las enmiendas no pueden considerarse en forma aislada de la tendencia” a restringir los derechos.
En los últimos dos meses se presentaron una serie de proyectos para restringir severamente las libertades de reunión y de expresión.
Por ejemplo, prohibir la diseminación de toda información negativa sobre el gobierno y las Fuerzas Armadas, no solo en los medios de comunicación tradicionales y en línea, sino también en libros, películas de ficción y documentales e incluso videojuegos.
Mientras, las reformas a leyes que ya limitan la libertad de manifestarse incluyen penas de prisión de hasta cinco años y multas más severas para faltas vinculadas con protestas no autorizadas.
Todo esto sobreviene tras los arrestos de los últimos meses de cientos de personas que se manifestaban pacíficamente contra la anexión de Crimea y en procesos a activistas antigubernamentales.
Activistas por los derechos humanos dicen que estas detenciones se están volviendo más frecuentes y que las faltas relacionadas a las manifestaciones, que antes ni siquiera eran consideradas, ahora se procesan en tribunales.
En los últimos tiempos, el Kremlin también bloqueó sitios web de medios informativos independientes y de la oposición política.
Aitjozhina dijo a IPS que, aunque hace ya tiempo que la situación de los derechos humanos en Rusia se viene deteriorando, desde que Putin volvió a la Presidencia, en 2012, las cosas “empeoraron” rápidamente.
“Hay restricciones a las libertades civiles, a la libertad de reunión y de expresión. La gente siente que tiene que exiliarse o ejercer la autocensura, y preocupan los arrestos de manifestantes pacíficos”, sostuvo.
“La legislación propuesta solo empeorará esta situación, y lo que está ocurriendo en este momento es muy alarmante”, continuó.
“Comparar esta Rusia con la del régimen de José Stalin es una exageración, pero, al mismo tiempo, el rumbo que están tomando los acontecimientos es muy perturbador”, agregó.
No solo los activistas están preocupados.
La gente de a pie es cada vez más consciente de hasta qué punto se limitan sus libertades.
“Sería un error decir que en Rusia no hay libre expresión en absoluto, pero la situación tiene que mejorar”, dijo a IPS el ingeniero Sherzod Kayumov, de 39 años, residente en Moscú.
“La gente quiere más libertad de expresión, y la vamos a reclamar. Pero es un desafío constante”, añadió.
